Después del fallido decreto, con el cual se creyó que era posible legalizar la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), se ha generado una grave crisis política.
Es preocupante la falta de olfato político de quienes avalaron la UPAD sin medir las consecuencias legales. El programa, según la versión oficial, se estableció desde el inicio del gobierno para analizar datos y monitorear la política pública desde el despacho presidencial. Es preocupante la reacción del gobierno de tratar de justificar lo injustificable.
Lo cierto es que fue un error y así debe ser aceptado. La protección de datos de acceso restringido es un deber de quienes están llamados a hacerlo. La información sensible es un derecho y no puede ser usada sin el consentimiento de las personas.
La investigación y las consecuencias políticas, éticas y judiciales están en manos de la Fiscalía y una comisión legislativa.
No estoy en contra de construir modelos y establecer políticas públicas más eficaces con base en datos reales y públicos, pero debe hacerse en forma transparente.
El gobierno debe pasar esta página y abocarse a apoyar la labor de Rodolfo Méndez, ahora coordinador de una comisión encargada de ejecutar las medidas para mejorar el trabajo de la Casa Presidencial.
La experiencia de Méndez y su trayectoria ética y política son garantía de que la gobernanza va a cambiar. Bien hace él en buscar consejo y apoyo de Rodrigo Arias y Rolando Laclé. No cabe duda de que es primordial incorporar en el equipo presidencial personas de gran experiencia política para infundir confianza.
La investigación judicial al presidente coloca al gobierno en una situación delicada, que debe superarse a corto plazo, en especial por la difícil situación del país en los campos social, económico y político.
Dos años trascendentales. Los dos años venideros son claves para Costa Rica, para avanzar en establecer prioridades y continuar los proyectos pendientes de aprobar. El país exige orientación en el manejo del Estado, sin dejar de señalar las responsabilidades de la creación de la UPAD.
Hay una agenda legislativa impostergable. El país debe flexibilizar jornadas laborales, reformar el empleo público, cambiar la ley del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), reformar la contratación pública, enmendar el exceso en las pensiones de lujo, analizar el proyecto de caja única, instaurar pruebas de idoneidad en el sector educativo, reestructurar el Estado, aprobar la venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), revisar exoneraciones y reforzar constitucionalmente la norma fiscal, entre otros asuntos convenientes.
La grave situación de desempleo y fiscalidad, la pobreza en aumento, la deuda sin control, el tipo de cambio distorsionado en gran parte por la manera como el gobierno financia sus obligaciones y un Estado que debe hacer frente a fuertes pagos en el 2021, obligan a no bajar la guardia.
Como nación, ha costado ponerse de acuerdo sobre cuál es el modelo de Estado pertinente en el siglo XXI para volver a crecer entre un 4 % y un 5 %, como mínimo. Un Estado que ponga en el centro la producción y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Los recursos públicos deben manejarse con eficiencia, transparencia, solidaridad y competitividad. Todas las instituciones deben tener sus compras en el Sicop y sus trámites en línea.
Contracción mundial. El gobierno y el Congreso tienen una agenda por delante, con el agravante de la contracción de la economía mundial y nacional a causa del coronavirus.
Las reacciones no se han dejado de sentir en las bolsas mundiales. Costa Rica está actuando con rapidez y eficacia al cerrar actos masivos, ciertos centros de enseñanza y dar indicaciones claras a la gente.
El miedo al contagio afecta a todos los sectores productivos. El cierre de puertos y plantas industriales en China perjudica la cadena de valor del mundo. El precio del petróleo está en $35 el barril; su peor nivel desde 1991.
Menos vuelos, menos cruceros y el pánico produjeron la caída en el turismo. El Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea ya aprobaron un primer paquete de 45.000 millones de euros para apoyar a los europeos en problemas de liquidez, y en los Estados Unidos destinarían inicialmente $50.000 millones.
La frágil economía del país podría complicarse si no se adoptan medidas sabias y tampoco se le da el sí a las reformas, independiente de los desaciertos y el desgaste político del Ejecutivo.
El presidente no debe temer echar mano al refuerzo con figuras experimentadas. Muchos costarricenses estarán dispuestos a apoyar un esfuerzo nacional para salir adelante. La emergencia mundial exige solidaridad.
La situación a corto plazo para el turismo y las empresas dedicadas a ofrecer servicios se volverá compleja. Los costos sanitarios se incrementarán y harán falta nuevos espacios para atender a los contagiados.
Los hospitales no están preparados para una situación sanitaria a gran escala. No es tiempo de iniciar campañas políticas. Es tiempo de actuar con responsabilidad y solidaridad.
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El autor es ingeniero.