Jorge Woodbridge. 23 marzo

El gobierno debe diseñar una estrategia para estimular la inversión privada y reactivar la economía. En la actual contracción de la demanda interna, difícilmente registraremos un crecimiento superior al 2,8 % anual, el menor de los últimos 25 años.

Falta de confianza, encarecimiento de los servicios públicos, aumento en tasas de interés, nueva carga de impuestos, cargas sociales, limitada inversión en infraestructura, tramitomanía y falta de innovación e investigación están afectando seriamente la creación de nuevas empresas y la generación de empleo.

Requerimos incentivos para estimular las nuevas inversiones y crear más y mejores puestos de trabajo. Se acabó el crecimiento basado en deudas para sostener salarios y privilegios de los empleados públicos. Aumentar o aprobar nuevos impuestos no es la salida a la grave situación de desempleo que afecta a más de 250.000 costarricenses y tiene a 900.000 trabajadores en el mercado informal.

Los nuevos ingresos fiscales disminuirán el déficit primario en un 0,4 % del PIB este año, pero será inevitable que la deuda del Gobierno Central siga creciendo, por lo cual terminará en un 57% del PIB al terminar el 2019. Nuestro problema principal este año seguirá centrado en la falta de confianza para la inversión y la contracción del consumo.

Paquete tributario. Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el gobierno gozará de mayor flexibilidad y control en el manejo de los ingresos. No obstante, sin un esfuerzo vigoroso para detener los disparadores del gasto público, difícilmente conseguirá transmitir confianza a las calificadoras de riesgo sobre la solvencia y liquidez del país a corto y mediano plazo.

El crédito a los sectores privado y público es cada vez más caro por los riesgos involucrados. Las obligaciones del Gobierno este año serán un 13,2 % del PIB, las más altas en los últimos 20 años.

En el primer trimestre del 2019, el pago de intereses del Gobierno creció un 40 %. En los primeros meses de este año, la administración Alvarado canjeó bonos de la deuda por ¢279.000 millones y negocia $850 millones en préstamos para sustituir la deuda interna, por la que paga altas tasas de intereses y a plazos cortos. Pero esos canjes y préstamos bancarios serán insuficientes para bajar las tasas de interés, que ya rondan el 13 % a 15 años plazo, de ahí la necesidad de aprobar los eurobonos por $6.000 millones en cinco años, de los cuales $1.500 millones deberían ingresar en el 2019. Bonos cuyo costo de financiamiento no será bajo debido a la calificación crediticia del país de B+, por las tres principales agencias calificadoras. Financiamiento que se requiere, aunque deba pagarse hasta tres puntos adicionales, para reducir el estrujamiento interno producido en el mercado por el desequilibrio fiscal.

Incertidumbre. A pesar de la aprobación del nuevo paquete fiscal, en el mercado existe mucha incertidumbre por saber si el gobierno va a resistir las presiones de los sindicatos y las instituciones cuya pretensión es mantener los actuales privilegios.

Es preocupante oír a los rectores de las universidades publicas hablar de su nuevo concepto “república independiente” para seguir sin controles y evaluaciones. Los jerarcas del Consejo Nacional de Rectores (Conare) afirmaron en la comisión legislativa que analiza el FEES que “las universidades públicas no están sujetas a la ley de Gobierno, tienen facultades propias para organizarse”, independiente de si el Estado cuenta con recursos.

Por otra parte, la Caja Costarricense de Seguro Social le señaló al Congreso que tiene autonomía en los gastos y los salarios, y el Poder Judicial protege a los empleados antiguos. ¿En qué país estamos? ¿Quién manda? ¿Quiénes pagarán los nuevos impuestos? ¿Seguiremos defendiendo los intereses de unos pocos?

Está claro que el paquete es insuficiente, la deuda seguirá creciendo y las tasas de interés serán superiores al crecimiento del PIB real. El actual ajuste fiscal está concentrado en el Gobierno Central (75 % de la deuda), pero ¿qué pasara con la deuda del Banco Central, que supera los $4.200 millones y debe pagar este año $1.000 millones por la obligación con el Fondo Latinoamericano de Reservas? ¿Y el resto del sector público no financiero, que adeuda $5.400 millones?

La deuda total del sector público, a fines del 2018, era de $40.149 millones (65 % del PIB). Con el ajuste fiscal, no será hasta el 2022 cuando Hacienda perciba los ingresos totales y el gasto primario (sin incluir intereses) se equilibren. Meta alcanzable, siempre que no haya nuevos disparadores del gasto, que la regla fiscal se cumpla y ninguna institución pública importante tenga problemas financieros.

Otra preocupación que debe ser atendida de inmediato es la sostenibilidad del fondo de pensiones complementarias, que ha sufrido perdidas en los últimos 13 meses. La situación es muy incierta debido al gran poder de los sindicatos, que parecen que nunca van a tomar conciencia de los graves problemas sociales, económicos y políticos que vivimos.

Los inversionistas todavía no tienen claro si el gobierno llevará adelante reformas relevantes para reactivar la economía. Muchos inversionistas analizan su cartera, los riesgos internos, el rendimiento, el calce en operaciones y el riesgo cambiario.

Opciones. Por muchos años, nos hemos endeudado para financiar los gastos corrientes, con prebendas en remuneraciones insostenibles. Los incentivos salariales consumen el 40 % de la remuneración pública, lo cual obliga al gobierno y a la Asamblea Legislativa a aprobar un proyecto para establecer un salario único, ordenar los límites a las pensiones con cargo al presupuesto nacional y reformar el Código de Trabajo en lo referente a los límites y definiciones que deben establecerse a las huelgas en los servicios públicos.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas introdujo cambios en cuanto a las anualidades y otros incentivos a montos fijos y porcentajes menores de dedicación exclusiva y prohibición, bienes y quinquenios y reserva legal para nuevos incentivos; sin embargo, esos significativos cambios van ir dando resultados a mediano plazo, mientras tanto, el sector público gasta ¢6,3 billones en remuneraciones.

Impuestos. No es por la vía de los impuestos que vamos a atraer inversión y generar empleo. Tenemos una economía desacelerada y lo más importante es dar confianza a la inversión.

El complejo plan fiscal fue un paso fundamental para corregir la coyuntura de una crisis fiscal explosiva. Esta nueva herramienta flexibiliza la obligación de los destinos específicos, uno de los principales disparadores del gasto y que representan el 80 % de los ingresos corrientes y el 70 % del gasto primario.

Está claro que, sin una solución fiscal sostenible, será difícil mantener las consecuencias de una desaceleración y del desempleo. Este año se requiere mucha disciplina para promover la estabilidad y evitar pérdida de más puestos de trabajo.

Estamos en “capilla ardiente” ante las calificadoras y un mal paso nos pondría en peligro de una crisis económica y social muy costosa. Hay que ordenarse y cumplir la regla fiscal para que no crezca el gasto en el 2020 a más del 75 % del PIB.

El autor es ingeniero.