Enrique Obregón. 15 noviembre, 2019

Todo sistema político, con el tiempo, se corrompe, y genera fuerzas contrarias que tienden a eliminarlo. La democracia no está fuera de esta ley de hierro.

En la época consular, en Roma, conociendo esta tendencia inevitable, fue aprobada una reforma que permitía el funcionamiento de una dictadura —dignidad y cargo de dictador— con todo el poder administrativo y militar del Estado, y cuyas decisiones eran inapelables. Sus facultades estaban por encima de la ley. El cargo era temporal, generalmente por seis meses, y tenía por misión volver por los rectos caminos de la democracia que se habían abandonado.

La democracia, poco a poco, ha ido variando su primitiva tendencia dogmática y de principios intocables a una diaria experiencia modificadora en que formas y orientaciones cambian constantemente, pero manteniendo un objetivo permanente.

Terminado el plazo, desaparecía y todo volvía a la normalidad. En Roma, nadie pensó nunca en la dictadura permanente, sino institucionalizada, funcionando de acuerdo con la ley.

En nuestro país, cuando se reformó la Constitución Política para crear una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, se indicó que era para “declarar la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al derecho público”. Pero, luego, en la Ley de Jurisdicción Constitucional, quedó que también está facultada para “ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza tanto en el derecho público como en el internacional y para resolver los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, Tribunal Supremo de Elecciones y la competencia entre estos y la Contraloría General de la República, las municipalidades, los entes descentralizados y las demás personas de derecho público”.

En otras palabras: tiene jurisdicción sobre todos los organismos del Estado. Como si eso fuera poco, se agregó que solo a la Sala Constitucional le corresponde resolver sobre su propia competencia.

A todo lo anterior debe sumársele que la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma, la anula, es decir, la deroga. El fallo de inconstitucionalidad produce cosa juzgada. El resultado nos induce a pensar que tiene poderes casi absolutos, lo más cercano para nosotros a una dictadura legal, con una variante: no es dictadura vertical —de la cúspide a la base—, sino tangencial, a partir de un punto en la esfera del poder, en un sector de lo judicial.

Nunca estuve de acuerdo con la legislación que la creó porque la Asamblea Legislativa se despojó, en parte, de funciones propias y las traspasó; renunció a la soberanía que tiene por representación sin facultad alguna para cederla.

Sobre el poder legislativo. Cuando leí por primera vez el aparte de la Constitución Política y de su ley jurisdiccional que les dio origen, pensé de inmediato: “Han aprobado lo indebido en una república democrática, una dictadura permanente elevada a derecho público”.

Es un grupo minoritario de altos jueces que tiene imperio para ordenar a la Asamblea Legislativa rectificar, suspender o derogar una ley, y le da un plazo fijo para hacerlo, orden que, durante todo el tiempo que tiene de funcionar, jamás ha sido rechazada, a pesar de que esta función es propia del legislador y jamás de la judicatura.

He dicho en otra ocasión que un juez, por más sabio que sea, no debe tener facultad para anular la decisión de un legislador, ni aun cuando este sea el más ignorante de los diputados. El legislador representa la soberanía, el juez no.

La situación actual, consecuencia de esa legislación, podría ser llevada a conocimiento del Colegio de Abogados para una profunda meditación sobre el ejercicio del poder, la titularidad de la soberanía y la posibilidad de admitir, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, como algo bueno y saludable para el bienestar de un pueblo democrático, el funcionamiento de una dictadura permanente y legal superior a todos los otros poderes.

Mesura. Como indiqué, nunca estuve de acuerdo con la ley que creó la Sala Constitucional, y mantengo ese desacuerdo. Es una incongruencia en la legislación democrática; pero, por el momento político tan conflictivo que estamos pasando, la realidad me inclina a pensar que, no obstante esta contradicción (de una ley que se dictó violando un precepto constitucional para defender, precisamente, la Constitución), es evidente que se ha evitado una precipitación fatal de nuestro país, gracias también a la inteligencia, conocimiento y responsabilidad de los magistrados.

La democracia, poco a poco, ha ido variando su primitiva tendencia dogmática y de principios intocables a una diaria experiencia modificadora en que formas y orientaciones cambian constantemente, pero manteniendo un objetivo permanente: “Que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra”, oración que continúa siendo el padrenuestro de los verdaderos demócratas y que enseñó un campesino estadounidense que no tuvo escuela ni colegio ni universidad.

En la política, como en casi todo en la vida —en el arte, la poesía, la ciencia—, la verdad está, precisamente, en la contradicción. Con el experimento de la democracia paradójica que hemos inventado, Rousseau y Voltaire podían estar lanzando gritos de alarma, pero con un comentario final: al menos evitaron la ridiculez.

Por eso, frente a intentos que apreciamos de reformar, disminuir o cancelar la Sala Constitucional, deberíamos requerir prudentemente: no la toquen, no la reformen, déjenla como está. Y, sobre todo, no la independicen.

La solicitud del padre de los dioses griegos se mantiene a través de los siglos: nunca abras la caja de Pandora.

El autor es abogado.