EscucharLas más recientes proyecciones del Banco Mundial confirman que Nicaragua experimentará este año un decrecimiento económico del 5 %, es decir, una caída mayor que el 3,8 % registrado el año pasado; mientras, en el 2020, se proyecta un decrecimiento del 0,5 % y, un año después, en el 2021, la economía se mantendrá en su cuarto año de recesión consecutivo, con un crecimiento de 0,6 %, siempre menor al 1 %.
El pronóstico, bastante más conservador que las estimaciones hechas por economistas independientes, contradice los cálculos oficiales difundidos por la propaganda gubernamental.
El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, alega que la economía ya se ha recuperado y el próximo año crecerá entre un 1 y un 2 % para retomar la senda del 4 % y 5 % de crecimiento anterior a la crisis que estalló en abril del 2018, generada por la represión de la dictadura.
Desde antes de la crisis de abril, la credibilidad del Banco Central se había devaluado por el alineamiento partidario de su presidente, el retraso en la publicación de las estadísticas económicas y la manipulación de los indicadores de pobreza. Pero, más allá de cuál es la verdadera magnitud del decrecimiento económico, no se puede ocultar una inmensa tragedia social que afecta a centenares de miles de familias nicaragüenses.
La paralización de la inversión privada durante dos años consecutivos, a consecuencia de la imposición de una dictadura sangrienta y el estado de sitio, significa la pérdida de más de 400.000 empleos, la migración masiva de 80.000 personas y el empobrecimiento paulatino de casi dos millones de nicaragüenses.
La única fuente de crecimiento económico que se mantiene es el flujo de remesas enviadas por los nicaragüenses desde el exterior a sus familias. Pero sin una reforma política para convocar elecciones libres, no habrá inversión privada nacional ni extranjera ni volverá la cooperación externa, sino que, por el contrario, la situación podría empeorarse a consecuencia de nuevas sanciones internacionales en contra de la dictadura.
Brutal sanción. El aferramiento de Ortega al poder, a pesar de estar inhabilitado para gobernar después de la matanza de abril, les ha impuesto a los pobres y a la clase media una sanción brutal con más desempleo y empobrecimiento, y castiga a los agentes económicos con una recesión que se prolongará mientras dure la crisis política.
Ortega es el responsable directo de la grave crisis política, económica y social, pero los más altos funcionarios y asesores financieros de su gobierno —en Hacienda, Banco Central, Asamblea Nacional y Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, y sus representantes en los organismos internacionales— también han asumido una corresponsabilidad al endosar la narrativa oficial del supuesto golpe de Estado para justificar la negativa del régimen a negociar las reformas políticas. Aunque la estrategia que promueven de “parches económicos”, reformas recaudatorias y cortinas de humo, como las del presidente del Banco Central, tampoco han logrado frenar el deterioro de la situación económica.
Igual que el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, quien ha tolerado la creación de las bandas paramilitares al margen de la ley, los altos funcionarios económicos Ovidio Reyes, Iván Acosta, Bayardo Arce, Wálmaro Gutiérrez, Paul Oquist y Orlando Solórzano, entre otros, dejaron de actuar bajo una racionalidad de Estado para asumir un rol de complicidad con una dictadura sangrienta.
Ellos, que fueron los operadores de Ortega para orquestar la alianza económica con el gran capital entre el 2009 y el 2018, justifican hoy la permanencia de Ortega en el poder, sin ninguna capacidad para articular alianzas nacionales o internacionales, a costa del deterioro de la situación económica.
País postrado. Un año después de la imposición del estado de sitio de facto, el país sigue postrado y no se vislumbra ninguna solución económica, sino más bien dos años más de recesión, si antes no hay una negociación política. Sin embargo, ni la inercia de la crisis económica ni la presión externa son suficientes para promover una salida política, si no hay más presión cívica, no solo del movimiento azul y blanco, que desafía el estado de sitio, sino también de los grandes empresarios, que representan el músculo más dinámico de la economía nacional.
El dilema es esperar los resultados del deterioro de la crisis o correr riesgos y contribuir a marcar un rumbo de salida ahora. Agotada su capacidad de interlocución con la pareja presidencial, los líderes de los grandes grupos económicos enfrentan el desafío de asumir una posición diáfana ante la nación y, particularmente, frente a los sectores público y privado, a favor del cambio político democrático.
Al estallar la rebelión de abril el año pasado, se rompió su alianza con Ortega, por la vía de los hechos, enterrando el mal llamado modelo de “diálogo y consenso”, pero el vacío no lo ha llenado un proyecto democrático, sino una dictadura en su deriva totalitaria que amenaza la supervivencia del sector privado.
Acuerdo necesario. El país necesita un acuerdo político, con Ortega o sin él, que cuente con el respaldo del movimiento azul y blanco, los grandes empresarios y la tecnocracia del sector público.
Un acuerdo que empieza con la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del estado de sitio y la restitución de libertades democráticas, incluidas la libertad económica para los empresarios y la estabilidad de la carrera profesional en el sector público para llevar a cabo una reforma política y convocar elecciones libres.
Los empleados públicos, civiles y militares, que se han mantenido al margen de la masacre, la corrupción y el control partidario, tienen la oportunidad de formar parte de esta solución nacional. De un lado, está la opción que les ofrece la familia Ortega Murillo, de prolongar la agonía del régimen, y, del otro, la alternativa de una nueva alianza nacional para desmantelar las estructuras de la dictadura y empezar la reconstrucción nacional.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.
