Jorge Woodbridge. 26 octubre

La crítica situación sanitaria, social y económica exige al gobierno tomar las medidas justas, valientes, rápidas y solidarias necesarias para enderezar el rumbo del país.

Los diagnósticos y estudios abundan, lo que falta es una definición del tipo de sociedad y Estado del futuro. La realidad es que 234 instituciones han crecido en forma geométrica, cuya burocracia genera trámites, regulaciones interminables y crecientes salarios.

En ese maremágnum sobran oportunidades para la corrupción, se acentúa la desigualdad social y pierde la productividad. El Estado se hizo gigantesco y consta de un sinnúmero de subdivisiones. Es ingobernable.

A corto plazo el Estado deberá ser competitivo, digital, innovador, productivo y estratégico para crecer un 7 % al año.

En la última década, de un déficit primario del 1,2 % del PIB Costa Rica pasó al 2,8 %; en trasferencias creció del 4,2 % a un 6,7 %; en intereses, del 2,1 % al 4,2 %; el déficit financiero, de un 3,3 % al 6,9 %; y la deuda, de un 26,2 % al 58,5 %. Lo preocupante de este crecimiento es que no mejora la competitividad y la desigualdad empeora.

El déficit fiscal será un 9,3 % este año; la caída de la producción, un 5,5 %; la deuda pública, un 70 %; y los intereses, un 5,2 %. El sector empresarial está seriamente afectado por el bajón en la demanda interna y externa, con el agravante de la falta de acciones para reducir el astronómico crecimiento del gasto público y la falta de confianza en las acciones correctivas del gobierno, lo cual se agiganta por las continuas contradicciones. La incertidumbre causa pérdida de confianza internacional y local.

Mercado. Los eurobonos cayeron en tan solo un mes un 12 % y los inversionistas exigen mayor rendimiento. Las calificadoras están vigilantes y en diciembre asignarán nuevas notas al país. Una reducción en la calificación crediticia obligaría a contraer deuda a menos plazo en el mercado internacional a intereses más caros o recurrir al mercado interno, cuya consecuencia es un efecto alcista en las tasas de interés, que afectaría todo intento de reactivación económica.

El presupuesto del 2021 asciende a $20.000 millones, con un déficit de recursos de $11.000 millones. ¿Cómo se financiará? ¿Quién le prestará al país? Solo para pagos de vencimientos de deuda, Costa Rica necesita $3.600 millones.

Las calificadoras “no nos dan de comer”, pero cada 1 % de intereses adicionales significan un incremento de $400 millones al año. ¿Estarán los inversionistas internos anuentes a ampliar los plazos y a rebajar los intereses viendo el cuadro macroeconómico nacional? Debido a las malas calificaciones de riesgo, Costa Rica paga cuatro veces más intereses que Panamá.

Riesgo. Los costarricenses están secuestrados por políticos, sindicatos y burócratas sin consciencia de la grave situación. El diálogo con todos los actores sociales es fundamental; sin embargo, de ese foro solo saldrán recomendaciones generales, que deberán se traducidas a números reales para presentar a los partidos políticos y el Congreso.

La situación es de emergencia y el tiempo se acaba. Bien haría el gobierno en buscar apoyo técnico y político en gente de gran experiencia. La situación obliga a actuar con sensatez y rapidez. La desocupación está en un 23 %, la informalidad no disminuye del 50 % y la pobreza ronda el 30 %.

La confianza en el gobierno cayó dramáticamente. Para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), será necesario estar todos unidos y actuar solidariamente. La medicina no será dulce. Hay que lograr rápidamente un superávit primario con base en la reactivación de la economía y una combinación de recorte de gastos, nuevos ingresos y venta de activos. En otras palabras, volver a creer, basados en confianza y apoyo al sector productivo.

Racionalizar. El bloqueo del PAC y del gobierno al recorte de gastos en el presupuesto nacional en la Comisión de Hacendarios daña la posibilidad de negociación en el Congreso para aprobar nuevos empréstitos. Es preocupante que el ministro de Hacienda se entere por la prensa de la firma de una convención colectiva a sus espaldas con los sindicatos del MEP, que significará muchos más gastos y la condonación de deudas.

El haber orquestado una campaña contra los diputados indica que la administración Alvarado no quiere hacer el ajuste fiscal mediante recortes presupuestarios mayoritariamente, a pesar de la grave situación, ajustes que apenas significaban un 1,3 % del presupuesto.

El camino por donde transita el país es el equivocado, si no hay voluntad para hacer los cambios estructurales necesarios, para lograr la sostenibilidad y reactivar la economía, el ajuste lo hará el mercado, igual que en los años 80, a un gran costo social.

19/7/2020 Cartago. La escena es recurrente en los comercios de los cantones en alerta naranja. Foto: Rafael Pacheco
19/7/2020 Cartago. La escena es recurrente en los comercios de los cantones en alerta naranja. Foto: Rafael Pacheco

Eficiencia. Entre el 2013 y el 2017 los gastos per cápita en términos reales en las municipalidades aumentaron un 13,14 % y los resultados fueron un 1,14 %; en educación primaria crecieron un 18,18 % y los resultados, un 5,9 %; en educación secundaria, un 17 % contra un 3 %; en educación técnica, un 23,7 % versus un 1,32 %; y en educación universitaria, un 26,6 % en contraste con un resultado del 5,5 %. Es decir, aumentaron los gastos per cápita y los resultados cada vez son más pobres.

Con este cuadro de productividad, ¿para qué seguir aumentando los gastos? A los sindicatos no les preocupan los resultados, solo sus beneficios. Difícilmente sacrificarán alguno de los 2.100 pluses y de los 1.900 diferentes salarios.

Las remuneraciones en el sector público costarricense superan las de los países de la OCDE, y todavía no queremos amarrarnos la faja. Hay que aprobar la ley de empleo público para poner en orden todas las remuneraciones, estableciendo un salario global para los empleados viejos y nuevos y eliminar las convenciones, excepto en las instituciones que están en competencia.

Las remuneraciones, en solo ocho años, crecieron ¢2 billones, lo que significa un incremento del 52 %. Las remuneraciones del sector público duplican las del sector privado. No se puede seguir aumentando el gasto corriente por este concepto.

El gobierno tiene pendiente por aprobar $1.850 millones en préstamos del BID, el BCIE, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo. Deberían condicionarse a que un porcentaje se destine a reducir deuda, a inversión y estímulo a la generación de empleo privado.

Hay que preparar un compromiso nacional y buscar las soluciones más estratégicas a fin de redimensionar el tamaño y la calidad del gobierno. Un ejercicio inaplazable es hacer un presupuesto con base cero, estrategia utilizada por muchos gobiernos y empresas para racionalizar el gasto.

El autor es ingeniero.