EscucharEl mundo vive momentos complejos debido a la paralización de la gran mayoría de las actividades productivas.
Los problemas económicos y sociales se intensifican semana tras semana. El no saber cuándo terminará el confinamiento exacerba los temores y las medidas de mitigación de la pandemia aumentan el desempleo.
Hasta la fecha, el sistema sanitario ha respondido con excelentes resultados, pero existen otras consecuencias de la crisis que deben ser tratadas al mismo tiempo.
El desempleo alcanzó ya el 12,5 % y apenas han pasado dos meses desde que se detectó el primer caso de covid-19 en Costa Rica, por lo cual no es aventurado afirmar que llegaremos a números más altos.
Estimulando las 130.000 pymes afectadas, la economía volverá a crecer. La crisis perjudica diferentes actividades, por ende, el apoyo debe ser diferenciado y evaluado continuamente.
La crisis obliga a trabajar en una estrategia de reactivación entre el gobierno y el sector productivo. Nuevos impuestos y más deuda no es la apuesta correcta.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un préstamo de $500 millones a corto plazo y bajos intereses. Los siguientes créditos vendrán con fuertes condiciones.
Ojalá el gobierno plantee alguna medida de sacrificio y reducción del gasto público, pues es mucho lo que demanda subsidiar parcialmente a las empresas y costarricenses afectados.
¿Cuál será el costo? ¿Cómo se comportará la curva de la pandemia? ¿Se ha determinado la sostenibilidad financiera? Se calculan entre 350.000 y 600.000 los trabajadores formales e informales cuyos ingresos fueron reducidos o enviados a sus casas sin salario mientras pasa la crisis.
El presupuesto nacional está siendo financiado con un 48 % de deuda, porcentaje que aumentará a corto plazo producto de la disminución del pago de impuestos.
El inmenso sector público, compuesto por 345 instituciones, debe racionalizarse si el objetivo es salir de la recesión.
Las transferencias del gobierno alcanzan los ¢7,3 billones, recursos que obligan a exigir resultados, pertinencia, productividad y evaluación continua.
Las propuestas. El Ministerio de Hacienda prevé un faltante fiscal de un 8,6 % del PIB para este año aun tomando los recursos de Fonatel, parte de las reservas del Instituto Nacional de Seguros, el traslado de superávits de otras instituciones y el congelamiento de los precios de las gasolinas.
El gobierno anuncia como una gran medida de austeridad el recorte del gasto en ¢70.000 millones. El país no aguanta la gigantesca planilla y los pluses estatales.
Ya se anuncian nuevas convenciones colectivas, esperemos una posición responsable de la administración, de otra forma se aprobarán más pagos extraordinarios prohibitivos. Urge cuanto antes la ley de empleo público, una reformulación del Servicio Civil y la revisión del costo-beneficio de la educación pública y los programas sociales.
Las empresas. Nuestro tejido empresarial está muy endeudado, sin mercado y con recursos humanos muy afectados.
La producción caerá entre un 3,5 % y un 4,5 %. La factura la pagan solo el sector privado, los empleados informales, los desempleados y los más pobres.
Los empleados públicos mantienen sus remuneraciones iguales. Muchos hablan de desigualdades sociales causadas por el sector productivo, pero los estudios señalan que los elevados salarios de los servidores estatales también pesan en este aspecto.
No está en la agenda del gobierno y el Congreso la unificación de los regímenes de pensiones, pese al cambio demográfico. Solo el 50 % de la población mayor de 65 años recibe pensión, el resto sufre pobreza.
Los heridos. El gobierno comienza a raspar la olla para financiar programas de primeros auxilios destinados a una población seriamente golpeada.
El cierre de empresas perjudicó al sector productivo, y con él a los trabajadores. Los ingresos del fisco vienen en caída libre, lo cual incrementará la ya raquítica situación fiscal y social.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está seriamente herida al aumentar los costos de operación para atender la pandemia. El sistema de salud ha debido comprar equipos y otros artículos de protección para el personal.
La crisis del sector privado repercute en los ingresos de la CCSS. También la base mínima contributiva en salud y pensiones fue rebajada para el periodo marzo-mayo.
¿Qué pasará después de mayo? ¿Cuál será el ritmo de crecimiento de la economía después de esta pandemia? ¿Quién asumirá el costo del déficit?
El gobierno está traspasando ¢33.000 millones a la CCSS. ¿Será suficiente o la CCSS deberá diseñar un programa de austeridad y efectuar una reingeniería pasada la crisis?
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que financia la mayoría de los programas sociales, también es víctima de la coyuntura, pues un 5 % de las planillas va a sus arcas y una parte del impuesto sobre el valor agregado.
Es muy probable que pierda, cuando menos, ¢100.000 millones, por lo que los costos operativos, las duplicidades y la eficiencia de las decenas de instituciones involucradas deben ser revisados.
Situación macro. El sector productivo necesitará recuperar la confianza e invertir. Conseguirlo conlleva hacer cambios en la estructura del sector público.
El país debe mejorar su competitividad y comprometerse a aprobar los cambios que desde hace décadas están en discusión.
Estamos atrapados en una tramitomanía que asfixia a todos por igual, pero pasan los años y nada se resuelve. Nadie se atreve a fusionar o cerrar instituciones que ya no cumplen ninguna función social.
Las secuelas de la pandemia deben mover al Congreso a hacer los cambios necesarios en la estructura legal.
Para ser más competitivos, se requiere flexibilidad laboral, un gobierno digital, transparencia y fortalecer las alianzas público-privadas a fin de mejorar los servicios y contar con infraestructura moderna.
El gobierno hace bien en fortalecer la digitalización del Ministerio de Hacienda y cumplir la regla fiscal.
Los acuerdos políticos deben ser la fórmula para corregir los graves problemas de conectividad, educación, gobernabilidad y productividad.
Sin una transformación del Estado y un cambio de mentalidad, el país tardará muchos más años en recuperarse de la crisis generada por la enfermedad del coronavirus.
El autor es ingeniero.
