EscucharLos últimos días del 2020 nos depararon varios ejemplos de las matemáticas alternativas con las que se justifican las decisiones de política pública en la realidad paralela del gobierno.
Comento tres de ellos a continuación; un cuarto ejemplo quedará, por falta de espacio, para otra ocasión.
Descarbonización heroica. El 28 de diciembre publicaron en el sitio web de la Casa Presidencial un comunicado de prensa cuya única explicación lógica hubiera sido que se trataba de una broma del Día de los Inocentes. Lamentablemente, no era el caso. En el comunicado, el gobierno se vanaglorió de que en el año recién concluido Costa Rica se ubicó como «líder latinoamericano per cápita» en vehículos eléctricos, con un gran total de 3.106 autos inscritos.
El gobierno recurre a una comparación engañosa en su afán de generar una noticia positiva donde no la hay: no es muy difícil ser líder regional en una materia en la que la región no muestra actividad ni avance.
De lo que el gobierno debería estar hablando es de cómo se compara la cifra de 3.016 carros eléctricos contra los objetivos de la política pública que la propia administración ha abrazado.
El comunicado de prensa resaltó que las «acciones para la promoción del transporte eléctrico se han realizado acordes con el Plan Nacional de Descarbonización» —proyecto estrella de la administración Alvarado Quesada— e hizo referencia a la Ley 9518, denominada Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico.
En la exposición de motivos del proyecto que devino Ley 9518, se establece como uno de sus objetivos alcanzar, en un plazo de cinco años, «la meta nacional de al menos (sic) 100.000 vehículos eléctricos o híbridos recargables».
Esta legislación entró en vigor en enero del 2018, por lo cual está a punto de cumplir tres años. Ha transcurrido el 60 % del tiempo, pero hemos alcanzado el 3,1 % de la meta. Como política pública es, a todas luces, un fracaso.
Algunos señalamos oportunamente las debilidades del proyecto (vea «¿Incentivos para el transporte eléctrico?», La Nación, 14 de junio del 2016), pero pudo más ese buenismo bobo que permea a la clase política costarricense, y prevalece la creencia de que basta con manifestar el deseo de inscribir 100.000 vehículos eléctricos para que las cosas sucedan porque sí.
Es ridícula la creencia de que las buenas intenciones son suficientes, y los criterios técnicos y económicos sobran. Más ridículo aún es pretender disfrazar semejante fracaso de logro gubernamental y motivo de orgullo nacional.
Las matemáticas de las UCI. A principios de diciembre, al mismo tiempo que nos anunciaban el inminente colapso de las unidades de cuidados intensivos por el acelerado crecimiento de la cantidad de pacientes con covid-19 que las estaban necesitando, el Dr. Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, nos recordaba que, aunque se incrementara el número de camas, no habría personal especializado para atender a todos los enfermos.
En ese entonces quedaban menos de 20 camas disponibles. Días después la profecía se cumplía, y el 19 de diciembre cuatro pacientes críticos tuvieron que quedarse esperando atención por falta de espacio en las UCI.
Algo en este episodio no me cuadra. Desde el inicio de la pandemia las autoridades insistieron en que la limitación para expandir la oferta de camas en cuidados críticos iba a ser la disponibilidad de personal especializado. El 2 de diciembre el Dr. Ruiz decía: «Ya no hay más especialistas para contratar”.
El 20 de diciembre la Caja anunció que la noche anterior varios pacientes críticos se quedaron esperando atención, y dos días más tarde la Contraloría autorizó una compra de emergencia de camas y otros equipos necesarios para los enfermos críticos, por $1,46 millones. Milagrosamente, el 26 de diciembre ya había 128 camas disponibles de cuidados intensivos.
Las preguntas que no vi a ningún periodista formular siguen dando vueltas en mi cabeza. Si ya no hay más especialistas para contratar, ¿cómo es que la solución al colapso de las UCI es una compra de emergencia de camas y otros equipos? ¿Quién o quiénes van a atenderlos?
Por otra parte, si la disponibilidad de profesionales especializados no era el problema, ¿por qué el anuncio apocalíptico a principios de diciembre? Más importante aún: ¿Por qué no se planificó la compra de equipo adicional con tiempo?
Las autoridades de la Caja y la Contraloría deberían explicarlo, máxime a la luz de las múltiples irregularidades investigadas por otras compras de emergencia durante la pandemia.
Vacunación heroica. La noche del 23 de diciembre arribó al país el primer lote de 9.750 dosis de la vacuna contra la covid-19. Abundaron los actos protocolarios y no faltó la foto de rigor del presidente de la República, los ministros de Salud y Seguridad y los presidentes de la Caja y la Comisión Nacional de Emergencias al pie del avión que trajo tan esperado recurso.
También el 24 de diciembre fue pródigo en actos protocolarios al arrancar la vacunación, con transmisión en directo por los canal 13 y de Facebook y YouTube de la presidencia.
El 25 de diciembre la Casa Presidencial anunció en su sitio web que habían aplicado la bicoca de 55 vacunas antes de interrumpir la campaña por el fin de semana largo de la Navidad. Unos días después nos informaron que estaban administrado unas 240 vacunas al día y, por supuesto, la llegada del segundo vuelo con 11.700 dosis más.
La buena noticia es que en enero se prevé el ingreso de 33.150 vacunas semanales y para fin de mes contaremos con material suficiente para inocular a 66.300 costarricenses —un 1,3 % de la población— con la doble dosis necesaria.
Dicen que las comparaciones son odiosas, pero yo, parafraseando a Roberto Cantoral, no concibo esa razón. Compararnos con los líderes en cada campo permite detectar debilidades y debe incentivarnos a mejorar.
Israel inició su campaña de vacunación el 20 de diciembre, y una semana después 378.000 personas habían recibido la primera dosis. Solo el domingo 27 fueron inoculados 99.000 habitantes, el 1,1 % de la población.
Para fin de año, Israel estaba vacunando a cerca de 150.000 personas al día y el 1.° de enero superó una tasa de vacunación del 10 % (950.000 en una población de 9,3 millones de personas, incluido el 41 % de la población mayor de 60 años). Cuando este artículo vea la luz del día, las cifras podrían haberse duplicado.
Israel lo logró inmerso en una compleja crisis política. El gobierno de coalición —forjado hace apenas nueve meses— colapsó, el Parlamento israelí fue disuelto el 22 de diciembre y el país se enrumba a su cuarto proceso electoral en menos de dos años.
La situación no fue impedimento para tomarse en serio la campaña de vacunación masiva, donde masiva es la palabra clave en dicha afirmación.
El objetivo declarado es alcanzar la inmunidad de rebaño a finales de marzo para levantar las restricciones sobre la vida de las personas y la actividad económica.
En nuestro país, otrora ejemplo mundial en la materia, el lema de la actual campaña de vacunación pareciera ser piano ma lontano: llevarla despacio para hacerla llegar bien lejos… y sacarle todo el jugo posible a la otra campaña, la de comunicación.
Acelerar el proceso de vacunación para liberar a los ciudadanos de las restricciones y reactivar la economía no es parte de la ecuación. Cada vuelo con vacunas es un logro del gobierno, una photo opportunity, una ocasión para publicar un nuevo comunicado que los medios reproducirán casi sin cuestionar.
¡Malditos columnistas, son tan incómodos que todo lo cuestionan!
El autor es economista.
