Guiselly Mora. 20 septiembre

Es una mojiganga llamar a un paquete de impuestos “propuesta balanceada que reparte las cargas” cuando los pobres pagarán, por segunda vez en este gobierno, nuevos impuestos para sacar al país del atolladero llamado déficit fiscal cuyo crecimiento aceleró la administración de Óscar Arias.

En otras palabras, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera.

Para un pobre, el 0,03 % de ¢10.000, que para Elian Villegas no es nada, es lo mismo que para un rico un 0,03 % de ¢100.000, porque los ¢10.000 pueden significar el costo del alimento de una semana para tres personas en una pulpería o supermercado rompeprecios.

Para un rico, una sola cena podría salir en ¢100.000 si adquiere los ingredientes en un establecimiento donde le entregarán las bolsas olorosas a yerbagüena, con lazos en las puntas y aspergiadas de canela.

Saber cómo actúan en la práctica los porcentajes ayuda a comprender, por ejemplo, por qué Costa Rica se vanagloria de su inversión del 8% en educación, pues representa un gran sacrificio para un país de renta media, cuyo PIB per cápita es $18.651. Una ofrenda poco valorada por maestros, profesores y sindicatos costarricenses. Japón gasta solo el 3,3 % en educación, pero su PIB per cápita es $44.426. ¡Y los resultados están a la vista!

Dónde está el truco. Los pobres, además del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y otros gravámenes, ya pagan el impuesto a la injusticia.

Lo señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al comparar los precios de nuestro país con los del resto de sus miembros: Costa Rica es el segundo con la leche y el arroz más caros, y el primero donde la compra de un vehículo o el pago del servicio de Internet son más onerosos, entre otros.

Como si eso fuera poco, ahora el gobierno les sacará a los pobres un 0,03 % más cuando paguen con la tarjetita de débito el arroz, que cuesta ya un 40 % más de lo debido, lo cual nunca acabará porque el gobierno firmó un convenio, en la oscurana de un domingo lluvioso, para beneficiar a 19 grandes industriales arroceros que nadan en billetes. Cortesía de Renato Alvarado, el presidente de la República y la ministra de Economía. Aún no agregaré a los diputados porque ojalá no aprueben las leyes enviadas para cristalizar semejante atrocidad.

El Estado les sacará a los pobres un 0,03 % cuando paguen con la tarjetita de débito la leche para los niños, vendida aquí más cara que en otros países de Centroamérica. Cortesía de todos los gobiernos anteriores, más el actual y los diputados de todo signo.

El Estado les sacará a los pobres un 0,03 % cuando retiren de la tarjetita de débito el dinero para pagar los pasajes del bus a un precio de por sí hiperinflado debido a que los autobuseros indican a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) cuánto quieren cobrar. Casi ningún autobusero es pobre, cortesía del gobierno, la Aresep y el Consejo de Transporte Público (CTP).

El Estado les sacará a los pobres un 0,03 % si pagan por transferencia el recibo de la luz porque en Costa Rica es mucho más cara, resultado de la falta de competencia, pues solo el Instituto Costarricense de Electricidad la produce y la Aresep le fija las tarifas a la carta.

El Estado les sacará a los pobres un 0,03 % cuando paguen la Internet con la tarjetita porque aquí es más cara que en Estados Unidos, España, México, Chile y Francia, cortesía de la Sutel.

Si tienen un vehículo o motocicleta para trabajar, cuando paguen en la bomba con la tarjetita de débito, el Estado arrebatará a los pobres el 0,03% por comprar a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) la gasolina más cara del Istmo.

Para ir a una cita médica o cuando llueva mucho, si el pobre necesitara tomar un taxi y va al cajero a retirar el dinero para ello, el Estado le descontará un 0,03 % para sostener un oligopolio constituido por choferes a quienes también se les autorizan las tarifas sin estudios técnicos, cortesía de la Aresep, el CTP y los diputados.

La pizza de los domingos les saldrá más cara si piden servicio exprés y pagan con la tarjetita de débito, así como las bebidas, las palomitas de maíz, etc.

A eso sumen el impuesto sobre el valor agregado (IVA) empezado a cobrar por Netflix el mes pasado, porque la gente pobre también ve películas por streaming.

Aparte de todo lo expuesto, no olvidemos el efecto cascada en el resto de la economía, innecesario explicarlo aquí por cuanto quienes saben de la materia lo tienen claro.

CERRAR. Lo anterior de ningún modo debe interpretarse como una apología de las políticas Robin Hood. Las empresas pagan ya suficientes tributos y las necesitamos capitalizadas para crear empleos. Pedirles más es también un error grave.

El problema de Costa Rica reside en que el grueso del presupuesto se destina a salarios de los empleados públicos y al endeudamiento. La solución debe empezar por ahí, no terminar por ahí.

El garlito es “no hay otra salida”. No debemos caer en él. Sí, la hay. Ojalá los diputados salven al país, existen buenas propuestas de verdaderos expertos en economía, y ojalá el gobierno del PAC piense más como su fundador, quien planteó en el 2016 (¡hace cuatro años!) una solución al problema: CERRAR, cuyo significado es cerrar instituciones, eliminar duplicidades, reunificar funciones, redefinir rectoría, ahorrar recursos y reducir la pobreza.

Esta debe ser la consigna, no COBRAR, siglas de cercenar la inversión, obstaculizar el trabajo, barrer los logros sociales, reproducir la pobreza, alcahuetear el desperdicio y reprimir la economía, como pretenden los herederos de Ottón.

gmora@nacion.com

La autora es editora de Opinión de La Nación.