Jorge Cabrera Medaglia. 10 marzo

La repercusión adquirida por el derecho ambiental en las pasadas dos décadas merece reconocimiento. La normativa relacionada con la protección del medioambiente ha tenido un crecimiento exponencial no solo a escala internacional —mediante convenios y otros instrumentos legales—, sino también en Costa Rica. Vacíos en regulaciones, entre ellas para el cambio climático, han sido gradualmente subsanados a través de legislación.

No obstante, una crítica frecuente de comunidades, organizaciones no gubernamentales y el sector privado es que como el nuevo marco jurídico no se cumple apropiadamente, resulta finalmente poco eficaz para alcanzar los objetivos y cambios pretendidos.

Del profundo reporte de ONU-Ambiente lanzado a inicios del 2019 sobre el estado ambiental de derecho global, quizá la conclusión más relevante que presenta sobre la evolución y situación de la normativa ambiental radica en puntualizar lo que considera su gran carencia y reto futuro: el cumplimiento de inmensa cantidad de legislación promulgada en la mayoría de los países.

Epítome. Costa Rica tampoco escapa a estas críticas y reparos. Así, de conformidad con el último Informe estado de la nación, en el 2018, y durante el primer cuatrimestre del 2019, siguiendo la tendencia mostrada en períodos anteriores, se aprobaron leyes y, especialmente, decretos y resoluciones, de manera que continúa el incremento del ordenamiento ambiental.

Fueron aprobadas poco más 105 disposiciones de diversa índole (reglamentos, decretos, resoluciones, normas técnicas y directrices, entre otras), sin que dicha cifra sea exhaustiva.

Si consideramos los últimos 10 años, en los cuales el Estado de la Nación ha efectuado inventarios similares, la conclusión es que hemos alcanzado aproximadamente 1.000 regulaciones adicionales que engrosan el marco jurídico.

Asimismo, una enorme cantidad de estas corresponde al establecimiento de derechos, obligaciones, restricciones y prohibiciones, y crean trámites y procedimientos específicos para utilizar los recursos naturales y bienes ambientales.

Casi, ineludiblemente, surgen dos preguntas justificadas a la luz de las dificultades para el cumplimiento: qué tan eficaces son y, por ende, qué tan eficiente resulta, a fin de cuentas, el propio derecho ambiental.

Para responder apropiadamente, se ha propuesto generar, y aplicar a casos posibles, indicadores de efectividad que incluyan tanto la fase de diseño como la puesta en práctica, y mecanismos de denuncia al alcance de los interesados.

Posibles indicadores. Entre algunos aspectos que podrían tomarse en cuenta, cabe señalar:

Diseño o estructura: claridad y precisión de los mandatos; consistencia, congruencia y suficiencia de las normas; participación de interesados en la elaboración; evidencia científica apropiada (base técnica) para generar la norma; no discriminación de sectores; congruencia con otros derechos humanos no ambientales en el contenido.

Aplicación: competencias, información y recursos humanos, técnicos y financieros con que cuenta la administración encargada de hacer cumplir la norma; existencia de planes de aplicación y cumplimiento de la norma; reglamentos, manuales y lineamientos para orientar la ejecución; sensibilización y educación de los destinatarios.

Cumplimiento: mecanismos de acceso a la justicia adecuados, sean administrativos o jurisdiccionales; posibilidad de lograr la restauración o reparación del daño ambiental causado mediante procedimientos ágiles; imposición de medidas cautelares rápidas; impacto ambiental verificado en los bienes ambientales.

Ejercicios de evaluación. Con el fin de validar estos y otros potenciales indicadores en el contexto del Programa Estado de la Nación, se espera seleccionar y analizar componentes o artículos específicos, por ejemplo, el cambio en el uso del suelo o invasión de áreas de protección de cuerpos de agua, o bien casos prácticos y reales de relevancia nacional donde estén involucradas múltiples normas cuyo cumplimiento parece haber sido limitado.

Los resultados de este y otros ejercicios similares revisten importancia en la lucha contra la baja efectividad del derecho ambiental y mejorar, en definitiva, el despliegue de los beneficios esperados mediante la emisión de legislación para hacer frente a los cada día más apremiantes y urgentes problemas ambientales.

El autor es abogado.