Jorge Woodbridge. 7 septiembre

El crecimiento de los ingresos corrientes del Gobierno Central, en el primer semestre, fue un 0,8 % sin incluir los recursos obtenidos gracias a la amnistía.

Los gastos crecieron un 6,3 %. Si no logramos revertir la desaceleración, terminaremos el año con un crecimiento de apenas un 1,7 % o un 2 % del PIB.

En el 2020, si el gobierno controla las presiones de los sindicatos, las remuneraciones crecerán un 1,1 %, en contraste con el 4 % y el 5 % anteriores. El déficit presupuestario bajará del 8,1 % al 7,8 % del PIB; el déficit primario, del 3,6 % al 2,7 %; las remuneraciones, del 7 % al 6,9 %; los incentivos, del 3,2 % al 2,9 %; el gasto de capital aumentaría un 16 %; y las exigencias de caja mejorarán al reacomodar las amortizaciones.

Lo preocupante es que por más esfuerzo para obtener ingresos y disminuir gastos, el servicio de la deuda seguirá creciendo y, en el 2020, el 48 % del presupuesto lo consumirán costos financieros por ¢2,9 billones. Un crecimiento de ¢313.000 millones respecto al 2019.

La economía ha venido creciendo en los últimos 10 años con base en endeudamiento. El sector público debe ¢25 billones, el equivalente al 69,8 % del PIB, y para finales del año sería el 76 %.

Los pasivos del Gobierno Central crecieron un 16,5 % en el último año. Su deuda alcanza ¢19 billones; la del Banco Central, ¢2,5 billones; y el resto del sector público no financiero, ¢2,5 billones.

Entre junio del 2018 y junio del 2019, el Gobierno Central se endeudó en ¢2 billones, lo cual significó un crecimiento de un 14,6 %: un 77,6 % es deuda interna y un 15,6 %, externa. El gobierno y el Central disminuyeron este año el riesgo cambiario y mejoraron la estructura de vencimientos. A junio del 2019, el endeudamiento externo del sector público no financiero, cuyo principal actor es el Grupo ICE, tenía compromisos por ¢3,2 billones.

El gobierno, en los últimos tres años, solo un 12,6 % del endeudamiento lo ha dedicado a la inversión; el resto se lo comen los gastos ordinarios. Es una tristeza que, en lugar de invertir en infraestructura, hemos usado el 87,4 % del endeudamiento para más gastos y más gastos.

Confianza. Por la falta de confianza en la estabilidad del tipo de cambio y el futuro de las finanzas públicas, los inversionistas se han decantado por comprar títulos en dólares. En consecuencia, se agrava el riesgo cambiario de la deuda total. Deuda pactada, en su mayoría, para pagar tasas de intereses variables, las cuales han venido en aumento al pasar del 13, 5 % en el 2014 al 20,3 % en el 2019.

Este año Hacienda ha logrado mejorar el flujo de caja readecuando la estructura de la deuda. Para cerrar la brecha financiera, necesitará la aprobación legislativa de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $500 millones; de la Corporación Andina, por $350 millones; y la venta de los primeros eurobonos, por $1.500 millones. No obstante, las calificadoras Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s mantienen al país en una posición negativa.

En el 2015, los bonos por $1.000 millones a 30 años se colocaron al 7,15 %, se pagó un premio del 4,46 % adicional a los títulos del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo. Para mejorar las calificaciones de riesgo y reducir el costo de la deuda que nos está asfixiando, debemos generar confianza tomando medidas severas en el gasto y desarrollando los proyectos urgentes que reactiven una economía entrampada en centenares de leyes y trámites.

Presión. La reciente orden de la Contraloría a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de acatar la Ley 9635 y respetar la institucionalidad, es un hecho relevante. La resolución genera confianza en que todas las instituciones públicas no financieras deberán cumplir, al igual que el gobierno y los ciudadanos.

Otra excelente noticia fue la aprobación del gravamen a las pensiones superiores a ¢2,2 millones, así como poner fin a los abusos de los sindicatos por medio de las recientes reformas al Código de Trabajo que establecen claramente cuáles son los servicios públicos esenciales, fijan plazos a los tribunales para la declaratoria de legalidad, rebajan los salarios por los días no laborados en huelgas ilegales y determinan sanciones cuando los sindicatos impidan la libertad de tránsito o cometan actos que violen la libertad y los derechos del resto de los ciudadanos.

Esta reforma abre el uso del diálogo para llegar a acuerdos con los sindicatos sin la coerción utilizada en las más recientes huelgas.

Es prioritario eliminar el famoso enganche de los médicos y aprobar una nueva ley de salario único, justo y competitivo, para suprimir cientos de pluses que siguen disparando el gasto en el sector público.

Esperemos que el gobierno se mantenga firme y no ceda a las pretensiones de la CCSS, las universidades públicas, el Poder Judicial, las municipalidades y otras instituciones que hablan de una “autonomía” mal entendida.

Regla fiscal. Aun si la totalidad de las instituciones cumplen la regla fiscal, no será hasta el 2023 cuando la deuda se estabilice. No debe permitirse que en el Gobierno Central las anualidades se paguen en montos nominales y en otras instituciones sean porcentuales.

No es lógico un crecimiento de las remuneraciones ni de la deuda. No existe posibilidad de salir adelante si las medidas son cosméticas. La regla fiscal debe tener rango constitucional para que nadie se salga por la tangente.

Con gran esfuerzo, lograremos reducir el déficit, pero la tarea es muy complicada si no se reactiva la economía. Todavía falta poner plazos a exoneraciones, cerrar instituciones sin ninguna relevancia y fusionar otras, mejorar la calidad educativa y avanzar en una agenda de inclusión y prosperidad.

La confianza de los consumidores e inversionistas está en un punto muy bajo y tenemos que hacer algo para recuperarla. Más de 350.000 costarricenses están desempleados, la informalidad es casi un 45 % y la pobreza afecta a más de un millón de costarricenses. Hagamos los cambios necesarios y frenemos presiones de los grupos sindicales que nos han tenido secuestrados durante muchos años. Estamos muy lejos de la meta de estabilidad y de revertir el crecimiento de la deuda.

El autor es ingeniero.