Mientras escribía estas líneas, el presidente, Carlos Alvarado, recibía en Nueva York el máximo galardón en materia ambiental otorgado por la Organización de las Naciones Unidas: el Premio Campeones de la Tierra, en la categoría de liderazgo político.
Es la primera vez en entregárselo a un país entero, no a organizaciones o individuos por sus aportes al desarrollo sostenible desde diversos campos o trincheras.
Fue concedido por la trayectoria del país como protector de la naturaleza —entiéndase: la gran biodiversidad que poseemos— y por las estrategias ambiciosas contra el cambio climático, plasmadas especialmente en el Plan Nacional de Descarbonización, lanzado a inicios del año.
El reconocimiento es el resultado del trabajo de numerosas administraciones de distintos partidos políticos, individuos, empresas visionarias y organizaciones de la sociedad civil a lo largo de muchos años, y que, en definitiva, condecora un conjunto histórico de acciones y decisiones de política pública emprendidas en diferentes períodos.
Sería mezquino dejar de resaltar el liderazgo de la administración actual en promover una transformación en la economía por medio del Plan Nacional de Descarbonización, cuya puesta en práctica en el horizonte temporal falta por verse. Desconocer estos esfuerzos, visión y sacrificios efectuados por múltiples actores de la sociedad costarricense, sería incorrecto.
Desacuerdo válido. El premio ha generado reacciones diversas, y hasta contradictorias, con respecto al merecimiento a la luz de la situación real del ambiente nacional. Ambas posiciones poseen argumentos válidos y de peso.
Sin embargo, en primer lugar, debe hacerse énfasis en el efecto positivo que, además de aquellos relativos a la reputación nacional, ya de por sí bien calificada en esta área, es posible generar, como un potencial incremento del turismo —atraído, en gran porcentaje, por las áreas silvestres protegidas y otros esquemas de conservación de biodiversidad— y, eventualmente, ciertas actividades exportadoras de bienes y servicios asociadas a las condiciones y la imagen ambiental del país.
Lo anterior, inmerso en un creciente interés de los consumidores por preferir y adquirir productores alineados, cada vez más, con estándares reconocidos de sosteniblidad ambiental, justicia social y menos huella de carbono.
Adicionalmente, el galardón valora el esfuerzo por decidir utilizar una porción significativa del territorio a la conservación y al uso sin perjuicio para la biodiversidad.
El premio llegó en un momento oportuno, cuando surgen voces para regresar a actividades extractivas alejadas de este modelo, tales como la minería a cielo abierto, la exploración y explotación de petróleo y la pesca de arrastre, sobre las cuales el país ha tomado decisiones políticas o judiciales para restringirlas o prohibirlas.
Bienestar para unos, no para todos. Está claro que esta forma de desarrollo no siempre se ha traducido en oportunidades y calidad de vida para todos los sectores, en especial, para los territorios rurales y costeros.
Sin embargo, las críticas al galardón no son gratuitas. La frase, frecuentemente empleada en muchos contextos, “siempre se puede mejorar”, desconoce la magnitud de los retos para la sostenibilidad que afrontamos, los cuales subsisten con premio o sin él.
No son solo opiniones. Los datos e informes del Estado de la Nación, en su capítulo acerca de la armonía con la naturaleza, así como universidades, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales involucradas en la conservación lo han advertido desde hace años con pruebas científicas y datos.
Hace algún tiempo, en un artículo publicado en estas mismas páginas, sostuve que, mientras existe una Costa Rica pionera, innovadora y exitosa en la gestión ambiental, igualmente hay otra con una gran deuda en gestión integral de los residuos sólidos, incluido el plástico y aquellos de carácter especial y peligroso; en el tratamiento de los vertidos residuales a los cuerpos de agua y, en consecuencia, el país posee algunos de los ríos más contaminados de la región; en el ordenamiento ambiental del territorio y de adopción de planes reguladores, materia en la cual —paradójicamente— no pocas veces los obstáculos provienen del propio diseño y evolución del marco normativo e institucional que hemos generado.
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La otra Costa Rica hace uso excesivo de químicos sintéticos (plaguicidas, fertilizantes), que nos ubica en los primeros lugares del mundo en su empleo por hectárea para cultivos agrícolas; tiene una errática política y cambiantes decisiones en materia de conservación de recursos marinos, entre estos, los pesqueros; experimenta crecientes efectos negativos en los humedales como resultado de actividades productivas; ofrece limitado financiamiento para las áreas protegidas y registra débiles controles y protección contra acciones que afectan la biodiversidad, fuera y dentro de estas áreas, como ha señalado la Sala Constitucional en diversos fallos.
Para las personas y comunidades que viven y enfrentan día tras día estos y otros problemas, la descarbonización es una palabra desconocida y alejada de sus realidades cotidianas.
En conclusión, el premio es merecido y es de esperar efectos positivos en la política pública y la reactivación económica de algunos sectores, pero no cambia la realidad ambiental que debe ser atendida de manera decidida. En definitiva, ningún premio lo puede hacer.
jorgecmedaglia@hotmail.com
El autor es abogado.