Jorge Cabrera Medaglia. 14 noviembre

En agosto del 2013, la Sala Constitucional declaró con lugar una acción presentada contra varios artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura y ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) “no otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, ni renovar los vencidos ni tampoco reactivar los inactivos para la pesca de camarón con redes de arrastre de fondo”.

Deberíamos estar en capacidad, pese a las dificultades, para generar opciones viables que mantengan y mejoren la salud de los océanos, sus recursos y servicios ecosistémicos que presta, y, a la vez, brindar oportunidades dignas y equitativas para los pobladores de las costas.

La Sala consideró inconstitucional la técnica por tres efectos principales: sobre la llamada fauna de acompañamiento, por los daños a los fondos marinos y la afectación de las economías locales.

El método no es compatible con el denominado “desarrollo sostenible democrático”, concepto creado y definido en el citado voto.

Los magistrados señalaron también que la pesca de arrastre es contraria a los principios de justa distribución de la riqueza, de pesca responsable y al precautorio.

El voto, sin embargo, dejó abierta la puerta al restablecimiento cuando existieran estudios científicos para sustentar medidas eficaces a fin de evitar los tres perjuicios señalados y, basados en ellos, se aprobara una reforma que la permitiera.

Nuevo dispositivo. No transcurrió mucho tiempo para que una primera iniciativa, en febrero del 2014, fuera introducida a la Asamblea Legislativa: la Ley para el ejercicio sustentable de la pesca semiindustrial camaronera en Costa Rica, que pretendía volver al arrastre mediante la utilización de un dispositivo excluidor de peces, como medida para solventar algunos de los problemas ambientales causados por este tipo de pesca.

Desde el voto, la pesca de arrastre ha ido y venido a la Asamblea. Diversos proyectos de ley, algunos puntuales y otros sumamente detallados, se han presentado y se han anulado resoluciones de la Junta Directiva del Incopesca, cuyos funcionarios han sido clientes asiduos de la Sala, tanto por quienes se oponen a ella como por quienes buscan la reactivación, y de los tribunales contenciosos, con resoluciones no totalmente coincidentes en cuanto a su alcance.

Asimismo, ha sido objeto de directrices presidenciales, mesas de diálogo y otros procesos similares, no exentos de controversias.

Específicamente, a raíz del voto del 2018, la Sala Constitucional, así como de un fallo, aunque no idéntico, del contencioso-administrativo, dispuso que el Incopesca debe llevar a cabo los estudios técnicos requeridos para reanudar la pesca de arrastre, si esta es posible emprenderla, y mediante una ley para otorgar las respectivas licencias.

Posteriormente, en enero del 2019, el Departamento de Desarrollo e Investigación Pesquera del Incopesca presentó un estudio, el cual concluye con recomendaciones para permitir la técnica bajo determinadas condiciones y tecnología.

El estudio ha servido de base para el contenido y promoción del proyecto de ley 21478, dictaminado afirmativamente por la mayoría de los miembros de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, y proseguiría su trámite para ser votado en el plenario.

Conflicto judicializado. Lo anterior convierte este conflicto en uno de los más judicializados de los tiempos recientes. Decisiones ambientales controversiales y relevantes quedan en manos de jueces con la expectativa de que sean ellos quienes terminen dirimiendo peligros socioambientales.

Paradójicamente, pese a que de todo este largo trajinar ha quedado claro que los estudios científicos son determinantes para sustentar una reforma legal, el propio informe del Incopesca reconoce las debilidades, insuficiencias, limitaciones y la necesidad de realizar más investigación que posibiliten contar con información completa y concluyente.

Criterio similar han expresado otros actores, entre ellos la Universidad de Costa Rica, la Procuraduría General de la República, el Minae como ente rector del sector marítimo, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, organizaciones no gubernamentales y grupos de pescadores, quienes así lo han manifestado por escrito a la Comisión de Agropecuarios.

Al final, los políticos promotores de la iniciativa, y quienes se oponen a ella, tienen claro que le corresponderá a la Sala determinar si el proyecto de ley respeta lo preceptuado en el voto de agosto del 2013 y el modelo de “desarrollo sostenible democrático”, por lo cual todas las miradas se concentrarán en lo que resuelva este órgano jurisdiccional.

Mientras ello no ocurra, las demandas y expectativas de los sectores de la cadena de pesca afectados, incluidos mujeres peladoras de camarón y pescadores, no encontrarán una respuesta definitiva.

El Estado posee una gran cantidad de entidades y órganos —sociales, de apoyo productivo, educativos, financieros y ambientales—, algunos, incluso, como la Unidad Coordinadora y Ejecutora del Golfo de Nicoya, constituidos para atender esta delicada problemática.

Deberíamos estar en capacidad, pese a las dificultades obvias derivadas de factores como el limitado nivel de escolaridad y la dependencia de la pesca de los afectados, para generar opciones viables que mantengan y mejoren la salud de los océanos, sus recursos y servicios ecosistémicos que presta, y, a la vez, brindar oportunidades dignas y equitativas para los pobladores de las costas.

Sin duda, el mensaje de la sostenibilidad es más difícil de explicar cuando las oportunidades escasean y la desigualdad aumenta.

El autor es abogado.