Iván Molina. 13 septiembre

Aunque desde antes de 1973 los periódicos costarricenses informaban esporádicamente de la práctica del aborto en el país, fue solo en ese año que se produjo la primera polémica pública sobre el tema.

La razón de que ocurriera así se explica porque, en enero de 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció en el sentido de que la Constitución de ese país protegía el derecho de abortar que tenía toda mujer embarazada.

Con esta decisión, Estados Unidos, líder del mundo libre durante la Guerra Fría (1945-1991), equiparó los derechos de las mujeres estadounidenses con los de sus contrapartes de la Unión Soviética, donde el aborto se legalizó de manera definitiva en 1955.

Una de las pocas voces discordantes defendió el punto de vista de que “legalizar el aborto” significaba “darle libertad a la mujer de decidir por ella misma” y proporcionarle una atención médica adecuada para que su vida no corriera peligro.

El 24 de enero de 1973, La Nación informó sobre lo acaecido en Estados Unidos y señaló que mientras la Organización Nacional de Mujeres de ese país aplaudía el fallo judicial, la Conferencia Nacional de Obispos Católicos la consideraba “una execrable tragedia”.

Planificación. No se conoce todavía cómo la legalización del aborto en Estados Unidos impactó, en lo inmediato, en los distintos sectores de la sociedad costarricense, pero el interés que despertó tal asunto se vislumbra ya en un reportaje sobre planificación familiar que la periodista Norma Loaiza publicó a finales de febrero de 1973.

A partir de la consulta a varios especialistas, Loaiza destacó que la natalidad había decrecido significativamente en el país durante la última década como resultado principalmente del uso de anticonceptivos.

También resaltó, a partir de una entrevista hecha a Miguel Gómez, investigador de la Universidad de Costa Rica, que en esa disminución la práctica del aborto había sido un factor de “menor importancia”.

Si bien en ese reportaje se minimizó el fenómeno del aborto en el país, el Comité Nacional de Población (Conapo), a finales de julio de 1973, consideró conveniente aclarar que rechazaba la interrupción del embarazo como método de planificación, ya que lo consideraba un flagelo social al que se recurría como “medida extrema y desesperada”.

Dicha resolución fue dada a conocer cuando en el país se discutía precisamente la aprobación de un código de familia que procuraba reforzar los derechos de las mujeres, eliminar prejuicios y que “la familia patriarcal” asumiera “cada vez más la categoría de recuerdo”.

Orlich. Casi dos meses después, empezó a evidenciarse que existía algún apoyo para legalizar el aborto en Costa Rica. El 21 de setiembre de 1973, el ministro de Salubridad Pública, José Luis Orlich, dio unas declaraciones que contradecían el reportaje de Loaiza y desafiaban la resolución de la Conapo.

Según Orlich, la práctica del aborto había crecido extraordinariamente, ya que solo en San José había “por lo menos 40 clínicas clandestinas” en las que las muchachas se sometían “a peligrosos tratamientos para eliminar embarazos no deseados”.

De inmediato, el ministro se pronunció a favor de flexibilizar las “reglas sociales” para no estigmatizar a las madres solteras e indicó que tanto las jóvenes en esa condición como el aborto eran “situaciones" que se veían "con sencilla naturalidad en otros países”.

A la pregunta de si estaba de acuerdo con legalizar el aborto en el país, Orlich cautelosamente respondió: “Creo que nuestra Iglesia católica debe decir la última palabra sobre el particular. Considero que en última instancia la conciencia nacional ha de decir si debe legalizarse o no el aborto. Me limito a comentar, únicamente, que este constituye ya un grave problema”.

Legalización. Al día siguiente, 22 de setiembre, un grupo de médicos, cuyos nombres no fueron revelados, manifestaron que, en razón de lo extendida que estaba la práctica, el aborto clandestino en el país constituía un verdadero problema de salud pública.

Para estos especialistas, la interrupción del embarazo, en los primeros 45 o 50 días, no constituía “una operación compleja”, pero los casos se complicaban cuando la persona que efectuaba el procedimiento usaba instrumentos que no habían sido “cuidadosamente esterilizados”, lo cual podía “producir una infección de graves consecuencias”.

Señalaron, además, que un aborto provocado después de tres meses podía resultar en una hemorragia gravísima, y afirmaron que, de persistir tales prácticas ilegales, se consentiría una situación que ponía en riesgo “a muchas jóvenes”.

Criminalización. Frente a esa tácita propuesta de legalización, la respuesta fue criminalizar el aborto, como lo hizo el médico Esteban López Varela, quien manifestó en un artículo publicado el 25 de setiembre que la interrupción del embarazo era un “horrendo crimen inadmisible” y una práctica “monstruosa".

La respuesta de Orlich fue que el ministerio a su cargo no promovía la legalización, pero que el aborto clandestino, al haberse extendido tanto en la última década, se había convertido en un problema de salud y como tal debía ser tratado.

En vez de aplacar el descontento, las nuevas declaraciones del ministro alimentaron la polémica. El médico y diputado Longino Soto Pacheco afirmó que legalizar el aborto “sería un factor decisivo en el aumento de la prostitución”.

A su vez, el profesor Alberto Freer Jiménez asoció la legalización del aborto con el paganismo e insistió en que “en Cristo” debíamos “tener el modelo (...) sin hipocresías, y perfeccionándonos en la justicia, en el amor y así lograr una sociedad mejor para un mundo mejor”.

Willy Feinzaig, también médico, se distanció de las posturas condenatorias y clamó por que el asunto del aborto fuera objeto de “un análisis concienzudo de diferentes personas y entidades” que tuvieran “algún conocimiento o interés al respecto”.

Repudio. Precisamente porque Orlich, Feinzaig y otros médicos se pronunciaron a favor de estudiar lo más objetivamente posible la interrupción del embarazo, la Conferencia Episcopal, en un documento fechado el 26 de setiembre de 1973, procuró cerrar toda vía a un debate razonado, al calificar el aborto de “crimen espernible” y al repudiar aun aquel que era practicado “por razones terapéuticas”.

Simultáneamente, el Centro de Orientación Familiar organizó una mesa redonda, cuyos participantes coincidieron en que el aborto era un crimen y afirmaron que tal práctica era resultado de la ausencia o ineficiencia de la educación sexual.

En este contexto, el estudiante de Medicina Stephen Weiss fue una de las pocas voces discordantes, al defender el punto de vista de que “legalizar el aborto” significaba “darle libertad a la mujer de decidir por ella misma” y proporcionarle una atención médica adecuada para que su vida no corriera peligro.

A inicios de octubre, el veterinario Marco A. Ríos Terán indicó que legalizar el aborto y el homosexualismo era una política viable en los países nórdicos y eslavos, por su carácter “frío y flemático”, pero no en la tropical Costa Rica, donde prevalecía un temperamento “exacerbado y cálido”.

Poco después, la parroquia de Tres Ríos reprodujo en un volante el “Diario de una niña que no nació”, un texto originalmente dado a conocer en inglés en Albany, Nueva York, en 1970, y, desde entonces, ampliamente utilizado para acusar de asesinas a las mujeres que abortaban.

El 19 de octubre de 1973, el viceministro de Salubridad Pública Óscar Alfaro indicó que los adversarios de la legalización del aborto podían estar tranquilos, ya que no había proyecto alguno “en tal sentido para ser puesto en conocimiento de la Asamblea Legislativa”.

Con la aclaración de Alfaro, se cerró, hace casi medio siglo, la primera polémica sobre el aborto en Costa Rica. Durante ese proceso, hubo un claro predominio de quienes anteponían sus creencias religiosas y sus arraigados prejuicios a los derechos y la salud de las mujeres costarricenses, exactamente como ocurre ahora.

El autor es historiador.