Ronulfo Jiménez. 2 junio

Las políticas sanitarias han permitido a Costa Rica enfrentar exitosamente la pandemia de covid-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

La pandemia, sin embargo, sorprendió al país en condiciones muy difíciles: lento crecimiento económico, alto desempleo y una gran penuria fiscal que impide una adecuada respuesta para amortiguar los efectos de la crisis económica.

La actual crisis económica, agravada por la pandemia, está golpeando fuertemente las finanzas del Gobierno Central porque redujo la recaudación de impuestos y aumentó la necesidad de gastar.

Desde el 2009, el Gobierno Central ha venido acumulando elevados niveles de déficit fiscal, los cuales se han transformado en una deuda pública cuantiosa y costosa, la cual pone en riesgo la capacidad del Estado para enfrentar sus obligaciones y cumplir sus objetivos de estabilidad, crecimiento y equidad.

La Asamblea Legislativa aprobó en el 2018 una reforma fiscal (Ley 9635) con el propósito de fortalecer la capacidad financiera gubernamental.

La reforma incluyó, a la vez, un aumento de impuestos y una reducción de gastos. Lo segundo pretendía controlar el aumento de los salarios de los empleados públicos. La ley estableció también la regla fiscal para contener el crecimiento del gasto corriente.

La reforma fiscal aprobada fue un paso significativo para resolver el problema fiscal. Tuvo el mérito de incluir medidas para disminuir el crecimiento del gasto, algo que no tuvieron los anteriores intentos llevados a la Asamblea.

Amarrada. La reforma aprobada no fue suficiente, lamentablemente, para corregir el problema fiscal. En los primeros años de aplicación, se esperaba que el nivel del déficit del Gobierno Central oscilara entre el 5 % y el 6 % del PIB y la reducción del peso de la deuda pública en la economía comenzara después del 2023, en el supuesto de un cumplimiento estricto de la regla fiscal.

En otras palabras: la reforma fue insuficiente e incierta por depender del grado de cumplimiento de la regla fiscal.

Recientemente, una gran mayoría parlamentaria, con el apoyo del Poder Ejecutivo, decidió excluir los gobiernos locales de tal cumplimiento.

Esto adicionó dudas sobre la voluntad y capacidad del sistema político de Costa Rica para cumplir la promesa de contener el gasto corriente.

Desafortunadamente, la actual crisis económica, agravada por la pandemia, está golpeando fuertemente las finanzas del Gobierno Central porque redujo la recaudación de impuestos y aumentó la necesidad de gastar.

El anterior ministro de Hacienda expuso hace unas semanas los números fiscales. Antes de la covid-19, el déficit fiscal previsto representaba un 6,2 % del PIB, pero con la emergencia de la pandemia asciende a un 8,6 %.

En el 2020, la Tesorería Nacional necesitará contar con un monto de $7.700 millones para pagar el déficit incurrido durante el año y, también, para amortizar la deuda que viene del pasado.

Más deuda. El gobierno central, posiblemente, hará frente a sus necesidades financieras gracias al endeudamiento con organismos multilaterales que han decidido apoyar a países emergentes y en desarrollo.

En el caso de Costa Rica, estas entidades son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

No obstante lo anterior, hay dos riesgos. Primero, el nuevo déficit proyectado para el 2020 podría ser mayor, debido a la presión de ciertos grupos cuya pretensión es la reducción, eliminación o posposición de impuestos y un aumento del gasto.

Segundo, la estrategia del 2020 difícilmente se repetirá en el 2021 porque los organismos multilaterales no seguirán financiándonos en forma indefinida y porque nuestros niveles de deuda se dispararían fuertemente.

Además, será difícil colocar nuevos bonos en el mercado financiero internacional, dados los riesgos actuales debidos a nuestra situación fiscal.

Opciones. Ante este panorama, ¿cuáles son las opciones? Tenemos tres.

No hacer ningún ajuste al tamaño del déficit. El resultado sería un gobierno sin capacidad de cumplir sus obligaciones y los inversionistas dejarían de prestarle. Esta opción ampliaría la crisis y el costo social sería similar al producido en los años ochenta.

Hacer el ajuste solos. Las fuerzas políticas tendrían que buscar un acuerdo para reducir el déficit fiscal por medio de un aumento de impuestos (mejor recaudación y nuevos gravámenes), reducción de gastos, venta de activos y una reingeniería financiera a la deuda pública.

Por la magnitud del problema, habrá que echar mano a todas las medidas antes mencionadas y ejecutarlas en forma inmediata con el fin de ganar credibilidad y que no sean solo promesas.

Desde luego, las medidas tendrían, por un lado, un costo político, porque son impopulares, especialmente cuando se acerca la contienda electoral, y, por otro, un gran costo recesivo cuando la economía se ve perjudicada por la pandemia.

Sin embargo, cabe señalar que los costos de la primera opción (no hacer nada) serían mayores.

Un ajuste apoyados en un convenio con el FMI. Sería similar a la segunda opción, pero el programa de reducción del déficit y otras reformas económicas tendrían que ser negociadas con el FMI.

Lo anterior facilitaría obtener recursos prestados del FMI para afrontar los costos, daría más credibilidad a la reforma en los mercados internacionales para conseguir financiamiento y permitiría ejecutar el programa en 2 o 3 años, en vez de tener que hacerlo en forma inmediata.

La desventaja, desde luego, sería que para algunos grupos la sola mención del FMI resulta motivo de gran polémica.

Estas son las tres opciones que tenemos enfrente. Podríamos soñar con soluciones mágicas, pero, lamentablemente, el margen de acción fiscal, estrecho al inicio del año, hoy, prácticamente, no existe.

A esta gran penuria fiscal hemos llegado porque hemos procrastinado las soluciones a lo largo de una década y ahora, en plena crisis mundial, los costos de la solución serán elevados e inevitables.

El autor es economista.