Jorge Woodbridge. 17 septiembre

Celebramos 198 años de disfrutar una verdadera y dinámica democracia, llena de vicisitudes propias de su diversidad social, política, cultural y económica. Democracia que se debate entre crecientes demandas, discusiones, crisis social y problemas estructurales y de gobernabilidad.

Los últimos 15 años han sido una lenta agonía para los partidos tradicionales, debido a una disfuncionalidad, producto de sus decisiones económicas, políticas y sociales, amén de escándalos éticos.

La situación se ha vuelto muy complicada, pero no imposible de revertir si se alcanzan acuerdos nacionales para resolver la situación económica y social. De esa manera, los jóvenes de hoy y los del futuro heredarán una Costa Rica que les brinde oportunidades.

No hay duda de que poco lograremos para la reactivación si no hacemos reformas para agilizar la economía, contraer el gasto, aumentar la eficiencia, simplificar trámites, reformar la contratación administrativa, unificar las compras públicas y ordenar el empleo público.

Para lo anterior, precisan liderazgos, partidos políticos sólidos y programas claros. Necesitamos una lista de cuáles cambios deben hacerse para volver a crecer, creer y tener una sociedad próspera e incluyente.

En 1948, iniciamos una carrera sin límites por crear diferentes instituciones mediante figuras jurídicas muy creativas. Instituciones fundadas sin establecer claramente sus objetivos ni de dónde saldrían sus ingresos. Por si fuera poco, se les estableció una expectativa de vida casi finita.

Cada gobierno se ha vanagloriado de sus creaciones y genialidades, pero ninguno analizó a conciencia los resultados y sostenibilidad en el tiempo. Solo el Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco Anglo Costarricense han sido cerrados en las últimas dos décadas. Siempre ha sido mala palabra hablar de reingeniería o alianzas público-privadas a Fanal, ICE, Racsa, CNFL, Japdeva, Recope y otras instituciones urgidas de una transformación y de ser competitivas si desean sobrevivir sin subsidios o impuestos.

La discusión ha sido la viabilidad de decenas de entes estatales, pero nadie se atreve a venderlos o a cerrarlos. Directores y presidentes ejecutivos han cedido en forma irresponsable a las demandas irracionales de sus sindicatos, sin evaluar las consecuencias futuras. Instituciones se han convertido prácticamente en pequeños feudos y hacen cada vez más compleja su gobernabilidad.

Fusionar. Para conseguir eficiencia y recortar gastos innecesarios, las 76 instituciones adscritas al Gobierno Central deben fusionarse.

Fusiones que derivarían en economías de escala en servicios de proveeduría, asesoría legal, recursos humanos, planificación, presupuesto, tecnología, recepción, archivo, contabilidad y otros.

Solo el Ministerio de Cultura tiene 15 órganos escritos, Salud 9, Justicia 9, el MOPT 6, el MAG 6, el MEP 5, el Ministerio de Trabajo 4, Hacienda 3, el MEIC 3, la presidencia 2 y el Mideplán 1.

Esas instituciones deben integrarse para recortar gastos, evitar la duplicidad de funciones y los problemas de comunicación, gobernabilidad y funcionamiento.

Contratación administrativa. Es necesario acelerar la aprobación del proyecto de ley elaborado por la Contraloría General de la República para reformar la Ley de Contratación Administrativa.

El plan simplifica el control previo, facilita la operación de las pymes, mejora procedimientos, define nuevas normas para los contratos de obras públicas y servicios, le da al Poder Ejecutivo la rectoría para regular las condiciones de compras de forma transparente, ahorra dinero al Estado, fortalece la planificación y establece normas muy estrictas en el campo ético y el control ciudadano.

Compras públicas. Todavía decenas de instituciones se resisten a incorporarse al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Solo 215 entidades de las 331 lo utilizan.

Falta el ICE para incluir las compras con dinero procedente de créditos externos de órganos internacionales. Las juntas de educación y administración y los centros de nutrición deben también usar Sicop.

En el 2018, el 80 % de las instituciones ya estaban conectadas a Sicop; no obstante, el monto solo significa ¢283.000 millones de ¢5 billones de las compras de todo el sector público.

La puesta en operación del Sicop va a reducir los altos costos y transparentar las transacciones efectuadas por todo el aparato estatal.

Estandarización, procesos simples y eficiencia son claves. Llevamos nueve años en este proyecto y todavía hay entes divorciados del sistema.

Gobierno digital y trámites. Debe ser una prioridad reformar la Ley 8220 y obligar a todo el sector público a digitalizar sus procedimientos.

En la actual maraña de instituciones, estamos atorados. No habrá reactivación si antes no simplificamos la tramitomanía.

Hoy, se dura hasta 400 días en la instalación de un proyecto de inversión. No podemos hablar de transparencia si no simplificamos los creativos trámites que cada día generan más costos e informalidad.

No puede ser que al sistema digital APC, para otorgar permisos de construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, no estén incorporadas las municipalidades. Tampoco es aceptable que para formalizar una empresa deban presentarse papeles y certificaciones.

Estamos en la era digital y seguimos firmando solicitudes. Nadie respeta la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites, de cumplimiento en la Administración Pública.

Ha sido imposible que las instituciones acepten tener todos los requisitos en línea. Vivimos enamorados de los papeles. No hay plazos, y lo triste es que la Ley 8220 no contiene sanciones por el incumplimiento de funcionarios o instituciones.

Cada institución tiene su propio centro de cómputo y nadie cree en los servicios compartidos de almacenamiento, programación y ciberseguridad.

Estamos frente a una preocupante contracción de la economía. Nuestro endeudamiento llegará a final de año al 76 % del PIB y, en el 2020, el 48 % del presupuesto del Gobierno Central se destinará a pagar intereses.

Para este año, el Banco Central tuvo que ajustar sus proyecciones de obra pública. Desde el 2015, la formación de capital fijo y la inversión han venido decreciendo en varios trimestres y seguimos atrapados en problemas de diseño, ejecución, licitaciones, obras paralizadas, expropiaciones, planos y brechas entre presupuestos y costos reales.

En el primer semestre, el sector privado de la construcción mantiene una contracción del 10 %, la agricultura todavía no se mejora y la manufactura local está estancada. Solo las empresas en zonas francas y los servicios muestran una leve mejoría.

Cabe reconocer la labor del gobierno y el Congreso. Se han logrado grandes cambios en el reglamento legislativo, la promoción de la competencia, regla fiscal, educación dual y otras leyes que son el camino correcto para generar más confianza y estabilidad.

Pero no hay duda de que poco lograremos para la reactivación si no hacemos reformas para agilizar la economía, contraer el gasto, aumentar la eficiencia, simplificar trámites, reformar la contratación administrativa, unificar las compras públicas y ordenar el empleo público.

Hay que hacer una reingeniería más profunda en el sector público. Todos debemos someternos a las reglas fiscales, sin excepción, y acabar con los odiosos pluses y pensiones de privilegio, que siguen presionando el gasto. Solo así los jóvenes tendrán confianza en que el futuro es promisorio, que podrán tener empleos de calidad y vivir el bienestar que tanto anhelan.

El autor es ingeniero.