Eli Feinzaig.   9 julio

Confieso que, a pesar de haber leído hace más de una década el ensayo titulado El mito del neoliberalismo, donde Enrique Ghersi explora el origen y uso del término neoliberal, nunca he sabido a qué se refiere la gente cuando lo usa, ni mucho menos he entendido qué es ser neoliberal.

Dudo que quienes lo usan como figura retórica y hombre de paja para descalificar políticamente a los liberales —su uso más común— hayan siquiera leído a Ludwig von Mises, ni mucho menos sepan que, cuando hablaba en la década de los veinte del neuen Liberalismus (nuevo liberalismo, en su alemán natal), se refería a los socialistas de su época que se hacían pasar por liberales, los predecesores de la socialdemocracia, en contraposición al älteren Liberalismus (viejo liberalismo) que usaba para referirse a los liberales clásicos.

Tampoco sabrán de Alexander Rüstow, a quien se atribuye haber acuñado el término (neoliberalismus) durante el coloquio liberal convocado por Walter Lippman, de quien tampoco habrán oído hablar, en 1938.

Pero dejemos las disquisiciones intelectuales de lado y adentrémonos en el mundo terrenal del debate público en nuestro país.

Como decía, nunca he entendido de qué va el tal neoliberalismo, y cada vez que me he enfrascado en una discusión razonable —no los pleitos de cantina típicos de las redes sociales— con alguien que me lanza el neoliberal como epíteto, me he quedado sin recibir respuesta a la pregunta con respecto a qué, exactamente, se refieren.

Epifanía. Todo cambió recientemente gracias a una muy interesante conversación telefónica que sostuve con don Ottón Solís. En algún momento durante la conversación, Ottón utilizó el término para referirse a algunos personajes —no liberales, a mi juicio— del escenario político nacional, ocasión que aproveché para pedirle que me explicara lo que él entiende por neoliberalismo.

Más que enfrascarse en consideraciones de tipo ideológico o filosófico, Solís me hizo un mapa histórico-cronológico de lo que, para él, se considera el período neoliberal de la política costarricense: desde la firma del primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), en 1985, hasta el final del último gobierno del bipartidismo, en mayo del 2014.

Ajá, me dije, la larga noche neoliberal que tanto desveló a José Merino, y hoy le quita el sueño a su delfín, José María Villalta, de quien dudo lea estas líneas porque, según me cuentan quienes lo conocen, proclama a los cuatro vientos no saber quién soy. Vaya paradoja.

Ottón me confesó, con su característica franqueza que ni siquiera entiende por qué se refieren a dicho período como el del neoliberalismo, pues, en sus palabras, no tuvo nada de liberal.

Como prueba, me remitió al análisis del crecimiento del andamiaje estatal durante los diferentes períodos de la historia patria y, en particular, a la proliferación que se dio en las casi tres décadas de esa “larga noche neoliberal”.

Noche en vela. En Costa Rica existen 322 instituciones públicas de distinta naturaleza jurídica, según un listado publicado por Mideplán en marzo de este año. Entre ellas, se cuentan las 82 municipalidades, 8 concejos municipales de distrito y 33 colegios profesionales que, si bien no son parte del aparato estatal, se incluyen por ser entidades de interés público creadas por ley.

He optado por excluir estas tres categorías, y quedan un total de 199 instituciones, que son las que me interesa analizar.

De esas 199 instituciones, 96 fueron creadas en los 164 años transcurridos desde la independencia hasta 1984, a un promedio de 0,6 entidades al año.

En los siguientes 29 años, los de la “larga noche neoliberal”, fueron creadas 102 instituciones. Esto es un ritmo de 3,5 entidades nuevas anuales.

Ni siquiera el período del estado benefactor vio tanto activismo legislativo devenido en parto institucional. Entre 1948 y 1984 (fechas espeluznantemente orwellianas), desde el comienzo de la Segunda República hasta el advenimiento del período neoliberal, según la definición de Ottón, vieron la luz del día 75 nuevas entidades, para un promedio de 2 cada año.

Dos cosas quedan claras de este análisis. Primero, no es cierto que en el período “neoliberal” se diera el tan cacareado desmantelamiento del estado de bienestar, manido concepto habitual y recurrente en el trasnochado discurso de la izquierda criolla, desde los sectores más recalcitrantes de la socialdemocracia hasta los extremos del Frente Amplio y Pueblo Unido, pasando, por supuesto, por una dirigencia sindical que ha perdurado mucho más que esa “larga noche neoliberal” que tantas agruras le provoca.

La narrativa victimista de la izquierda no solo se tropieza en el ritmo de crecimiento del aparato estatal. Dos reformas al artículo 78 de la Constitución Política permitieron duplicar la inversión pública en educación, como proporción del PIB (muchísimo más en términos absolutos).

La primera, en 1997, fijó en el 6 % del PIB la obligación estatal de invertir en educación; para esa época se destinaba alrededor del 4 % anual. Luego, en el 2011, una segunda reforma elevó dicho compromiso al 8 % que hoy conocemos.

Al tiempo que lo anterior sucedía, la inversión pública en salud se mantuvo constante, en alrededor del 6 % del PIB, y la inversión total (pública más privada) en el vecindario del 8 %, cifras nada despreciables.

No fue sacrificando la salud pública como se incrementó el gasto en educación. Tampoco se sacrificó el combate a la pobreza.

Pobres fuera de la ecuación. Como nos lo recuerda el propio Ottón en la exposición de motivos de su proyecto de ley CERRAR, con el cual pretendía fusionar más de 20 entidades en un ministerio de asistencia social, “del 2010 al 2015 los recursos destinados a combatir la pobreza se incrementaron en términos reales en un 14,5 %”. A pesar de ello, agrega Solís, “la población afectada por pobreza extrema pasó de un 5,8 % del total de la población a un 7,2 %”.

Es falso que el estado benefactor, el Estado social de derecho o como quieran llamarlo, haya sido desmantelado durante la mal llamada larga noche neoliberal. Por el contrario, creció como metástasis, al punto de casi estrangular al país.

No fue que se dejó de invertir en lo fundamental: se incrementaron los recursos, pero se invirtieron cada vez más mal, como lo evidencian —prepandemia— el estancamiento de la tasa general de pobreza, las largas listas de espera para citas médicas e intervenciones quirúrgicas en la Caja, el 47,1 % de los trabajadores excluidos de la cobertura de salud y el retroceso en el desempeño de nuestros jóvenes alumnos en las pruebas PISA.

La segunda conclusión es que, lo que sea que entiende la gente por neoliberalismo, no guarda relación con el verdadero liberalismo, que promueve, entre otras cosas, la necesidad de un Estado pequeño y eficiente que garantice el acceso ciudadano a servicios de calidad (salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura), sin constituirse en un obstáculo para la actividad productiva del país, mayoritariamente en manos del sector privado.

Bien haríamos los costarricenses en reconocer la diferencia.

El autor es economista.