Rolando Guzmán Calzada. 12 agosto

En 1966, se le transfirió a Japdeva la responsabilidad de administrar los muelles de la costa caribeña y, desde entonces, los sindicatos se convirtieron en amos y señores del inmueble, pusieron candado a los muelles cada vez que se les antojaba un capricho, la convención colectiva ha sido un monumento de privilegios y gollerías, se perdieron miles de millones de colones en huelgas y tortuguismo, los políticos de turno cedieron ante sus demandas y lograron la deshonrosa distinción de colocarse en el puro fondo de los ránquines de muelles más ineficientes de Latinoamérica.

Ante tanta incompetencia y altanería, finalmente se tomó la decisión de concesionar la operación de los muelles. Acto seguido, los sindicatos montaron una férrea lucha para no soltar el negocio. En el gobierno de Óscar Arias, se hizo el ofrecimiento de una millonaria indemnización a los empleados de Japdeva a cambio de permitir la concesión de los muelles de Moín y Limón. La oferta final fue de $137 millones (¢80.000 millones) que serían repartidos entre 1.334 trabajadores a los que les corresponderían ¢4 millones por cada año de servicio, sin contar las prestaciones de ley que en ese entonces estaban fijadas en 20 años. Además, se ofreció una “pensión juvenil” para jubilarse a los 50 años de edad.

Resoluciones. Los dirigentes gremiales no aceptaron tan jugosa oferta y demandaron la abultada y ridícula suma de $700 millones, por lo que la negociación se cayó y se decidió dejar los muelles en manos de los sindicatos, y concesionar un muelle nuevo, con funcionamiento ininterrumpido durante los 365 días del año, durante 33 años, por un monto de inversión de $1.000 millones.

En marzo del 2015, se inició la construcción de la terminal de contenedores de Moín, luego de casi tres años de atrasos debido a la oposición del sindicato de Japdeva, la lentitud de Setena y una serie de recursos de amparo. Anticipando lo que se venía con el inicio de la construcción de la terminal, en el gobierno de Laura Chinchilla se reservaron ¢15.000 millones en un fondo para liquidar a 900 empleados una vez que APM Terminals entrara en operación.

Lamentablemente, en la administración Solís Rivera se cometió la imprudencia de malgastar ese dinero comprando dos grúas pórtico que costaron $16 millones, a sabiendas de que se iba a dar una disminución del 79 % del volumen de la carga apenas entrara la nueva terminal a trabajar.

Tropiezos. Cabe señalar que, ante cuestionamientos de los diputados, la exjerarca de Japdeva reconoció recibir instrucciones del entonces presidente Luis Guillermo Solís de comprar las dos grúas, como parte de un acuerdo para levantar la huelga de 43 días a finales del 2014. La gestión del gobierno Solís Rivera fue tan incompetente que Japdeva lleva cinco años consecutivos acumulando pérdidas por ¢9.600 millones operando en monopolio.

El actual gobierno, ahora con el agua al cuello, ofrece una prejubilación a 277 trabajadores mayores de 55 años, la cual tendrá un costo de ¢17.000 millones e incentivos adicionales de hasta ocho salarios, aparte de las prestaciones correspondientes. El sindicato de Japdeva rechazó la oferta a pesar de que la empresa está quebrada y necesita una inyección de ¢2.500 millones mensuales para pagar salarios.

Las penurias económicas han llegado al punto de tener que enviar a la mayoría de los empleados a tomar el 26 de julio como feriado encajonado para así ahorrarse ¢45 millones en electricidad, combustible, alimentación y aire acondicionado.

La situación de Japdeva es muy cruda y reveladora, tanto el gobierno como los diputados deben tomar las decisiones correctas con premura. El panorama es el de una compañía arruinada que debe reducir su planilla dramáticamente. Entretanto, se debe dar la orden de que a los 950 trabajadores no indispensables para la operación normal se les siga pagando el salario sin presentarse al trabajo, así la institución se podría ahorrar cerca de ¢1.000 millones al mes.

Se debe aprobar en el Congreso, con carácter de urgencia, los ¢18.000 millones requeridos para liquidar o jubilar a los 950 trabajadores, así como concesionar la operación del muelle de Moín y otorgar el alemán para hacer una marina, un puesto de atraque de cruceros con tiendas, restaurantes y hoteles, lo cual generaría ingresos a Japdeva para invertir en Limón.

Resulta realmente preocupante que para la administración no sean suficientes 50 años de fracasos del modelo del Estado empresario y que pretenda seguir asignando proyectos y nuevas responsabilidades no solo a Japdeva, sino también a Recope, al ICE y al CNP. Dichas entidades ya han demostrado con creces su incapacidad para mantener un negocio con las finanzas en orden, aun cuando operen en monopolio.

El autor es odontólogo.