Iván Molina Jiménez.   12 abril

El próximo 26 de abril vencerá el plazo fijado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica para que la comunidad universitaria se pronuncie sobre el reglamento del régimen disciplinario, el cual crea un sistema de justicia especial que exceptúa al rector y a los integrantes del Consejo Universitario de ser investigados por la Comisión Instructora Institucional, en caso de que se presentaran denuncias en su contra.

Puesto que sobre el asunto no parece haber habido mayor debate en la UCR, en este artículo muestro cómo la politización asociada con esas denuncias podría hacer inoperativo dicho reglamento.

Amotinamiento. En julio del 2016, la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU) de la UCR determinó que el rector Henning Jensen otorgó “el apoyo presupuestario (…) para los nombramientos” de su hija “a pesar de encontrarse ante una causa de impedimento en razón de la relación de parentesco existente entre ellos”.

Fundamentado en un pronunciamiento de la Oficina Jurídica, que estableció que Jensen era administrativamente inmune, el Consejo Universitario, en agosto siguiente, archivó el informe de la OCU.

Un año después, en agosto del 2017, la Procuraduría de la Ética Pública recomendó al Consejo convocar a la Asamblea Plebiscitaria —compuesta por los profesores en propiedad y eméritos, y representantes de los estudiantes, del sector administrativo y de los colegios profesionales— para que esa instancia determinara si al rector se le debía abrir un procedimiento disciplinario.

Presionado por esa resolución, el Consejo acordó que los decanos de las distintas áreas académicas y los directores de las sedes regionales nombraran una comisión especial de siete miembros para que estudiara el informe de la OCU y se pronunciara al respecto, pero tales autoridades —como los tripulantes del legendario velero Bounty— se amotinaron y rechazaron cumplir el acuerdo.

Inmaculado. Tras llamar la atención a los rebeldes por insubordinarse, el Consejo escogió, de entre sus propios miembros, a tres personas para formar una comisión especial, que revisó y corrigió el dictamen de la OCU y proporcionó al Consejo el fundamento necesario para desatender la recomendación de la Procuraduría.

Contra esa decisión, acordada el 19 de diciembre del 2017, la Federación de Estudiantes de la UCR (Feucr) interpuso el 8 de enero del 2018 una apelación que, al final, fue rechazada por el Consejo.

A esa derrota probablemente contribuyó que la Feucr procedió en solitario, pues su iniciativa no fue apoyada ni por el personal docente ni por los funcionarios administrativos de la institución.

Tampoco fue respalda por el Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu): ocupadísimo como estaba en negociar la etapa final de la convención colectiva, guardó un pudoroso silencio sobre lo resuelto por el Consejo.

Recusaciones. Cuando el primero de febrero del 2018 el Consejo empezó a conocer la apelación estudiantil, Teresita Cordero, representante del área de Ciencias Sociales, indicó que a esa sesión asistía, en representación de la Rectoría, el vicerrector de Investigación, Fernando García, quien “por un deber de probidad, debería ausentarse”.

García, con base en pronunciamientos de la Oficina Jurídica (cuyo director es nombrado directamente por el rector, por ser un puesto de “confianza”) y de la OCU, rechazó recusarse.

En vista del conflicto en ciernes y de la división existente entre sus miembros, el Consejo trasladó el conocimiento de la apelación para una próxima sesión, cuando el asesor legal de dicho órgano estuviera presente.

Doce días después, el 13 de febrero, apenas el Consejo se disponía a conocer la apelación, García insistió en que no tenía por qué recusarse. Cordero respondió de inmediato con la distribución, al resto de los presentes, de copias de un campo pagado a favor de Jensen, publicado en el Semanario Universidad el 31 de agosto del 2016 y firmado, entre otras personas, por García.

Fotografía. Acorralado por la recusación de Cordero, García preguntó a Rodrigo Carboni, director del Consejo, si podía “presentar una solicitud de recusación para un miembro del plenario”. Carboni contestó que procediera.

Una vez en el uso de la palabra, García recusó a dos mujeres. Primero, a Patricia Quesada, representante de las sedes regionales, por haber declarado al Semanario Universidad, en setiembre del 2017, que el Consejo, al archivar el informe de la OCU en agosto del 2016, se había equivocado.

En segundo término, recusó a Cordero “debido a que, en un espacio público" supuestamente "participó en una vigilia en la cual se manifestaban en contra del Dr. Henning Jensen”. Incluso dijo tener una fotografía (García no indicó quién, además de él, tenía copia de la foto y en el acta no queda claro si la mostró).

Vigilia. La respuesta de Cordero fue que “no había participado en ninguna vigilia, sino que pudo haber pasado por ahí en algún momento” por lo que la afirmación de García no era cierta. La contestación del vicerrector fue que “posee una fotografía tomada el día de la vigilia, donde la Dra. Cordero está sentada en el pretil, junto con otras personas” y recordó que dicha vigilia fue en protesta contra Henning Jensen. “Posee la fotografía, la pueden ver”, aseguró.

Cordero insistió “en que una fotografía, tomada en un espacio público, en un momento determinado (agosto del 2016)” estaba fuera de contexto. Dijo querer saber si existían testigos que confirmaran que se quedó en toda la vigilia o fue un asunto meramente circunstancial. Defendió que fue algo meramente circunstancial, “pues no puede pasar por el pretil o cualquier otro espacio de la Universidad y no saludar a las personas”.

Decidido a decir la última palabra, García replicó que Cordero no estaba “pasando por el lugar”, sino que estaba sentada en el lugar, junto con otras personas.

“Con mucho gusto puede pasar los datos digitales de la fotografía, que, obvio, es en el pretil, pero así pueden confirmar la fecha y la hora”, manifestó.

Preguntas. A partir del intenso intercambio de opiniones entre Cordero y García es posible plantear algunas de esas preguntas que un universitario, políticamente correcto, nunca haría de frente ni en voz alta.

El hecho de que Cordero recusara a García con base en un campo pagado publicado en un medio de comunicación no tiene nada de particular, ya que ese periódico puede ser comprado y leído por cualquier persona. Por esa misma razón, tampoco debería sorprender que García recusara a Quesada a partir de las declaraciones que dio a ese mismo medio de comunicación.

Haber utilizado una foto para tratar de recusar a Cordero es, en contraste, algo muy distinto. Primero está el asunto de quién tomó la foto. ¿Fue un particular o un funcionario de la UCR? ¿Se trata de una imagen publicada en un periódico o en una red social o es inédita?

Un tercero. Adicionalmente, haber presuntamente fotografiado a Cordero y a otras personas, ¿fue resultado de la labor de un fotógrafo que trabajaba para un medio de comunicación, de alguien que casualmente pasaba por ahí o de una persona expresamente contratada o comisionada para fotografiar a quienes asistían a la vigilia en contra de Jensen?

También está la cuestión de cómo esa foto en particular, alrededor de año y medio después de haber sido aparentemente tomada, habría llegado a manos del vicerrector de Investigación. ¿Quién, parafraseando una vieja canción de Massiel, la habría guardado durante tanto tiempo y se la proporcionó a García en el momento preciso para que pudiera recusar a Cordero?

De todas las preguntas que se pueden hacer, la más inquietante es la posibilidad de si en la UCR existe algo así como una dirección de inteligencia y seguridad, dedicada a producir, recolectar y archivar pruebas en contra de quienes, se presume, militan en las filas de la oposición a la administración.

El autor es historiador.