La Universidad de Costa Rica ha demostrado su pertinencia social, el efecto positivo de su investigación y de los programas de acción social, así como la calidad académica de sus graduados. Ha sido, también, agente promotora de cambios sociales y de movilidad social.
Espero que continúe por la senda del servicio, de la docencia de nivel internacional, de la investigación con el fin de ayudar a la solución de problemas nacionales en todos los campos; en fin, que, como manda su Estatuto orgánico, no se aparte “de la búsqueda de la verdad, la belleza y el bien”.
No obstante, se han publicado, en los últimos meses, una serie de reportajes sobre gravísimas situaciones ocurridas en la Universidad, sobre las cuales las autoridades de las unidades académicas parecen haber sido complacientes o, cuando menos, ignorantes, lo cual tampoco es excusa.
Estudiantes denuncian haber sufrido humillaciones verbales, amenazas, malos tratos, abuso sexual, violaciones, homofobia, cobros indebidos. De todas ellas, ha dado cuenta la prensa. Dolorosamente.
Cuestionamientos. En entrevela, han quedado dibujados amiguismos, compromisos generados por invitaciones y viajes y una asombrosa dilatación en tiempos para el análisis interno de los casos, que da la impresión de buscar que los procesos prescriban o la pensión llegue cual milagro a algún acusado. Todo es indigno de un centro de estudios. Abominable. Repudiable.
Por fortuna, bien se sabe que esos actos han sido pocos, aunque no por ello tolerables. Precisamente por eso, por primera vez en mi trayectoria docente, estoy verdaderamente preocupada por la elección del rector que se llevará a cabo el próximo 17 de abril.
El Tribunal Electoral recién abrió el proceso de inscripción de candidaturas. Los grupos ya iniciaron una dinámica muy propia del quehacer institucional: discutir y analizar; reunirse y dialogar.
En el marco de ese departir y reflexionar, los grupos de estudio redactan el plan de trabajo y organizan actividades sociales: convivios, carnes asadas o cafés que facilitan el intercambio de funcionarios de las sedes regionales y escuelas y facultades.
Así, los académicos se conocen, comparten un ideario y apoyan a su candidato a rector. Luego, se les facilita postular sus propias candidaturas a las vicerrectorías, oficinas coadyuvantes y a las próximas elecciones al Consejo Universitario.
Entonces, a la hora de elegir no solo los programas deben ser analizados, sino también, muy especialmente, el equipo, porque, como dice el refrán, “el papel aguanta lo que le pongan”.
Complacencia. ¿A quién apoyarán quienes han consentido con su acción u omisión las atrocidades violatorias de los derechos humanos de los estudiantes? Temo que ese apoyo electoral se traduzca en complacencia.
Considero deseable que cada candidato a rector se comprometa con una universidad libre, respetuosa de todas las ideas y credos, garante de la dignidad humana de sus estudiantes, profesores y personal administrativo; con un modelo de gestión que no tolere la violencia sexual ni las prácticas homófobas y que, de ninguna forma, favorezca la impunidad de quienes cometan tales vejaciones.
Si votar es un deber, es imprescindible ejercer el sufragio con un sentido de responsabilidad: que ningún estudiante sea avasallado ni humillado en nuestro claustro académico.
Es mi deseo que el odio y la violencia nunca apaguen la luz que debe guiar toda acción universitaria. Lucem aspicio. Ojalá el próximo equipo de gobierno universitario lo haga posible.
yalenadelacruz@yahoo.com
La autora es odontóloga.