Los diputados sacaron la educación pública de los servicios esenciales y permiten, por negociaciones con los sindicatos, 21 días hábiles de huelga al año, con salario y beneficios pagados. ¡Esto no es de recibo!
En una conferencia sobre educación, Joseph Stiglitz afirmó que según estudios llevados a cabo por la Cepal, la persona, independientemente de su condición o raza, que tiene oportunidad de una buena educación, tendrá garantizado su desarrollo personal tanto en calidad de vida como en cultura. Pero, igualmente, la preparación académica y cultural de los padres tiene una influencia directa en la educación de los hijos.
Los hijos de padres con carencias educativas tienden a repetir el ciclo porque los niños no reciben estímulo familiar suficiente para su educación, y a esta situación atribuye el infortunio que viven los países “en desarrollo”, donde la mayoría de los padres sufren carencias educativas.
Todo lo anterior lo presentaba como evidencia científica para afirmar que toda nación latinoamericana que esté claramente dispuesta a eliminar, o por lo menos disminuir, las brechas económicas y sociales entre sus habitantes debe tener la férrea y expresa voluntad de añadir a los presupuestos públicos una suma de dinero apropiada para que todos los niños, y en especial aquellos cuyos padres adolecen de pobreza y escasa preparación académica, tengan la mejor educación posible.
Desde hace varios años, conocemos el problema. Las generaciones en pobreza se repiten y no logramos romper el ciclo, pese a que desde 1869 la educación primaria es gratuita y obligatoria, y hace ocho años decidimos dedicar a ella un monto en el presupuesto conmensurable al 8 % de nuestro PIB.
Fallas detectadas. El Informe Estado de la Educación, publicado recientemente, denuncia nuestras carencias educativas, no obstante los esfuerzos llevados a cabo mediante ingresos especiales en el presupuesto para evitar la ausencia del 3 % de los niños en educación primaria y la secundaria no logra una asistencia del 50 % de los muchachos.
Señala el Estado de la Educación que el problema no solo tiene sus raíces en la miserable infraestructura de algunas escuelas y colegios, los cuales carecen hasta de servicios sanitarios apropiados y lugares de recreo, aunque los presupuestos para la construcción han estado disponibles desde hace rato, sino también en la falta de programas de estudio adecuadamente formulados.
El informe denuncia que los docentes, en vez de trabajar con los niños, deben dedicar demasiadas horas a trabajos administrativos. Que los maestros y profesores no poseen la preparación adecuada para impartir la materia para la cual fueron contratados y no existe evaluación docente. Que menos de la mitad de las escuelas tienen programas reducidos y estamos muy lejos de cumplir lo que las pruebas internacionales establecen para los distintos grados.
La situación económica del país es peligrosa. Estamos al borde de una crisis fiscal que nos llevaría a estadios semejantes a los vividos por Grecia. Por ello, tanto el gobierno como el Poder Legislativo, con el costo político que eso implicó, lograron aprobar la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que nos toca el bolsillo por igual y no en pequeñas cantidades.
No obstante, los funcionarios de varias instituciones públicas: educación, universidades, Corte Suprema de Justicia, CCSS, ICE, Recope, puertos y muchas otras más declararon una huelga durante 93 días para oponerse a la aprobación de la reforma que les recorta algunos privilegios.
La huelga fue levantada después de la aprobación de la ley, pero ocho meses después las instituciones públicas que alegaban la legitimidad de sus demandas volvieron a las calles.
Al cabo de unos días, cuando la situación se hizo insoportable por la falta de servicios en la CCSS, el gobierno firmó con los sindicatos la concesión de todas sus peticiones y se comprometió con otros entes a apoyar una nueva ley que determinaría con claridad cuáles son los servicios esenciales en los que no existirá huelga legal.
Se discute en la Asamblea Legislativa la ley para regular las huelgas, en la cual se establecerán los servicios esenciales. Algunos diputados ya pactaron con los sindicatos denominar “trascendentales” y no “esenciales” aquellos en los cuales se permitirán las huelgas de forma restringida.
En relación con la educación, el proyecto la considera no servicio esencial, sino trascendental, y por tanto los sindicatos tendrían derecho a manifestarse durante 21 días anuales seguidos o intermitentes, sin que sus salarios ni otras prerrogativas se vean afectados.
Incertidumbre y populismo. No queda claro si deberán cumplir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas. Vemos que por negociaciones con los sindicatos, que solo demandan menos días de trabajo y más salario, los diputados recortarán de un plumazo todo un mes al año del calendario escolar.
Se hacen evidentes las posiciones populistas de los padres de la patria, que buscan congraciarse con los docentes para buscar sus votos en los comicios nacionales. Olvidan que los sindicalistas son apenas un 17 % de los trabajadores y que, al dejar la ley como fue presentada, han traicionado los principios de la gran mayoría de los costarricenses que clamamos una educación esencial como medio para eliminar la pobreza y las diferencias sociales que impiden a los niños y jóvenes gozar de oportunidades para la movilidad social.
Ninguno de esos diputados merecerá pedir votos en el futuro, cuando, mediante una verborrea populista, nos vengan a hablar de su intención de disminuir la pobreza, las diferencias sociales y la justicia económica. Difícilmente se nos volverá a presentar la oportunidad de actuar coherentemente con los principios y valores de la patria. No queremos ciudadanos sin futuro, de segunda categoría por una decisión populista de los diputados que no representan ni las necesidades ni la voz del pueblo.
La autora es filósofa.