Jorge Woodbridge. 2 septiembre

Costa Rica consiguió a lo largo de muchas décadas crecimiento y bienestar basándose en la educación pública de buena calidad. No obstante, los resultados de los últimos años son decepcionantes, a pesar de la abundancia en recursos humanos y financieros provistos al Ministerio de Educación Pública (MEP).

Es preocupante que el MEP no haya incorporado nuevas tecnologías de información y comunicación para capacitar a sus 850.000 alumnos y 60.000 educadores con un presupuesto de ¢3.300 millones.

Es un institución con serios problemas de información, proceso de matrícula, remuneraciones, estadísticas, control administrativo, evaluaciones y presupuestos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló poca mejora en cuando a la calidad de la educación, no obstante la cuantiosa inversión, con el agravante de que los estudiantes menos favorecidos económicamente carecen de otras posibilidades para salir de la pobreza. Solo el 10 % de los graduados de las universidades publicas pertenecen al primero y segundo quintil.

Evaluación. El presupuesto del MEP creció un 250 % en la pasada década, pero cierra, en promedio, nueve escuelas al año. Aun así, la planilla sigue en aumento.

Hay 30 escuelas que solo tienen 1 estudiante y 616, menos de 10. Desde los años ochenta, los métodos y técnicas no cambian. Muchos profesionales en Educación están ayunos de las maestrías y los requisitos que exige el campo de la enseñanza.

Con más de 70.000 docentes, no se llevan a cabo evaluaciones periódicas mediante pruebas internacionales. El MEP no debe seguir contratando educadores sin capacidad e idoneidad. En los próximos 10 años el 40 % de docentes se pensionarán, lo cual significa una gran oportunidad para colocar la excelencia como requisito para la obtención de una plaza.

Lo preocupante es que los gobiernos siempre ceden a las presiones de los sindicatos, conformados por educadores y administrativos.

Costa Rica gasta ¢1,5 billones en remuneraciones anuales, de los cuales ¢665.000 millones corresponden a pagos de incentivos desligados de la calidad y la productividad de la enseñanza.

El 8 % del presupuesto del MEP se destina a capacitación y mejora de los niveles profesionales, pero los resultados no satisfacen los estándares internacionales.

En el 2016 y el 2017 se incorporaron las materias de Inglés y Francés, pero solo el 15 % de los graduados de la secundaria dominan un segundo idioma. El bachillerato sigue siendo una prueba no superada para 41.000 estudiantes que no reciben el título por tener pendiente una o más asignaturas. Matemáticas y Estudios Sociales registran la peor promoción.

Hay un largo camino para dotar de habilidades de lectoescritura y mejorar el nivel profesional y académico de los educadores, para avanzar en escuelas con horario regular, controlar el tráfico de drogas, arreglar la infraestructura y analizar el papel de las direcciones regionales.

Huelga. La huelga del 2018, organizada por los sindicatos de trabajadores (SEC, ANDE y APSE), privó a los alumnos de 50 días lectivos, que se tradujeron en un 25 % menos del año escolar.

Las consecuencias de tan larga manifestación ya se están viendo. Los promedios de las notas se basaron en ponderar dos trimestres.

En la crisis económica de la década de los ochenta, los jóvenes abandonaron el sistema educativo, se les conoce como generación perdida por sus escasos ocho años de educación.

Son personas sin educación superior o técnica, en el mercado informal o desempleadas. Para comprender la magnitud del resultado, el 65 % de los hogares pobres tienen un jefe de hogar que pertenece a esa generación.

Pandemia. La crisis sanitaria sacó a 91.000 alumnos del sistema educativo. Se calcula que 172.000 carecen de conexión a Internet y reciben materiales por WhatsApp o fotocopiados.

Solo el 55 % de los hogares tienen Internet debido a que el Micitt y la Sutel no se han esforzado por brindar conectividad a miles de hogares. El 35 % de los estudiantes no han recibido clases virtuales y un 23 % se conecta a las plataformas utilizando celulares. Solo el 25 % de los profesores imparten “clases a distancia”.

El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), con 12 años de fundado y un patrimonio de $358 millones, no se empeñó en desarrollar el programa Hogares Conectados. Este año será imposible evaluar a los alumnos a través de las pruebas FARO y el bachillerato y el currículo no se podrán cumplir.

Durante 10 años, el MEP tuvo funcionando el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, con 1.250 funcionarios, de los cuales 765 eran educadores distribuidos en 79 sedes, con un costo operativo altísimo, sin una robusta plataforma para dar lecciones a distancia. Al final, el Consejo Superior de la Educación (CSE) dio la orden de cerrarlo.

En vista de la falta de una vacuna contra el coronavirus, el regreso del 85 % de los estudiantes se pospondrá para el 2021, si las condiciones sanitarias mejoran.

El MEP perdió el rastro a miles de estudiantes, pero mantiene incentivos, como si las clases presenciales continuaran. La situación social, tan grave, expulsará a miles de jóvenes de los centros de enseñanza y exigirá al MEP diseñar un programa muy puntual para cada región.

Educación híbrida. Los profesores y los estudiantes deberán adaptarse a nuevas plataformas y al manejo de aplicaciones. Los modelos de educación en línea son el presente. Se acorta la brecha de la educación presencial y virtual. Ambas se entrecruzarán y sus diferencias se encogerán. Será más valiosa la experiencia cuando se instaure la educación híbrida.

Los alumnos recibirán mucha más información y deberán aprender a investigar, y los profesores, a crear contextos de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen distintas competencias.

Talleres, laboratorios y aulas virtuales son una nueva realidad que demanda una reingeniería de la educación. Tanto alumnos como el profesorado deben desarrollar nuevas competencias digitales, de ahí la necesidad de cerrar la brecha digital.

Estamos ante reformas que transformarán la educación, y los educadores deben ser expertos en manejar las herramientas y adaptarlas a la tecnología para la docencia. Más libertad para innovar, tecnología y una gestión autónoma de cada centro educativo son clave.

El actual modelo de educación centralizada, donde los profesores, la comunidad, los padres de familia y el gobierno local únicamente reciben instrucciones del MEP, sin conocer sus necesidades puntuales, debe terminar.

La educación pública debe ser tan buena o mejor que la privada, o seguiremos siendo un país donde cunde la inequidad.

Costa Rica necesita un gobierno corporativo en lugar de las juntas de educación. Cada centro educativo requiere libertad para una medición de la productividad y tomar decisiones con las respectivas responsabilidades.

El MEP girará los recursos con base en metas de productividad. No podemos seguir permitiendo al MEP que no logre presupuestar bien los recursos necesarios para realizar la construcción de escuelas. Hay que emprender los cambios que exigirá la nueva realidad.

El autor es ingeniero.