Intuyo vivamente la aproximación de dilemas y notables exigencias para nuestro orden jurídico, y habrá que esforzarse por resolver y componer con buena fe, sentido común, espíritu de concertación y diligencia si hemos de impedir que el Estado democrático de derecho en el cual aún vivimos pierda su convicción y su gracia.
La demanda social combinada de reactivación y redistribución agobiará a quienes conciben ese orden y lo cristalizan en reglas o pautas, sobre todo mediante leyes y reglamentos. En ocasiones, ellos tendrán que pensar si serán fieles a la comunidad o al partido.
No menos ardua será la tarea cotidiana de la administración, a veces timorata y carente de fuelle o de propósito, encargada, sin embargo, de operar con estos instrumentos jurídicos y de llevarlos a la práctica, de cara, por un lado, al escrutinio ciudadano y, por otro, al de los órganos a los que se encomienda vigilar y controlar su cabal y correcta aplicación.
En lo que toca a estos últimos, es decisiva la concepción que tengan, por lo menos implícita, de su propio papel y de la función propia de esa parcela del derecho que les toca gestionar.
Puede que se inclinen por entender que normas y pautas configuran un elenco de límites ideados para encorsetar, a cualquier precio, atribuciones y competencias, y que su deber es hallar obstáculos y rémoras en los intersticios del derecho o en interpretaciones torpes, meros ejercicios de poder; o, inversamente, que se decanten por entender que unas y otras son dotaciones de poder para la realización fluida y oportuna de ciertos fines públicos y, actuando en consecuencia, faciliten este curso de acción.
El énfasis que les anime en el ejercicio de su papel virtuoso determinará en gran medida la dinámica con que afrontemos algunas de las difíciles tareas del porvenir inmediato y el éxito o el fracaso de la renovación.
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El autor es exmagistrado.