EscucharEl presidente Daniel Ortega reapareció este miércoles 15 de marzo después de 34 días de ausencia en las actividades públicas relacionadas con su cargo de gobernante.
Mientras en los demás países de América Latina los presidentes están al frente de la respuesta de sus gobiernos para mitigar los efectos del virus, Nicaragua es la única nación del mundo donde el gobernante no ha decretado la emergencia.
Las políticas adoptadas por su gobierno, no para prevenir, sino para facilitar la propagación del coronavirus, se han convertido en tema de debate internacional y preocupación regional, debido a las consecuencias para Centroamérica.
“¿Donde está Ortega?”, preguntaba la semana pasada el diario estadounidense The New York Times. Y, la verdad, es que a los nicaragüenses no les interesaba saber si Ortega estaba viendo una serie de Netflix en su televisión o en cuarentena con la familia, lo que cuestionan los ciudadanos es el desgobierno del régimen en una emergencia, durante la cual un presidente ausente y una vicepresidenta omnipresente están empujando al país hacia una catástrofe nacional.
Desde la matanza iniciada el 19 de abril del 2018, que cumplirá dos años esta semana, Ortega y Murillo están política y moralmente inhabilitados para seguir gobernando. Entonces, el país demandó su renuncia y elecciones libres, y la pareja respondió con más represión y la imposición de un Estado policial; ordenan y mandan, pero ya no gobiernan porque, al imponer el terror masacrando los derechos humanos, perdieron toda credibilidad y capacidad para generar consensos nacionales.
Crimen tras crimen. Lo que el pueblo pide cuando exige que Ortega dé la cara es que la pareja presidencial rinda cuentas por los crímenes de lesa humanidad que se les señalan y por el nuevo crimen de Estado que representa la exposición de decenas de miles de personas al peligro por propagar de forma irresponsable el coronavirus.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, rectificó su política de complacencia y advirtió que Nicaragua no está cumpliendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la pandemia.
A la OPS le preocupa la promoción de aglomeraciones y la falta de distanciamiento social en Nicaragua. Sin embargo, 24 horas después, la vicepresidenta Rosario Murillo no solo ignoró la advertencia de la OPS, sino que siguió fomentando las fiestas y el turismo en la Semana Santa y las procesiones religiosas, canceladas por la Iglesia católica.
Más allá de la negligencia oficial, el gobierno ha llegado al extremo de prohibir las iniciativas ciudadanas para prevenir la covid-19, como los centros médicos y el call center del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Es decir, no solo no hace nada para prevenir el virus y, más bien, facilita la propagación, sino que también castiga al pueblo al negarle la asistencia médica ofrecida por un obispo, a quien los medios oficiales intentan descalificar llamando “payaso” y “golpista”.
A pesar de las amenazas, la dictadura ha fracasado en el intento de impedir la solidaridad y la cruzada ciudadana contra el coronavirus. En la Semana Santa, la gran mayoría de la población —incluidos los servidores públicos, civiles y militares— asumieron la autoprotección, a contrapelo de los llamados demagógicos de la cúpula orteguista.
Medidas sanitarias urgentes. No obstante, para ser eficaz, la prevención también requiere detectar los brotes del SARS-CoV-2 y conocer el itinerario de las personas contagiadas. El régimen alega que solo ha habido seis casos positivos y un fallecido y que no se ha detectado transmisión comunitaria del virus. Pero la propia OPS ha dicho que tiene dudas y preocupan las pruebas y el rastreo de contactos que hace el gobierno, mientras el Ministerio de Salud de Cuba confirma que tiene tres casos de la covid-19 “exportados” por Nicaragua.
¿Quién dice la verdad y quién está mintiendo? La solución a esta controversia radica en ejecutar un diagnóstico masivo del coronavirus, utilizando los 26.000 test que recibió el gobierno como parte de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Es necesaria más presión política nacional e internacional para que realmente se hagan las pruebas masivas y sean supervisadas por expertos internacionales y nacionales, y por entidades desvinculadas del Ministerio de Salud, cuyas “tres ministras” están sometidas a la superministra política de El Carmen.
Ortega ha perpetrado un grave atentado contra la salud pública al mantener al pueblo encadenado durante un mes, mientras la administración propiciaba la propagación del coronavirus. Aún estamos a tiempo de mitigarlo, si se lleva a cabo un diagnóstico masivo y se promueven una cuarentena y el distanciamiento físico, así como medidas de protección social para la población. Pero para defenderse del chantaje que representa una dictadura moribunda aliada del coronavirus, el país necesita recuperar la libertad, sin censura a la prensa y sin presos políticos.
Si el objetivo que une hoy a los nicaragüenses de todas las banderas políticas es salvar vidas, es imperativo restituir las libertades democráticas, que han sido conculcadas, para terminar con el desgobierno de Ortega y Murillo. La prevención contra el coronavirus y la salida de la dictadura son inseparables: forman parte del mismo proceso, cuyo objetivo es desmantelar un régimen que atraviesa una crisis política terminal e iniciar la reconstrucción nacional.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.
