Rubén Hernández Valle. 22 marzo

A raíz de la rebeldía de los rectores de las universidades estatales y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para no someterse a las regulaciones contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sobre los pluses salariales, debemos recordar algunos principios y normas constitucionales soslayadas por tales planteamientos.

Los artículos 191 y 192 de la Constitución son muy claros en que absolutamente todos los empleados estatales —incluidos los funcionarios de las universidades y de la CCSS— están sujetos al régimen de empleo público. Que este no haya sido plenamente ejecutado por desidia del legislador o por intereses espurios, es harina de otro costal.

En todo caso, la Sala Constitucional dijo en 1991, expresamente, que las convenciones colectivas y todo régimen laboral derivado de la negociación colectiva son inconstitucionales, pues uno de los principios fundamentales del régimen de empleo público es la indisponibilidad de las relaciones por las partes.

En otras palabras: los derechos y obligaciones de los servidores públicos son única y exclusivamente los establecidos en las leyes o los reglamentos.

La mayoría de los principios del empleo público han sido desarrollados por el legislador, dado que la Constitución no puede consagrarlos todos. Dentro de ese orden de ideas, el jurista Mauro Murillo Arias, el principal administrativista costarricense luego de Eduardo Ortiz y Rodolfo Piza Escalante, ha escrito numerosos ensayos en los cuales demuestra, de manera magistral, los alcances de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política y los contenidos jurídicos del régimen de empleo público que tales normas consagran.

Los rectores y el presidente ejecutivo de la CCSS deberían leerlos para que se informen bien sobre la materia y no den palos de ciego.

Potestad de la Contraloría. Según el artículo 182 inciso 2 de la Constitución, corresponde a la Contraloría General de la República aprobar o desaprobar los presupuestos de las instituciones descentralizadas, concepto que engloba tanto a la CCSS como a las universidades estatales.

La potestad de la Contraloría se ejerce en dos vertientes: por un lado, determina que el presupuesto sometido a su aprobación tenga contenido financiero, es decir, que haya fondos suficientes para financiarlo; por el otro, debe constatar que los fondos presupuestados estén asignados al cumplimiento de las tareas que constitucional o legalmente le corresponden ejecutar a la institución que se trate.

Dentro de la segunda potestad, la Contraloría tiene la obligación de velar por que los montos presupuestados cumplan con todas las leyes, no solo en materia de competencia de la institución, sino también que no se gasten en pagar salarios, pluses o sobresueldos no autorizados por la ley.

En el peor de los casos, debe vigilar para que no se incluyan partidas presupuestarias para sufragar el pago de pluses no autorizados legalmente o en porcentajes diferentes a los permitidos, pues las universidades estatales y la CCSS, al igual que todos los entes públicos, están sometidas al principio de legalidad, es decir, solo pueden realizar aquello que esté expresamente autorizado por el ordenamiento jurídico.

Si existe una norma legal que prohíbe aumentar los pluses salariales más allá de ciertos porcentajes fijados por ella misma, está claro que tanto las citadas universidades como la CCSS tienen que someter sus remuneraciones a tales límites.

Rechazo de presupuestos. La autonomía universitaria no implica libertad para separarse de los principios del régimen de empleo público que sancionan la Constitución y las demás leyes. Asimismo, la autonomía constitucionalmente garantizada a la CCSS es para “el gobierno y la administración” de los seguros sociales, lo cual implica, entre otras cosas, que ninguna institución pública puede girarle órdenes de cómo invertir los fondos de pensiones ni fijar los requisitos de los diferentes regímenes de prestaciones que brinda la institución a los asegurados, etc.

Si tanto las universidades estatales como la CCSS se negaran a cumplir las limitaciones introducidas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en materia de pago de pluses salariales, aduciendo una autonomía constitucional cuyo contenido no entienden o no quieren entender, la Contraloría tendría la última palabra: simplemente rechaza sus presupuestos por no ajustarse a lo establecido en la reforma fiscal.

El autor es abogado.