EscucharRÍO DE JANEIRO– En 1989, el presidente brasileño José Sarney declaró desafiante ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: “La Amazonía es nuestra”. La evidente fuerza nacionalista del eslogan lo convirtió en un favorito de los políticos de derecha, incluidos congresistas vinculados con empresas de construcción que tienen intereses en el desarrollo del territorio selvático. Treinta años después, el presidente Jair Bolsonaro es su nuevo líder y está poniendo en riesgo el bienestar no solo de la Amazonía, sino de Brasil y de todo el planeta.
Bolsonaro sostiene que el reclamo de Brasil sobre la Amazonía es en beneficio del país y que los actores extranjeros que critican la explotación brasileña de esa región (desde los gobiernos europeos hasta el papa Francisco) promueven la biodiversidad con el único objetivo de explotarla en el futuro. Con su característica misoginia, hace poco declaró que “Brasil es una virgen a la que todos los depravados extranjeros desean”.
Pero Bolsonaro no quiere mantener casta a la Amazonía; solo desea estar entre quienes la exploten. Su promoción del desarrollo del territorio selvático y sus ataques a la regulación ambiental llevaron, por ejemplo, a la expansión de actividades agroindustriales, en particular la ganadería, y al desmonte ilegal. Según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil, la deforestación de la parte brasileña de la selva amazónica registró en junio un incremento interanual del 88 %.
Vistos los esfuerzos de Bolsonaro para abrir las tierras de los pueblos indígenas a la agricultura comercial y la minería, es probable que la deforestación se acelere más. Entre 2000 y 2014, la deforestación dentro de los territorios indígenas avanzó a un ritmo del 2 %, contra el 19 % en el resto de la Amazonía brasileña.
Las implicaciones son terribles. La jungla amazónica es la más grande del mundo, hogar de una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta. Además, como el río Amazonas es la mayor fuente de drenaje de agua dulce del mundo, su ciclo hidrológico tiene una gran influencia sobre el clima de la Tierra y la selva amazónica actúa como un enorme sumidero de carbono, al absorber más dióxido de carbono del que libera.
En vista de la necesidad de la Amazonía para la salud del planeta, ningún régimen de acción climática internacional podrá ser eficaz si no tiene en cuenta el efecto de las políticas públicas sobre esta región. No es extraño entonces que la torpe mirada de Bolsonaro sobre la Amazonía genere el rechazo de la comunidad internacional, incluso mediante el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países latinoamericanos que integran el Mercosur.
Brasil, miembro del Mercosur, tiene un claro interés en el éxito de ese tratado comercial. El acuerdo de asociación con la Unión Europea promete revitalizar sectores económicos a ambos lados del Atlántico mediante la creación de un mercado integrado por 780 millones de consumidores. Esto puede beneficiar, por ejemplo, a la industria brasileña de la carne.
El problema para Bolsonaro es que el acuerdo impone a los exportadores del Mercosur normas ambientales y laborales estrictas. En el marco de sus iniciativas de desarrollo sostenible (y bajo presión de la sociedad civil), la dirigencia de la Unión Europea supeditó el acceso a su mercado al cumplimiento de reglas y compromisos multilaterales, entre ellos, los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y el acuerdo climático de París del 2015.
Es verdad que grupos ambientalistas criticaron el acuerdo con el Mercosur, ya que, según dicen, no incluye una fiscalización suficiente de las normas. Pero la dirigencia de la Unión Europea destacó la inclusión de mecanismos de supervisión y resolución de disputas.
El acuerdo comercial seguirá bajo escrutinio en los próximos años, y no solo en relación con el medioambiente. Por ejemplo, algunos lo acusan de mantener la vieja división del trabajo entre los países en desarrollo, cuyas economías dependen de la volátil exportación de commodities, y los países desarrollados, que exportan manufacturas con mayor valor agregado.
La resistencia de Bolsonaro a las normas ambientales hace todavía más importante la vigilancia y el cumplimiento de los términos del acuerdo. De hecho, la dirigencia de la Unión Europea debería tratar de convertir el acuerdo UE‑Mercosur en un mecanismo transnacional de rendición de cuentas para los países que no respeten sus compromisos ambientales o incluso adopten prácticas antidemocráticas que afecten a sus socios comerciales.
Declarar que “la Amazonía es nuestra” tal vez fuera políticamente conveniente en 1989, y Bolsonaro llegó muy lejos con su retórica nacionalista. Pero en el mundo globalizado de hoy, ninguna economía prospera sola. Los países deben responsabilizarse mutuamente por políticas cuyas consecuencias se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales, por ejemplo, las que destruyen el medioambiente del que todos dependemos.
Danielle Hanna Rached: profesora de Derecho Internacional en la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro.
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