Uno de los requisitos vitales para el buen funcionamiento de las democracias es la inversión en material humano de la política, según Schumpeter.
Ese factor humano está compuesto por diversas categorías: presidentes, representantes en los congresos o gobiernos locales, miembros de partidos políticos y funcionarios de gabinetes y de la Administración Pública. Cuando hablamos de ese recurso humano, no debemos referirnos solamente al liderazgo político, sino también al ciudadano. En gran medida, de acuerdo con Juan Linz, la calidad del liderazgo político es determinada por la del electorado, especialmente en tiempos modernos, cuando imperan los ciudadanos desinteresados en la política, o bien, dispuestos a apoyar cabecillas con comportamientos contraproducentes para el desempeño de la democracia.
¿Cómo pretendemos tener genuinas democracias en América Latina si prevalecen la apatía o la complicidad de la ciudadanía en lo referido a las deficiencias en el liderazgo político? Nuestro punto de partida debe ser cuestionarnos cuánto estamos invirtiendo específicamente para obtener liderazgos positivos preparados para la responsabilidad implícita en la representación óptima de la ciudadanía y equipados con las calidades éticas y el conocimiento integral necesarios para liderar los procesos de toma de decisiones.
La respuesta es “muy poco”, y en este artículo voy a sugerir fundamentalmente dos tareas pendientes. La primera, visibilizar las dimensiones institucionales y el tipo de reclutamiento político que favorecen que la ciudadanía esté dispuesta a apoyar líderes que erosionan la democracia desde adentro. La segunda llama a plantearnos una serie de preguntas basadas en propuestas de Schumpeter y Linz que nos ayudan a identificar qué queremos realmente de nuestros líderes.
Primera tarea. Sin dejar de lado la mala práctica de muchos políticos, es relevante entender cuánto de los problemas con la calidad del liderazgo en América Latina está relacionado con la manera como las instituciones estructuran el proceso político o el reclutamiento de las élites políticas.
Es necesario considerar cuánto influye el diseño institucional en la dinámica política y, concretamente, en el desempeño de los líderes. Por ejemplo, cuál es el impacto de las leyes electorales en la fragmentación de los partidos y congresos, y en la dificultad de los gobiernos para construir mayorías para poner en práctica sus agendas en varios países. O bien, preguntarse cuál ha sido el efecto de las mismas leyes de financiamiento de las campañas electorales en la generación de conductas no transparentes y prácticas de corrupción.
Sabemos que el repudio contra la clase política es un factor generalizado en América Latina, manifestado notoriamente en los bajos niveles de aprobación de los gobiernos que han alcanzado un 32 % en el 2018 (28 puntos menos en el transcurso de los últimos 10 años, según Latinobarómetro), así como en la reducida confianza de los ciudadanos en los congresos y los partidos políticos (21 % y 13 %, respectivamente).
El repudio está directamente relacionado con la percepción de un aumento en la corrupción en los países de la región (65 %) a consecuencia de la multiplicidad de políticos vinculados a los casos Lava Jato y Odebrecht.
En Perú, las investigaciones a cuatro expresidentes, candidatos presidenciales y congresistas han expuesto la gran escala de la corrupción en ese país. A la percepción de corrupción, debe agregársele los déficits de representación generados por el debilitamiento de las agrupaciones políticas y el efecto de la revolución de las tecnologías de la comunicación, cuyo resultado es la eliminación de la intermediación tradicional de los partidos y el acentuado nivel de polarización política.
Con ello, muchos ciudadanos descontentos han decidido darles una oportunidad en las urnas a líderes populistas con tendencias autoritarias, quienes, posteriormente, han mostrado poco respeto por los límites institucionales y el balance de poderes, y han capturado —en términos de Levitsky y Ziblatt— a los “réferis de la democracia”, tales como los sistemas de justicia y los órganos electorales.
Es el caso de Daniel Ortega, en Nicaragua, quien altera los mecanismos electorales y las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia para invalidar al partido de oposición con el fin de reelegirse, y viola los derechos humanos en su intento por neutralizar las protestas ciudadanas. Jair Bolsonaro, en Brasil, pone un énfasis militarista y repudia las organizaciones de la sociedad civil.
A Juan Orlando Fernández, en Honduras, se le atribuyen prácticas electorales fraudulentas en su proceso de reelección; Jimmy Morales, en Guatemala, ha echado por la borda los esfuerzos en la lucha contra la corrupción al expulsar a la Cicig del país cuando las investigaciones se acercaron a su familia; y Evo Morales, en Bolivia, intenta su cuarto mandato mediante dudosas interpretaciones constitucionales.
¿Por qué el electorado apoya a estos líderes? Dos razones mencionadas por Levitsky y Ziblatt son la incapacidad de los partidos políticos para filtrar, o evitar, la nominación de figuras extremistas, así como la polarización de la ciudadanía proveniente de divisiones sociales y económicas, étnicas, religiones o de identificación partidaria magnificadas por los medios, lo cual hace difícil que los votantes se atrevan a cruzar esas divisiones al elegir.
Por eso, parte de la inversión debe destinarse a fortalecer el rol de los partidos políticos y sus sistemas de nominación interna para filtrar figuras con tales características, identificar vías que cierren las brechas políticas existentes mediante un cambio en la visualización del opositor, no como un enemigo que hay que eliminar, sino como un actor legítimo en la contienda política.
Segunda tarea. Es necesario reflexionar y analizar una serie de expectativas contradictorias que la ciudadanía tiene de los líderes políticos para determinare qué se espera de ellos.
Particularmente, en la primera contradicción, debe examinar el dispensability weberiano en la política, es decir, el grado de incompatibilidad o compatibilidad de la función pública con otras actividades profesionales.
La gente quiere personas que no dependan de la política para vivir, pero, al mismo tiempo, exige que los líderes dejen su práctica profesional independiente para evitar conflictos de intereses.
Desea líderes con experiencia, pero repudia al político profesional o se opone a la reelección o a los largos mandatos.
Una tercera contradicción es el comportamiento partidario: el ciudadano espera oposiciones responsables y partidos unidos que dialoguen y apoyen la agenda gubernamental, y se alejen del conflicto interno, pero también los acusa de ser parte de la “red de apoyo” o sumisos al gobierno.
La cuarta contradicción es el deseo de reclutar ciudadanos de óptimas calidades profesionales y personales, pero, una vez en la política, la agresividad y la descalificación en las redes sociales desincentivan la participación de mujeres y hombres valiosos.
Existen muchos otros asuntos que influyen directamente en la buena o mala calidad del liderazgo y su relación con el electorado. Lo que sí está claro es que la apatía y el abstencionismo electoral, las tendencias a satanizar los partidos políticos y la disposición a apoyar líderes populistas nos convierten en ciudadanos no aptos para exigir liderazgo y democracia de calidad.
Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y, en este caso, únicamente la lucha por partidos renovados y fortalecidos, más participación ciudadana y más reformas institucionales y de mecanismos de reclutamiento favorecerán la existencia de líderes óptimos y buenas prácticas para contrarrestar los déficits actuales de la clase política en la región.
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La autora es politóloga.