La inversión extranjera directa (IED) ha sido pilar del desarrollo y el progreso social de Costa Rica desde el siglo XIX, cuando desempeñó un papel crucial en la reactivación económica luego de la crisis de la deuda, y será parte fundamental de la era pos-covid-19.
Aparte de suplir capital para la producción, la literatura destaca varios efectos positivos de la IED en las economías receptoras, como, por ejemplo, creación de empleos de calidad, aumento de la productividad de las empresas domésticas, generación de divisas por medio de exportaciones, transferencia de tecnología y buenas prácticas gerenciales.
El sistema para la atracción de inversión extranjera está conformado por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) por parte del Estado.
Al Comex se le confirió la autoridad de definir la política de inversión y Procomer tiene la obligación de diseñar y coordinar los programas que se deriven de dicha política.
Del sector privado participan la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), los parques de zonas francas y un grupo de empresas que ofrecen servicios legales y de acompañamiento a las compañías multinacionales que se asientan en el país.
La promoción y atracción de IED pretende potenciar aquellos factores que determinan el establecimiento de empresas extranjeras. Algunos de los determinantes tienen que ver con la ubicación geográfica, el tamaño del mercado local, la estabilidad, la certidumbre de las políticas, las preferencias comerciales en mercados de destino, la disponibilidad de recursos naturales y la calidad y abundancia del capital humano.
Al competir contra países con características similares, Costa Rica ofrece, además, incentivos fiscales a empresas de sectores específicos dentro del régimen de zona franca.
Facilidades. Para atraer IED, el país aprobó políticas públicas que incluyen incentivos fiscales, construcción de infraestructura, cambios en el sistema educativo, mejoras en el clima de negocios, programas de encadenamientos y promoción general y sectorial.
El Estado delegó en Cinde la promoción y la atracción de inversiones en áreas específicas, que en este momento son ciencias de la vida, manufactura, industria alimentaria, servicios y, más recientemente, turismo.
En el último año se atendieron 308 empresas, aproximadamente un 50 % de las multinacionales que operan en el país. Para cumplir con sus objetivos, Cinde suscribe convenios con el Comex, Procomer y el ICT, cuyas transferencias anuales ascendieron a $3,4 millones en el 2019; un 66 % de su presupuesto.
Los resultados de estas políticas son significativos. En el 2019 el país recibió, en promedio, inversión extranjera por $2.580 millones, cifra cercana al promedio del último quinquenio.
En América Latina nos ubicamos solo detrás de Panamá en términos de flujos per cápita. Más aún, el régimen de zona franca aportó el 53 % del total de las exportaciones de bienes de Costa Rica. Las empresas apoyadas por Cinde representan el 7 % del empleo del país y el 12 % del empleo generado por el sector privado.
La IED está altamente concentrada en los sectores manufacturero (58%), inmobiliario (17%) y comercial (6%).
Dentro del de manufactura destacan actualmente los dispositivos médicos, empresas que trabajan bajo la dinámica de un clúster y cuyo dinamismo y momentum atraen a más multinacionales del ramo a establecerse en el país.
La agricultura ha recibido apenas un 4 % del total de la IED de los últimos cinco años, lo cual contrasta con su participación en las exportaciones totales.
Talón de Aquiles. Está claro que las políticas públicas para la atracción de IED han sido exitosas. Estas, incluidos los incentivos fiscales, deben continuar, fortalecerse y adaptarse a los desafíos que plantea el entorno internacional, ahora, además, afectado por la emergencia global de la covid-19.
En ese sentido, el informe mundial de inversión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo alerta que los flujos de inversión hacia América Latina para el 2021 podrían reducirse a la mitad.
No obstante, un estudio reciente elaborado por The Economist Intelligence Unit (agosto 2020), destaca que Costa Rica puede revertir esa tendencia aprovechando la relocalización de las cadenas globales de valor, dada las condiciones políticas, la estabilidad de sus instituciones, la buena preparación de una porción de su mano de obra y la preparación tecnológica.
Sin embargo, el talón de Aquiles de las políticas de atracción de IED sigue siendo la concentración geográfica y sectorial, y su poco impacto en la periferia.
La dotación de factores de producción de la Gran Área Metropolitana (GAM) y su clima de negocios es muy diferente a lo encontrado en zonas rurales, sobre todo en lo referente a la fuerza laboral e infraestructura.
Por tanto, no es de esperar que el tipo de empresas que se asientan en las zonas francas hoy se establezcan fuera de la GAM. Se necesitan políticas específicas y diferenciadas para atender la heterogeneidad productiva del país.
El Estado debe definir políticas públicas que explícitamente atraigan inversión —nacional y extranjera— a las zonas rurales.
Los instrumentos deben incluir, entre otros, incentivos fiscales, acompañamiento, construcción de infraestructura, desarrollo empresarial, encadenamientos y eliminación de trabas.
Las políticas deben delegarse a un ejecutor que entienda las especificidades de los sectores primarios, aproveche su potencial para agregar valor y desarrolle vínculos con otras áreas más dinámicas.
Un grupo de actividades con potencial ya fue identificado por el Programa Descubre, pero se requieren acciones claras y contundentes de apoyo en muchos otros niveles.
Los recursos, la experiencia y la capacidad institucionales existen, lo que hace falta es decisión y ejecución.
victor.umana@incae.edu
El autor es economista.