Federico Villalobos Carballo. 21 abril, 2020

El 23 de marzo del 2020 las principales agencias de transporte de Estados Unidos solicitaron al Gobierno Federal $25.000 millones con la finalidad de enfrentar la gran reducción de la demanda.

Asimismo, concesionarios viales tanto en Europa como en Estados Unidos reportan ya una disminución hasta de un 80 % en el flujo vehicular, mientras, la Asociación en Transporte Aéreo Internacional (IATA) pronostica una caída de por lo menos $15.000 millones en ingresos en América Latina.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula una contracción económica global de como mínimo un 3 %.

Lo adecuado, en este contexto, es considerar tres elementos puntuales para sostener la inversión pública en infraestructura.

Priorización. La crisis económica se traducirá en una reducción en la recaudación de tributos clave para construir obra pública. El impuesto único sobre los combustibles, generador de cerca de $900 millones (40 % destinado al Conavi y las municipalidades), amenaza con una caída interanual del consumo del 18 %, según datos de Recope a marzo.

El impuesto de salida por vía aérea, un ingreso de unos $100 millones (50 % para el Cetac), registrará una merma a causa de la paralización del transporte aéreo de pasajeros.

La primera acción para mitigar el efecto dependerá de definir prioridades, pues, además de atender el rezago histórico en obra pública, el país deberá considerar inversiones tendientes a fortalecer el sistema contra eventos similares en el futuro (salud, agua, nuevos modelos de transporte, etc.).

Es imperativo repensar el alcance de algunos proyectos y procurar minimizar los aportes estatales en aquellos que podrían ser autosostenibles por medio del cobro de tarifas. Esto, con el objetivo de abarcar una mayor cantidad de obras y enviar una señal de responsabilidad en el uso de los limitados recursos disponibles.

Concesión de obra pública. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de sus recomendaciones para enfrentar la crisis económica, aconseja acelerar proyectos de infraestructura mediante la promoción de mecanismos alternativos, como las alianzas público-privadas.

Para ello, la acción inmediata es generar confianza y compromiso con el modelo de concesión vigente, seguir la preparación de los proyectos en curso e incorporar un nuevo programa con base en las necesidades de ampliación de la red de salud e infraestructura de saneamiento.

Si bien las obras en concesión toman un tiempo para su maduración, estas acciones emiten un mensaje de responsabilidad fiscal y compromiso con la mejora del servicio para la ciudadanía, y, al mismo tiempo, brindan un panorama claro de oportunidades para la industria de la construcción a mediano plazo.

Optimización de activos. Además de los nuevos proyectos, el país debe maximizar el beneficio de los existentes.

Con base en el análisis de 31 países, el FMI, en su Informe monitor fiscal de octubre del 2018, afirmó que la infraestructura y terrenos de propiedad pública poseen un valor aproximado al 65 % del PIB y estos son fundamentales para la gestión de las finanzas públicas en un nuevo paradigma que no mire únicamente el nivel de la deuda, sino también el aprovechamiento de los activos.

La cifra debe motivar una reflexión sobre la gran oportunidad de monetizar las obras existentes. Este modelo fue introducido en Costa Rica en el 2019, cuando se reformó la ley de concesiones, y consiste en dar activos existentes a la empresa privada, la cual reconocerá al Estado una contraprestación inicial o periódica por el derecho de operación durante un determinado plazo.

De este modo, se abre una nueva fuente de ingresos para financiar otras construcciones y se garantiza el adecuado mantenimiento bajo una gestión de ciclo de vida que evite problemas como el del puente de la Amistad y el deterioro evidente de la novísima ruta Cañas-Liberia.

Cabe señalar que este mecanismo no solo sirve para proyectos susceptibles de financiarse mediante tarifas, sino también para aquellos con potencial de generación de negocios comerciales adicionales.

De acuerdo con el informe del 2017 Recycling our Infrastructure for Future Generations, del Foro Económico Mundial, además de mejorar las finanzas públicas, el modelo de optimización de activos facilita la canalización de recursos de fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales, dado el menor perfil de riesgo de este.

Marca-país. Toda esta estrategia de eficiencia en la inversión pública y monetización de activos deben articularse a las acciones de posicionamiento externo del país.

En la nueva realidad, la fortaleza de Costa Rica debido a su nivel educativo, marco institucional y sistema de salud será fuerte palanca diferenciadora en un mundo que compite por la atracción de recursos.

Ahora bien, el éxito depende de que esto se una a proyectos adecuadamente estructurados y a una claridad fundamental de que la política debe superar periodos presidenciales.

Ha llegado la hora de utilizar las capacidades demostradas con éxito en turismo, comercio exterior y atracción de inversiones para la dinamización de obra pública.

La presente crisis económica demanda que Costa Rica formule política pública innovadora que promueva el crecimiento económico y contribuya a retomar el camino de la sostenibilidad fiscal.

Así como lo hicimos en el pasado, debemos ser pioneros en la toma de decisiones que en una crisis profunda abran espacio para reinvertarnos y, de una vez por todas, dar el salto al desarrollo.

El autor es economista especialista en infraestructura.