Uno de los desafíos que tenemos radica en el desarrollo territorial y el reconocimiento de sus diferencias geográficas en los ámbitos social, económico, cultural, climático y político.
Nuestra concepción de Estado altamente centralizado procuró crear economías de escala para dar acceso a servicios e infraestructura.
Se pusieron en práctica estrategias —que aunque imperfectas— dieron frutos positivos en educación, energía y telecomunicaciones, por ejemplo.
Sin embargo, surgieron reclamos desde distintas regiones del país que reflejan que el modelo de la Costa Rica de antaño —quizás más manejable por su pequeño tamaño poblacional— está obsoleta.
El vallecentrismo, que con justa razón reclaman distintos territorios, lo evidencia. La descentralización territorial sigue siendo una deuda y punto medular para el desarrollo nacional.
El reto está en asegurar un balance justo entre la descentralización para apoyar esas particularidades y mecanismos que permitan apalancar recursos de un proyecto nacional.
El Valle Central no es ajeno a la discusión, sufre de la misma desorganización que lacera su potencial. ¿Quién es responsable de la GAM? Cuando la responsabilidad es de muchos, no es de nadie.
Nuestra metrópolis es un menjurje de cantones que imposibilita la planificación y gobernanza. Las asimetrías en el Valle Central y la dificultad para gestionar 31 cantones y una plétora de instituciones centrales vuelven la resolución una labor titánica casi que diseñada para fallar.
Y a escala más pequeña, los propios gobiernos locales tienen grandes retos en asimetrías dentro de su territorios. ¿Por dónde comenzar?
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Redibujar lo local. Nuestros gobiernos locales tienen un desafío monumental para asegurar el principio de representatividad democrática.
En el sistema actual, las regidurías son elegidas para representar al cantón en el concejo municipal. Los distritos, en cambio, representados por sindicaturas, no tienen voto en el concejo.
El problema radica en que, en buena teoría, un concejo municipal podría quedar conformado por regidurías —las únicas con voto— de un solo distrito.
Si los partidos políticos ponen en primer lugar una candidatura en el distrito con mayor población, el concejo municipal en pleno podría quedar conformado por representantes cantonales de solo uno de sus distritos. Los distritos, en especial aquellos de menor tamaño, quedarían invisibilizados.
Sería prudente reformar el Código Municipal para que los cantones se dividan en distritos electorales, con rangos poblaciones similares, y que las regidurías pasen a representarlos, disolviendo así también la necesidad de las sindicaturas. Podría ser una buena antesala para propuestas en torno a la representación territorial del Poder Legislativo.
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Articular la región. A escala mayor, las regiones están urgidas de una reconceptualización. No es una materia trivial. Varios estudios colocan la gobernanza territorial o metropolitana como factor clave para el desarrollo económico.
Uno reciente, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), calcula pérdidas de productividad del 6 % al duplicar la cantidad de gobiernos locales en una región metropolitana.
Otros revelan niveles de competitividad seis veces mayores en regiones gobernadas por menos municipios —poder concentrado en menos gobiernos—y alta descentralización —muchas atribuciones—.
Una articulación territorial representa oportunidades para mejorar las economías de escala de servicios de los municipios, adecuaciones de servicios a las realidades locales, estandarización de procedimientos, reducción de costos de fragmentación administrativa, entre otros.
La redundancia institucional con que debe interactuarse en todos los territorios del país dificulta la labor de la ciudadanía para acceder a servicios o trámites.
Los esquemas de gobernanza regional requieren consolidar elementos de los dos niveles de gobierno que median. Es decir, por un lado, asumir funciones de gobiernos locales de carácter sistémico como red vial, agua, desechos sólidos, que afectan a toda la región y pueden mejorar a través economías de escala.
Por otro, asumir funciones tradicionalmente dadas a un gobierno sénior (Gobierno Central, en nuestro caso) para ver aspectos de transporte público de pasajeros, algunas vías, infraestructura mayor y, en algunos casos, como en Ontario, para administrar programas nacionales de bienestar humano regional.
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El futuro. Existen varias formas de articular las regiones según el contexto. En lugares poco urbanizados, los países han puesto en práctica gobiernos de segundo orden, sin que eso implique fusionar los gobiernos locales.
Son conformados por representantes de los mismos gobiernos locales y asumen varias funciones de las antes descritas, así como la planificación territorial. Este último, es fundamental, considerando que la mitad de los gobiernos locales no tienen un plan regulador.
En las grandes zonas urbanas hay posibilidades de establecer autoridades regionales para servicios específicos, como una Autoridad Metropolitana de Transportes, quizás la más vital para la GAM.
De igual forma, podría darse una fusión de varias municipalidades para generar gobiernos submetropolitanos con mayores potestades: ¿Por qué no cuatro gobiernos regionales —uno por provincia— en el Valle Central?
Soy consciente de la complejidad de redefinir nuestros territorios, de lo local a lo regional, pero es imperativo. La descentralización y el empoderamiento solo serán posibles con un gobierno capaz de asumirlos.
Nuestros municipios son imposiblemente pequeños. Dar un empuje a lo regional podría mejorar la participación electoral y democrática a un nivel de gobierno actual, que a todas luces importa poco en el imaginario costarricense.
El desarrollo nacional requiere representación y territorios empoderados capaces de atender sus necesidades particulares. El gobierno nacional precisa ser un socio, pero enfocarse en lo suyo.
El autor es economista y planificador urbano.