Tatiana Benavides Santos. 16 mayo

La gobernanza democrática —entendida como el sistema de gobierno en el cual las instituciones funcionan en conformidad con las normas y los procesos democráticos— está siendo sacrificada en Centroamérica.

Las medidas de emergencia para mitigar los efectos del virus SARS-CoV-2 han servido para justificar prácticas autoritarias en El Salvador, por ejemplo, o para incurrir en el uso inapropiado de los recursos, como veremos sucede en Guatemala, Honduras y Panamá.

El problema es cómo garantizar una gobernanza capaz de responder al impacto que tendrá la pandemia en los 50 millones de habitantes de la región, muchos de los cuales ya viven en situación precaria y tienen escaso acceso a servicios de salud, cuando, paradójicamente, la premura e incertidumbre de la crisis favorecen condiciones que agravan su vulnerabilidad.

El fortalecimiento de la gobernanza democrática debe ser parte integral de toda estrategia para enfrentar la pandemia y sus corolarios, si se quiere dar un abordaje eficaz, inclusivo y dentro del Estado de derecho a la emergencia en Centroamérica.

Lo anterior debe ser exigido no solo por la ciudadanía, sino también contemplado por la cooperación internacional interesada en el progreso de la región.

Únicamente mediante una gobernanza democrática el Estado podrá cumplir tanto con su responsabilidad de proteger la salud pública como con la de garantizar que las tácticas utilizadas para ello cumplan los requisitos de necesidad, proporcionalidad y legalidad que sustentan ese Estado de derecho.

El escrutinio de autoridades e instituciones en el manejo de la crisis, así como la obligación constitucional de los entes gubernamentales de resguardar los derechos y libertades ciudadanos, y responder a sus necesidades en este contexto, permitirán a la región dar la batalla contra el virus y evitar una mayor profundización de los problemas estructurales y la erosión de sus democracias.

Multiplicidad de crisis. Centroamérica es la zona del continente más abatida por la desigualdad, la pobreza y la inestabilidad política, y posee los mayores índices de violencia del mundo.

Hoy, se encuentra en un punto de confluencia entre los embates de la crisis del coronavirus —que alcanzaba ayer 15.449 casos confirmados y 472 muertes— y las manifestaciones de otra multidimensional, preexistente, que colocan al Istmo en especial vulnerabilidad, no solo de retroceso socioeconómico, sino también político.

En la región, la pandemia ha trascendido la esfera sanitaria y se conjuga, entre otras cosas, con las contrariedades fiscales y los efectos de la recesión democrática de los últimos años.

La combinación de esas realidades y la profunda recesión económica proyectada por el Fondo Monetario Internacional demandarán una enorme capacidad de respuesta del Estado y las autoridades gubernamentales (algunas con bajos niveles de credibilidad), que pondrán a prueba la efectividad de algunos sistemas políticos.

Centroamérica es diversa en términos de instituciones y gestión política, económica y social, por lo que la emergencia sanitaria afectará a sus países de forma distinta.

Tres grandes desafíos. Únicamente mediante la gobernanza democrática es posible abordar los desafíos agudizados por la pandemia, como la corrupción, la capitalización política de la crisis y la presión migratoria que viola los derechos de muchos.

Corrupción: Varios casos de corrupción que afectan particularmente a los sistemas de salud han sido ya denunciados por la sociedad civil en la región, mostrando la necesidad de invertir en mecanismos eficientes de acceso a la información y de rendición de cuentas para transparentar la gestión de la pandemia.

El apuro de la emergencia y los controles políticos limitados han servido a funcionarios gubernamentales para incurrir en compras irregulares de insumos, cobro de sobreprecios y contrataciones directas saltándose las normas y procedimientos.

En Guatemala, las denuncias por adquisiciones indebidas causaron la destitución del ministro y los viceministros de Salud, entre ellos Rodolfo Galdámez, por convertirse presuntamente en proveedor del Estado siendo empleado de Gobierno.

En Honduras, 292 alcaldías están denunciadas por el manejo anómalo de las partidas millonarias canalizadas para la compra de alimentos destinados a familias necesitadas y a otras prioridades.

En Panamá, se investiga la contratación de una compañía mexicana para la distribución de medicamentos del seguro social por $168 millones, así como la compra de respiradores portátiles a precios exorbitantes.

Capitalización de la crisis: Por otra parte, deberá efectuarse una mitigación de los efectos de la enfermedad del coronavirus en los sistemas políticos de la región antes de que sean irreversibles.

Entre las diversas capacidades de respuesta de gobernantes a la pandemia, resulta preocupante, por ejemplo, la creciente concentración de poder, el desafío de órdenes judiciales y las prácticas autoritarias del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

Según reportes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el gobierno violó las garantías individuales en las cárceles y aprisionó arbitrariamente a 4.236 personas en 87 centros de contención controlados por la Policía y los militares por incumplir la cuarentena.

Igual de alarmante resulta la negligencia del gobierno de Daniel Ortega, quien mantiene expuesta a la población al contagio debido a su inacción y a la falta de información, y, a la vez, pone en riesgo a los países vecinos.

Presión migratoria: La presión migratoria se ha acrecentado a causa de las recientes repatriaciones de centroamericanos que lleva a cabo la administración Trump a El Salvador, Honduras y Guatemala, a lo que se suma la imposibilidad de migrar —debido al cierre de fronteras— para personas en estado de pobreza o amenazadas por la inseguridad, lo cual ejerce más tensión sobre el sistema.

Las repatriaciones han aumentado las posibilidades de contagio. En Guatemala, cerca de un 75 % de los deportados en uno de los aviones fueron casos confirmados de la enfermedad del coronavirus.

Los cierres de fronteras, por su parte, dejaron atrapadas a decenas de personas en zonas fronterizas, en condiciones de hacinamiento y pocos protocolos sanitarios, especialmente entre El Salvador y Honduras, así como entre Costa Rica y Panamá.

En el límite de Costa Rica y Nicaragua, se han desplegado las fuerzas policiales para evitar las migraciones de ese último país ligadas a la falta de atención médica.

La presión migratoria exacerbará la estigmatización y exclusión de los migrantes, las tensiones sobre los servicios de salud, el desempleo y la violencia en Centroamérica.

Únicamente la inversión en el fortalecimiento de la capacidad representativa y la gestión de las instituciones democráticas para adoptar políticas comprensivas a corto, mediano y largo plazo conseguirán mitigar los efectos de la crisis sobre los más desprotegidos.

La autora es politóloga.