Jorge Woodbridge. 21 marzo

La llegada del coronavirus golpeará fuertemente la ya raquítica situación económica y social. La pandemia significará una prueba crucial para las virtudes y debilidades de la sociedad. La clave es rastrear, analizar y actuar rápidamente.

Los focos de contagio deben ser identificados y urge actuar con firmeza. Precisa instalar centros de diagnóstico en los cantones más afectados. El país debe tener suficientes equipos para hacer las pruebas de los posibles contagiados.

El esfuerzo debe ser nacional y es indispensable actuar en conjunto. De no contenerse las transmisiones del virus, el sistema sanitario colapsará.

La incertidumbre crece y el desafío es mayúsculo. Una epidemia aumentó hasta el nivel de pandemia que afectaba, hasta ayer, a 184 países. Todos están en peligro, independiente de raza, edad, nacionalidad, idioma o condición social.

El esfuerzo debe ser nacional y es indispensable actuar en conjunto. De no contenerse las transmisiones del virus, el sistema sanitario colapsará. Los hospitales no están diseñados para una situación sanitaria tan compleja, por eso, deben acatarse las indicaciones del Ministerio de Salud.

Los conciertos, los partidos de fútbol, las misas y los encuentros masivos fueron cancelados, así como las actividades en colegios, escuelas y universidades. Hoy, el objetivo primordial es cuidar a los más vulnerables y tomar medidas de prevención.

Las cifras de afectados aumentan diariamente y habrá que enfrentar una encrucijada muy difícil si no se procede con celeridad.

El coronavirus está paralizando la economía mundial y no será fácil reponerse de las secuelas. Las repercusiones no van a ser pasajeras y tendrán un alto costo humano y financiero. El gobierno ha trabajado junto con las instituciones para tratar de paliar, primero, el problema de salud pública y, segundo, los conflictos de la paralización del mercado y del sector productivo.

Liquidez. El proyecto de alivio fiscal, expediente 21845, frente a la grave situación económica y sanitaria actual, fue aprobado por el Congreso en forma expedita.

La nueva ley da la posibilidad a las empresas y profesionales de diferir el pago de impuestos en alquileres comerciales, consumo, adelantos de renta y aranceles en los próximos tres meses y pagarlos antes del 31 de diciembre del 2020.

Los recursos que aplazará el gobierno en los tres meses son ¢390.000 millones. Esta ley es solo un primer paso correcto; sin embargo, los ingresos tributarios proyectados en los siguientes seis meses van a caer entre un 30 % y un 35 %, debido a la grave situación económica mundial y la contracción de la demanda interna. La contracción significará entre ¢750.000 millones y un billón de colones menos de lo presupuestado.

El problema del sector turístico resulta sumamente estresante en el flujo de caja porque no cuenta con demanda externa e interna. El cierre de aeropuertos y puertos a turistas significa una medida fuerte y necesaria, pero daña muchas áreas debido al alto encadenamiento y más de 600.000 empleos. Al no recibir ingresos, el sector turístico requiere un tratamiento diferenciado.

Otras medidas en proceso de aprobación legislativo incluyen flexibilizar las jornadas, abonar las cargas sociales de acuerdo con el tiempo laborado, lograr que las municipalidades difieran las cargas por impuestos y suspender de manera parcial o total el contrato laboral.

Los bancos públicos y privados ya flexibilizaron las condiciones financieras para ofrecer condiciones diferentes a sus clientes, sin un costo financiero adicional y sin castigar sus calificaciones como deudores. Las decisiones de reducir la tasa de política monetaria y el encaje del Banco Central se traducen en mayor liquidez, pero los resultados han sido muy poco eficaces por causa de la estructura de costos de los bancos estatales, la medición de riesgos y las expectativas.

Este año, el gobierno recibirá menos ingresos y la única forma para salir de la dura coyuntura es reducir los gastos o, de lo contrario, habrá un mayor déficit fiscal y cada vez será más difícil obtener financiamiento externo.

El gobierno estará obligado a buscar más recursos en el mercado interno, lo cual equivale a un aumento de intereses. La mayor demanda de recursos del fisco para apoyar a los perjudicados por la covid-19 exige que el gobierno ponga en cintura los pluses salariales, el bono escolar por ¢400.000 millones y acabe con las pensiones de lujo y con la fiesta de gastos.

No es justo que la factura de la reducción de ingresos sea solo de los trabajadores y familias del sector privado. El sector público debe aportar su sacrificio. No debe haber diferencia en esta difícil circunstancia.

Cargas laborales. El gobierno debe evaluar diferir durante seis meses prorrogables la carga laboral tanto de patronos como de trabajadores, en aportes correspondientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) (5,25 % patrón y 4 % trabajador), Banco Popular (0,25 % patrono), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) (1,5 % patrono), Banco Popular (0,25 % patrono), Fondo de Capitalización Laboral (3 % patrono), Fondo de Pensiones Complementarias (0,5 % patrono) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) (1 %).

La medida temporal representará un alivio en caja de 12,25 % para los patrones y un 5 % para los trabajadores. Además, pospondrá los ingresos a fondos de pensión y capitalización, INA, Banco Popular e INS y cuidará la caja de los empresarios y los trabajadores.

Precisa analizar con cuidado el monto de las cargas laborales para diferentes instituciones. La actual carga laboral es de un 43 %, lo cual promueve una informalidad creciente que supera el millón de trabajadores y que creará más problemas sociales en el futuro. Falta discutir cómo pasar parte de las cargas de la planilla al presupuesto nacional.

Otras reformas apremiantes son que la CCSS permita a los patrones pagar las cargas sociales sobre las horas laboradas y dé amnistía a los patronos morosos.

Focalizar. El gobierno debe ayudar con mayores recursos fiscales a los beneficiados de pensiones de la tercera edad del Régimen No Contributivo (RNC) de la CCSS y pensiones del RNC financiadas por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Con más cobertura a este programa, se contribuirá a que esa población creciente y vulnerable reduzca su situación de pobreza y acceda a los servicios de salud. Los ciudadanos mayores de 65 años son los más frágiles en esta pandemia, ya que necesitan atención médica y farmacéutica gratis.

La complicada situación económica, social y sanitaria constituye una ardua tarea para el gobierno. De ahí la importancia de estar unidos y acatar las indicaciones del Ministerio de Salud.

Se debe contener el crecimiento de contagiados y focalizar esfuerzos en los más vulnerables, así como en el empleo y el manejo cuidadoso del gasto público. Vivimos en un estado de guerra contra la pandemia y sus consecuencias.

El autor es ingeniero.