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El país firmó una carta de intenciones con el propósito de obtener un empréstito del Fondo Monetario Internacional, pero deberá estar aprobada por el Congreso antes de junio.
El compromiso requiere reformas legales que tendrán efectos en los sectores productivos y las instituciones. Obligará al país a una serie de restricciones presupuestarias y nuevos impuestos para alcanzar un balance fiscal y económico en cinco años.
El programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ser aclarado a los diferentes actores sociales y políticos para evitar interpretaciones incorrectas y no acrecentar la incertidumbre.
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Antes de enviar los proyectos al Congreso, debió darse un profundo análisis sobre la viabilidad política. No es aconsejable plantear ideas carentes de una concienzuda reflexión. La comunicación continua entre las fracciones legislativas y el Ejecutivo es imprescindible, si queremos que la agenda avance rápidamente para cumplir los plazos pactados con el FMI.
No cabe la menor duda de que estamos en una compleja encrucijada porque el compromiso abarca una serie de ajustes que conforman un complicado rompecabezas.
Situación difícil. Este año los ingresos corrientes ascenderán a ¢5.166 millones (un 44,9 %) y los gastos a ¢11.499 millones. El faltante será de ¢6.333 millones (un 55,1 %). Esto significa que la deuda seguirá el ritmo ascendente para poder cerrar el balance fiscal.
Hay que aprovechar la crisis para hacer cambios y cuestionarse qué es lo más conveniente hacer para no volver a caer en una situación tan caótica.
¿Deberían derogarse más de 100 impuestos cuyos costos de recaudación son onerosos y concentrarnos en solo 6 que significan el 88 % de los ingresos? ¿Es justo mantener más de 100 incentivos que generan un creciente e insostenible aumento de las remuneraciones en el sector público? ¿Seguirán siendo aprobadas leyes sin contenido económico? ¿Se cumplirá la Ley 9635 en todo el sector público? ¿Se buscará cerrar los portillos legales que obligan a presupuestar ¢540.000 millones en pensiones de lujo para un reducido grupo de costarricenses o se establecerá un solo sistema para todos? ¿Quién cuestionará la calidad, los resultados y el monto que se entrega a las universidades públicas por ¢360.000 millones? ¿Necesitamos 145.000 funcionarios con salarios promedio de ¢1,5 millones para dar servicios de calidad a un país de 5 millones de habitantes?
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Expansión del gasto. Entre el 2009 y el 2019, el déficit primario pasó de un -1,2 % del PIB al -2,8 %; las transferencias, del -4,2 % al -6,7 %; los intereses, de un -2,1 % a un -4,2 %; y el déficit financiero, del -3,3 % al -6,9 %.
Debido a la expansión de los gastos en términos reales, los gobiernos se endeudaron y comprometieron a las futuras generaciones. La deuda del Gobierno Central subió del 26,2 % en el 2009 al 58,5 % en el 2019, es decir, se duplicó en solo 10 años.
La deuda del sector público no financiero y el Banco Central también tendió al alza: del 14,5 % al 15,3 %. La deuda pública total creció del 40,6 % en el 2009 al 73,8 % en el 2019.
Tal situación financiera no es sostenible a corto plazo, por lo que urgen medidas drásticas para salir del embrollo económico y social que fue agravado por la pandemia y la consecuente paralización de la economía mundial debido al confinamiento.
Perspectivas. Para este año se pronostica un crecimiento de la economía del 2 % y un 2,5 %, si se lograra controlar la covid-19 mediante las vacunas y las medidas de prevención.
Los precios del petróleo, granos y metales subirán a causa del aumento de la demanda, lo cual tendrá un efecto negativo en términos de intercambio. Una elevada liquidez en el mercado generará bajos intereses, pero también tiene efectos secundarios a mediano plazo.
La sombra de la recesión origina falta de demanda de más crédito y hay una gran resistencia de los bancos a correr mayores riesgos.
El exceso de liquidez de los bancos se está canalizando en la compra de bonos del Gobierno. Con la aprobación de la ley de avales, es predecible que los bancos bajen los costos de intermediación y asuman más riesgos, generando, así, mayor actividad económica.
La reactivación de la demanda de bienes y servicios, externa e interna, contribuirá al crecimiento, siempre que sea posible cerrar las cuentas nacionales.
El turismo y transporte aéreo tendrán una recuperación más lenta, y mucho dependerá de convertir el país en un destino seguro en materia de salud. Dar confianza al sector productivo y a los inversionistas a través de medidas claras y la firma de un acuerdo balanceado y ejecutable con el FMI revertirá la actual situación.
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Sin acuerdo. Está claro que si no se llega a un acuerdo con el FMI, debido a la falta de compromisos políticos para aprobar la ley de empleo público y otras más, Costa Rica sufriría una crisis de confianza que afectaría seriamente las condiciones de la deuda pública interna en posesión de entes estatales y operadoras de pensiones.
Asimismo, perdería la confianza de los inversionistas, entraría en un estrés financiero para pagar sus deudas, el déficit primario del Gobierno Central aumentaría, se contraería la inversión interna y externa y la monetización del Banco Central estaría seriamente cuestionada.
Los diputados deben resistir las presiones de los grupos de interés y actuar con sensatez, pensando en el bien común. Es urgente abandonar el camino del derroche y ordenar la casa.
Endeudarse y pagar caros los servicios para costear salarios que llegan hasta los ¢18 millones al mes y pensiones de ¢15 millones es insostenible. Hay que hacer cambios estructurales para redimensionar un Estado gigantesco e ineficiente.
Pausa. Hacer una pausa de un mes en la agenda legislativa, como solicitan algunos grupos de presión, no es el camino correcto.
Generar más ruido sería fatal para la credibilidad de un país que ha sido muy irresponsable en el pasado. Todos los proyectos presentados por el Ejecutivo son modificables y se están modificando.
A la propuesta de renta global y al impuesto a las casas de «lujo» hay que hacerles ajustes, pero no frenando la discusión, como plantea la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
El gobierno debe trabajar aceleradamente en los cambios estructurales, pero primero hay que salir de la grave crisis fiscal que nos agobia. No podemos seguir recortando los gastos de inversión. Hay que reducir la informalidad e incentivar a quienes quieren trabajar y desarrollar nuevos proyectos. Liberalizar los mercados de ciertos productos básicos que conforman la canasta básica es impostergable.
Lo primero es la disminución de la temperatura del enfermo y asegurar a los costarricenses que los impuestos y el endeudamiento serán empleados en infraestructura y servicios públicos de alta calidad.
Nadie quiere pagar impuestos para seguir alimentando la burocracia inamovible, que no acepta la evaluación por resultados. No puede ser que en 25 años la pobreza no haya disminuido y la educación vaya en retroceso a pesar del gran sacrificio económico que hace el país.
Si la pretensión es cobrar nuevos impuestos, la ciudadanía esperará una compensación en servicios e infraestructura de óptima calidad. No tengamos miedo, uno de los derechos que nos da una democracia plena, como dice The Economist que somos, es exigir rendición de cuentas al sector público.
El autor es ingeniero.
