Jorge Woodbridge. 21 agosto

Es muy triste haber sufrido la paralización de los servicios médicos por los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los cuales han secuestrado una de las instituciones más necesarias para nuestro bienestar.

Sindicatos que, desde la aprobación de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, en el contexto de la crisis económica de 1982, diferentes gobiernos les han otorgado 20 pluses basados en porcentajes onerosos que afectan hoy, seriamente, los costos operativos de la institución.

A la reciente huelga se unieron más de 14.000 empleados de la CCSS, con lo que pusieron en jaque a todos los centros hospitalarios: 82.000 citas suspendidas, 1.600 operaciones canceladas y más de 20.000 diagnósticos no se efectuaron. Los afectados pertenecen, mayoritariamente, a familias de escasos recursos.

Es preocupante que, en una economía con serios problemas de empleo, pobreza y contracción, un grupo de presión, que recibe excelentes salarios, logre burlar lo establecido en la ley y exija una excepción.

Por no contar el gobierno con herramientas legales, salvo declarar una emergencia sanitaria y solicitar la ilegalidad de la huelga sin tener claridad sobre los plazos, llegó a un acuerdo a todas luces ilegal, que solo beneficia a unos pocos y sacrifica el bien común.

Vamos muy mal si los sindicatos pueden detener el trabajo en los hospitales y quedar impunes. Es ridículo hablar de un juicio de lesividad cuando de antemano se sabe que el proceso durará por lo menos cinco años en los tribunales.

Es preocupante que se sigan pagando pluses contrarios a la ley fiscal. ¿Cómo es posible que se contrate a los mismos abogados de la CCSS, que avalaron la posición institucional? ¿Existirán mecanismos legales para declarar nulos los acuerdos de la CCSS y los sindicatos? ¿Cuál será el siguiente gremio que convocará una huelga para eximirse de la regla fiscal y las anualidades? ¿Seguirán impunes quienes bloqueen hospitales y dejen de prestar servicios esenciales?

En vista de los graves problemas estructurales de la CCSS, como la carencia de especialistas, ¿va a resolver el calvario de citas y operaciones pagando extras a los médicos? ¿Qué piensa la Procuraduría y cuál será la acción de la Contraloría General de la República contra este acuerdo? ¿Habrá voluntad de la CCSS de evaluar un procedimiento administrativo para analizar la legalidad del acuerdo? ¿Dónde está la Defensoría de los Habitantes cuando estallan conflictos que afectan a todos los costarricenses?

Sigue la presión. El año pasado sufrimos huelgas que afectaron la salud, la educación, la producción, el empleo, la inversión y la confianza. El daño a la paz, al respeto y la estabilidad de nuestro país no repondrá en años.

En esa ocasión, el gobierno, el Congreso y el pueblo se mantuvieron firmes y se aprobó la Ley 9635 con el fin de ordenar las finanzas públicas. No debemos aceptar que el país siga bajo la presión de grupos sindicales que quieren gozar de beneficios crecientes, insostenibles financieramente.

No se debe aceptar que la CCSS esté secuestrada por sindicatos médicos que tienen un “enganche” que les genera aumentos salariales automáticos y limita los salarios de los empleados públicos mal remunerados.

Es preocupante que, en una economía con serios problemas de empleo, pobreza y contracción, un grupo de presión, que recibe excelentes salarios, logre burlar lo establecido en la ley y exija una excepción.

No es compresible que los costarricenses debamos pagar más impuestos y un grupo reducido de profesionales en Medicina sigan beneficiándose de prebendas utilizando la presión sobre un gobierno que siempre dijo que los principales pilares de la Ley 9635 eran recuperar la confianza del mercado financiero con base en el orden en los gastos corrientes crecientes y una mejora en los ingresos.

Debe aprobarse urgentemente el proyecto de ley para brindar seguridad jurídica ante las huelgas. Solo con herramientas legales claras ordenaremos la casa.

Servicio. En lugar de organizar huelgas por mejores salarios como fin único, los sindicatos deben preocuparse por las crecientes listas de espera de la CCSS, que se resisten a disminuir, a pesar de horas extras, disponibilidades, nuevos equipos y nueva infraestructura.

La realidad es que a consecuencia de la huelga las listas de espera aumentarán y la congestión en los centros médicos se agravará mientras no haya un cambio estructural institucional. No puede ser que no existan plazos razonables para la atención de un asegurado en cada hospital, Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) y Ebáis.

No son eficientes las jornadas con altos valores en tiempo extra, lo lógico es alternar personal para aprovechar más los quirófanos y otros equipos de alta demanda y especialidad hospitalaria. Debe evaluarse si mamografías, rayos X, ultrasonidos, optometrías, chequeos médicos en general, intervenciones menores y decenas de otros servicios médicos pueden ser brindados a costos menores y buena calidad por pymes competitivas.

El peor error de la CCSS es seguir creciendo verticalmente, con una estructura burocrática muy grande y costos crecientes fuera de control y evaluación.

No es justo que miles de asegurados deban esperar 360 días, en promedio, para una operación, 171 para un procedimiento y 200 para ser atendidos por un especialista. Los asegurados tienen derecho a un servicio de salud oportuno y de buena calidad. Nada avanzaremos sin un cambio cultural y organizativo. La Sala Constitucional le exigió a la CCSS un plan remedial para acabar con las listas de espera, pero si mantiene su estructura organizativa, la misma infraestructura, los mismos equipos y la falta de especialistas, será difícil cumplir.

Es preocupante que la institución no planificara la formación de recursos humanos y que no será hasta el 2023 cuando supla la demanda de anestesiólogos, neonatólogos oftalmólogos y otros especialistas urgentes.

Privatizar. Nadie está hablando de privatizar la CCSS, como cacarean los líderes sindicales. La CCSS es de los costarricenses y la solidaridad es y será siempre el bastión central de la institución.

Los asegurados, independiente de nuestros ingresos, contribuimos al régimen de enfermedad y maternidad. Estoy claro de la importancia de la CCSS en nuestro modelo social. Lo que deben entender los sindicatos es que la institución no es de ellos, sino de los cotizantes.

La CCSS le da cobertura al 74 % de la población económicamente activa asegurada y al 58 % de los no asalariados. Los sindicatos están conformados por funcionarios y deben dar cuenta de su productividad.

Las alianzas con las cooperativas y pymes especializadas han sido una excelente decisión, que ha logrado ahorrar hasta un 40 %, de acuerdo con las evaluaciones de costos, desempeño y cobertura.

Los bajos costos administrativos, la eficiencia, la calidad y el compromiso hacen de las alianzas público-privadas un modelo necesario para Ebáis y clínicas.

El futuro. Los servicios médicos serán cada día más caros y complejos por el envejecimiento de la población. Por ello, debemos planificar cómo afrontar el cambio estructural que debe producirse en la CCSS para atender una demanda cambiante necesitada de un mejoramiento de la salud como proceso integral.

En el nuevo modelo, hay que trabajar para preparar los especialistas y aliarse con el sector privado para ser más productivos. Hoy, más que nunca, urge fortalecer la CCSS y trabajar más en la prevención de enfermedades.

Ante todo, debe aprobarse urgentemente el proyecto de ley para brindar seguridad jurídica ante las huelgas. Solo con herramientas legales claras ordenaremos la casa y se podrá negociar sin coerción con los sindicatos que nos tienen atrapados hace décadas.

El autor es ingeniero.