Guiselly Mora. 14 agosto

El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, utilizó la crisis como un prestidigitador. Luego, se le unieron otros representantes del gobierno y, junto con los sindicatos, montaron una charada.

Macaya comenzó esgrimiendo la imposibilidad técnica de ajustar el programa de planillas a las exigencias de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas: pasar del pago de la anualidad en porcentaje a un monto nominal con el fin de evitar el aumento desproporcionado en remuneraciones.

El sistema de salud costarricense está privatizado porque, por lo menos la clase media, no tiene acceso a los servicios debido a que las largas listas de espera los obliga a acudir a los hospitales privados en busca de cura para sus males.

Es un software muy viejo, aseguró Macaya, y tiene razón. En 1998, se le encargó a la empresa KPMG Consultores un programa nuevo, pero nunca sirvió. De acuerdo con lo denunciado por La Nación en el 2009, la empresa lo entregó tres años después obsoleto e incompleto y, aun así, la institución pagó ¢1.000 millones por él. Dinero y sistema tirados a la basura. Los sindicatos, defensores de la institución, callaron.

En consecuencia, de acuerdo con Macaya, cuatro funcionarios a punto de jubilarse son los únicos con los conocimientos para manejar el programa desarrollado hace cuatro décadas en Cobol; sin embargo, si usted ingresa a la página en Internet de la CCSS, hallará una lista en la cual figuran 28 jefes de tecnologías de información y comunicaciones. Algunos de ellos tan diestros que han desarrollado softwares muy valiosos, como, por ejemplo, el centro virtual para la atención de pacientes con afecciones dermatológicas, en operación desde junio del año pasado.

Macaya nos pone, así, ante una paradoja zenoniana: ¿Cómo han resuelto el problema durante casi cuatro décadas para hacer los cambios al sistema en cuestión de días para reconocer los aumentos decretados dos veces al año a sus empleados (57.000 en tiempo presente), los aumentos obligatorios por la llamada “ley de enganche” y todo otro incremento derivado de los 19 pluses vigentes en la institución? Para arriba todo es posible, para abajo, nada.

Segunda paradoja: durante la negociación, Macaya dejó claro que estaba en la misma línea del sector sindical: para la Caja no rige la regla fiscal. Si el sindicato y la Junta Directiva de la CCSS lo comprendían, ¿por qué hubo huelga? El editorial de este martes resolvió la aporía: no fue para defender a la CCSS.

Tercera paradoja: si la Sala Constitucional deja fuera de la regla fiscal a la CCSS, el recurso de enviar a un tribunal la consulta pretende ver el deshielo del Ártico antes de conocer el fallo. Saben que la flecha no se mueve porque aún estamos esperando la declaratoria de legalidad o ilegalidad de pasados movimientos huelguísticos.

Derechos adquiridos. No han sido pocos los abogados laboristas costarricenses quienes han explicado que una concesión salarial no ata al país de por vida. No existen pagos vitalicios. Son concesiones patronales que así como aparecieron pueden desaparecer. En la difícil coyuntura actual, está más que justificado un nuevo orden salarial para salir del hueco donde cayó el país.

Los sindicalistas no reconocen, porque les resulta inconveniente, que las ventajas salariales han sido obtenidas de forma espuria, mediante el chantaje permitido por la paralización de servicios esenciales y la vieja escuela, retomada ahora por el PAC, de ceder para no perder mano de obra electoral ni votos.

Privatización. El sistema de salud costarricense está privatizado, aunque los sindicalistas se presentaran como defensores de preservar la CCSS en manos del Estado.

Está privatizado porque, por lo menos la clase media, no tiene acceso a los servicios debido a que las largas listas de espera los obliga a acudir a los hospitales privados en busca de cura para sus males. A los de ingresos altos en nada los afecta una huelga más o una huelga menos. Así que los dueños de la CCSS son los sindicatos: ellos le dicen al gobierno cuántos turnos trabajar, cuánto quieren ganar, cuáles leyes aprobar y hasta a quién despedir. No se vislumbra el final de la larga noche del poder de los cuatro aristogatos cuyo perjuicio lo sufren los más pobres.

La salud está privatizada porque si una mujer se encuentra un bulto en uno de los senos y le dan cita para tres años después (siendo optimistas), es posible que cuando llegue el día necesite un forense en lugar de un oncólogo. La misma suerte correrá un hombre diagnosticado con cáncer de próstata si la operación se la programan para el 2023.

La judicialización de la medicina también es una forma de privatización: si no hay recurso de amparo, no hay adelanto del examen de la mujer o del hombre en las primeras etapas del cáncer, cuando todavía es posible salvarles la vida.

Privatización, sí. Los médicos entre ellos y las universidades públicas han impedido la formación de especialistas para contener la competencia.

Por ello, cuando alguien llega a cierta edad y la tiroides le falla, los amigos le recomiendan equis médicos “que atienden en la CCSS, pero también en consulta privada”.

Y ni pensar en el 46 % de los sinseguro que trabajan en la informalidad. Si van a la CCSS, les cobrarán una factura como en cualquier hospital particular.

En el 2015, la CCSS tenía 170 anestesiólogos y calculaba un faltante de 60 para cubrir la demanda quirúrgica básica. Ojalá los futuros anestesiólogos no estén en el grupo de los reprobados para hacer el internado y ojalá los tres niñitos de Medse no aspiren a ser médicos porque, entonces, el ágil Aquiles nunca sobrepasará a la tortuga.

gmora@nacion.com

Guiselly Mora es editora de Opinión de La Nación.