Kenneth Rogoff. 7 abril

CAMBRIDGE– Haciendo muestra de un grado de coraje y claridad innegable, la senadora y precandidata presidencial estadounidense Elizabeth Warren ha puesto en la mira a las grandes tecnológicas, incluidas Facebook, Google, Amazon y Apple. Las propuestas de Warren suponen una reformulación total de la excepcionalmente permisiva política de fusiones y adquisiciones estadounidense de las últimas cuatro décadas.

En realidad, las grandes tecnológicas son solo el ejemplo más visible de un significativo aumento del poder monopólico y oligopólico en una amplia variedad de sectores de la economía estadounidense. Aunque todavía no está nada claro cuál sería la mejor respuesta, coincido totalmente en la necesidad de hacer algo, especialmente en lo referido a la capacidad de las grandes tecnológicas para comprar a potenciales competidores y usar su poder de plataforma para ingresar a otras líneas de negocios.

Lo valiente de la propuesta de Warren radica en que las grandes tecnológicas son grandes donadoras a las campañas de la mayoría de los principales precandidatos demócratas, en particular los progresistas, quienes siempre consiguen financiación en California. Aunque sin duda se podrían plantear objeciones, Warren no es la única quien piensa que las gigantes tecnológicas adquirieron un dominio de mercado excesivo; de hecho, es una de las pocas cuestiones en las que parece haber algo similar a un consenso en Washington. Otros precandidatos, en particular la senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, también han fijado una posición clara en el tema.

Aunque las relaciones causales son difíciles de dilucidar, hay firmes motivos para creer que el aumento de poder monopólico influyó en el agravamiento de la desigualdad de ingresos, el debilitamiento del poder negociador de los trabajadores y la desaceleración del ritmo de innovación. Con la posible excepción de China, es un problema global, porque en muchos casos los monopolios tecnológicos estadounidenses llegaron a dominar el mercado antes de que los reguladores y políticos locales se dieran cuenta de lo que sucedía.

La Unión Europea, en particular, viene tratando de trazar un rumbo propio en materia de regulación de las empresas tecnológicas. Hace poco, el Reino Unido designó un grupo de expertos, presidido por el ex economista principal del gobierno de Barack Obama (y ahora colega mío) Jason Furman, que produjo un muy útil informe sobre posibles estrategias para el sector tecnológico.

El debate acerca de cómo regular el sector tiene inquietantes parecidos con el que se produjo en torno a la regulación financiera a principios de este siglo. Los partidarios de una regulación laxa sostenían que las finanzas son demasiado complicadas para que los reguladores se mantengan a la par de sus innovaciones y que los instrumentos derivados permiten a los bancos cambiar totalmente su perfil de riesgo en un abrir y cerrar de ojos. La industria financiera respaldaba los argumentos con dinero, pagando salarios tan superiores a los del sector público que un auxiliar de investigación en el Sistema de la Reserva Federal capacitado para trabajar en cuestiones financieras recibiría ofertas más altas que lo que ganaban sus superiores.

Si la idea de regular más estrictamente el sector tecnológico cobra vuelo, habrá problemas similares para dotar de personal a las oficinas de regulación y a las divisiones jurídicas contra los trust. El éxito demandará una dirigencia política concentrada, decidida e incorruptible. Basta con recordar la crisis financiera del 2008 y sus penosas consecuencias para comprender lo que puede suceder cuando un sector obtiene demasiada influencia política. El riesgo que plantean las grandes tecnológicas a la economía estadounidense e internacional es tanto o más que el del sector financiero, por la posibilidad de ciberagresiones y vulnerabilidades en las redes sociales que puedan pervertir el debate político.

Otro paralelo con el sector financiero es la influencia desmedida de los reguladores estadounidenses. Igual que con la política exterior de Estados Unidos, cuando aquellos estornudan, el mundo entero se resfría. La crisis financiera del 2008 se inició por vulnerabilidades en Estados Unidos y el Reino Unido, pero no tardó en globalizarse. Bien podría ocurrir lo mismo en una cibercrisis en Estados Unidos. Esto crea una “externalidad”, un problema de bienes comunes globales porque los reguladores estadounidenses están permitiendo la acumulación de riesgos en el sistema sin tener en su debida cuenta las derivaciones internacionales.

Es un problema que no se puede resolver sin antes responder preguntas fundamentales sobre el papel del Estado, la privacidad y el modo en que las empresas estadounidenses pueden competir globalmente contra China, cuyo gobierno está usando a las empresas tecnológicas locales para reunir datos sobre sus ciudadanos a ritmo exponencial. Pero muchos preferirían no tener que hacérselas.

De allí la intensa reacción contra Warren por atreverse a sugerir que aunque muchos servicios parezcan gratuitos, tal vez hay algo que no está bien. Fue una reacción similar a la del sector financiero hace quince años y a la de los ferrocarriles a finales del siglo XIX. En una columna publicada en el número de marzo de 1881 de The Atlantic, el activista progresista Henry Demarest Lloyd advirtió: “Nuestra respuesta al ‘problema de los ferrocarriles’ mostrará la calidad y el calibre de nuestra sensatez política. Será un buen presagio de las líneas futuras de nuestro crecimiento social y político. Puede ser un indicio de si es posible que la democracia americana, como todos los experimentos democráticos que la precedieron, se extinga porque el pueblo no tuvo ingenio o virtud suficiente para poner el bien común en el sitial supremo”.

Las palabras de Lloyd siguen sonando ciertas hoy. Por ahora las ideas para la regulación de las grandes tecnológicas son solo bocetos, y sin duda hacen falta análisis más serios. Estados Unidos necesita imperiosamente una discusión abierta e informada, libre del dinero de los grupos de presión. El debate al que Warren se sumó no es acerca de instituir el socialismo, sino de volver la competencia capitalista más justa y, en definitiva, más fuerte.

Kenneth Rogoff, ex economista principal del FMI, es profesor de Economía y Políticas Públicas en la Universidad Harvard.

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