Jorge Woodbridge. 9 agosto

Dada la gravedad de la crisis, el gobierno debe establecer el diálogo para llegar a acuerdos con los sectores productivos y sociales.

Los costarricenses tienen derecho de conocer cuál será la estrategia de la administración Alvarado para hacer frente a los embates de la pandemia.

Únicamente con una ruta clara sobre los parámetros para establecer las restricciones sanitarias y la reactivación económica conseguirá un nuevo clima de confianza para atraer inversiones y generar empleo.

Terrible error es creer que el sector público es el único actor de envergadura para enfrentar tan compleja situación. La labor primordial de las instituciones es formular políticas públicas con el fin de aumentar la productividad de los servicios y las inversiones. Y, en el campo sanitario, emitir las directrices para combatir la covid-19.

Solo si se unen todos los actores sociales, el país saldrá adelante. Llegó el momento de tomar acciones muy puntuales.

Definir. No habrá prosperidad si no hay fomento de la inversión, la inclusión, la justicia, la productividad y la innovación.

Mal hacen los políticos cuando excluyen a los empresarios de las decisiones estratégicas para enfrentar la recesión. Un buen gobierno da las herramientas a quienes quieren innovar y desarrollar nuevas empresas.

El Estado depende de los impuestos y de la venta de servicios que todos los ciudadanos pagamos. Si no mide el gasto, deberá endeudarse.

No hay dinero público como muchos políticos creen. Si la producción sigue en picada, nadie le prestará a Costa Rica y no habrá recursos para salarios, transferencias, gastos operativos, gastos financieros e inversiones.

Si alguien se atreviera a prestarle al país, lo hará pidiendo altos réditos, los cuales encarecen más la ya asfixiante deuda.

No es correcto afirmar que “alguien” lo pagará. Seremos todos, y posiblemente nuestros hijos o nietos quienes queden hipotecados.

Tristemente, durante muchos años hemos tolerado un Estado ineficiente y costoso, con el agravante de que nadie cuestiona la productividad y la existencia de ciertas instituciones.

Es fundamental una definición sobre qué clase de Estado quieren los costarricenses: paternalista o empresarial, o vamos a apostar por una Costa Rica más competitiva e inclusiva.

La creación de instituciones debe acabar y los privilegios, también. Al sector público debe exigírsele racionalidad, transparencia y productividad.

La tecnología y la revolución industrial 4.0 exigen cambios radicales en la estructura del aparato estatal.

Sacrificio. Esta pandemia está causando un grave desempleo, de aproximadamente 551.000 costarricenses, 3.000 comercios quebrados y miles de pymes seriamente afectadas. La pobreza va en aumento y está claro el necesario sacrificio de todos.

La recuperación de la economía será más lenta y costosa de lo pronosticado. Mientras no aparezca la vacuna, ser muy disciplinados en el acatamiento de las medidas sanitarias será lo único posible para reabrir la economía.

Las familias más vulnerables y los desempleados necesitan ayuda, pero eso solo será factible si se recortan gastos y pluses en el sector público.

El sacrificio debe ser parejo. No se trata de sector privado contra sector público, ni de ricos contra pobres, sino de salvar un país cuyas fallas económicas acrecentaban las desigualdades desde antes de la pandemia.

2020. En este año, la producción decrecerá un 5 % y la deuda pública ascenderá a $22.000 millones. En solo 10 años la duplicamos y en este 2020 crecerá un 17 %, con un déficit del 11 % del PIB.

La realidad obliga al gobierno a ajustar los gastos y tratar de reducir el endeudamiento, pero en cambio se habla de nuevos impuestos solidarios y progresivos, y más deuda.

Los gastos financieros absorben ya el 40 % del presupuesto. Pedir más crédito es muy complejo y costoso, mientras no se firme el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El país no debe ir a negociar con el FMI pensando que conseguirá un arreglo muy “costarricense”. Es correcto abrir el diálogo, pero no hay mucho tiempo y difícilmente se alcanzarán acuerdos satisfactorios para todas las aspiraciones.

La negociación con el FMI exige compromisos y sacrificios. El sector público se siente muy tranquilo, después de todo en esta terrible crisis no ha resultado afectado.

Es ilógico que el gobierno no haya establecido un límite de gasto más bajo. En solo cuatro años, las remuneraciones de los funcionarios pasaron de ¢20,7 billones a ¢29 billones; crecieron de ¢5,2 billones en el 2016 a ¢6,4 billones en el 2020, y las transferencias corrientes pasaron de ¢4,9 billones a ¢6,3 billones.

Es imposible seguir por el mismo camino. Se necesitan cambios profundos. El ritmo de crecimiento en los pasados cinco años fue un 3,3 % anual y así no se sale del subdesarrollo, mucho menos con una caída de la producción tan cuantiosa este año.

Los discursos retóricos ya no calan, tampoco más estudios y reuniones. El país demanda acción y una ruta inclusiva, recuperar la confianza y dejarse de ocurrencias.

El costo de esta crisis acrecentará la pobreza y la desigualdad. Si el sector productivo no recibe apoyo y tampoco se fijan las responsabilidades mutuas en el manejo económico y social de la pandemia, la situación se agravará más de lo pensado.

Las autoridades deben ser muy cuidadosas en el uso del martillo y la danza. Es necesario aclarar la estrategia y dar un papel más protagónico a la ciudadanía y a los principales actores sociales. Es época de acuerdos.

El autor es ingeniero.