Óscar Arias.   3 agosto

Esta pandemia de dimensiones devastadoras sacude el mundo hasta sus cimientos. La enfermedad, la muerte, el aislamiento social, el hambre, la pobreza, el desempleo y la incertidumbre se multiplican sobre la faz de la Tierra.

Además de la crisis sanitaria también tenemos una económica como no habíamos vivido en los últimos 100 años. Quien en este momento no se haya dado cuenta de la situación que estamos enfrentando, debe abrir los ojos. Nuestros desafíos son graves y deben ser asumidos con seriedad.

El país necesita saber cuáles son las medidas que el gobierno adoptará frente a la crisis económica y social que se acrecentará con el paso de los días. Cuáles son las medidas para la protección de las familias, los trabajadores, las empresas y el sector financiero.

Esta crisis nos golpea a todos, pero a cada grupo de manera particular. Algo así como aquella célebre frase de León Tolstoi, al inicio de Ana Karenina, que decía que “todas las familias dichosas se parecen, pero las desdichadas lo son cada una a su manera”.

Las medidas de apoyo a un empresario son sustancialmente distintas a la que requieren los estudiantes que ahora reciben clases virtuales.

Las medidas de apoyo al sector de la construcción son diferentes a la ayuda para las personas de alto riesgo de contagio, así como la de los hoteleros no es igual a la de las personas que en este momento alquilan una casa, o bien, el apoyo al sector productivo no es el mismo que necesitan los desempleados y la asistencia que requiere el sector exportador no es igual a la que demanda el pequeño agricultor a punto de perder su cosecha.

Cada costarricense debe ser capaz de encontrar en el gobierno una respuesta real a los problemas que esta pandemia plantea.

Reforma del Estado. Son tiempos insólitos en los que nos ha correspondido vivir y muchos esperaríamos que tras esta pandemia el gobierno modifique sus prioridades, de tal manera que se dé una verdadera metamorfosis a fin de que se realicen las reformas del Estado que el país necesita.

El mayor reto es modernizar y hacer más eficaz un Estado convertido en un lastre que retrasa nuestro desarrollo. Debemos reformarlo no porque el Fondo Monetario Internacional lo pida, sino porque es necesario y urgente si aspiramos a ser cada día más competitivos.

Es ahora o nunca cuando el Estado debe ser repensado conforme con las exigencias de los tiempos actuales. Si el gobierno debe dar respuesta a las demandas siempre crecientes de la ciudadanía, es indispensable que existan instituciones que canalicen esas demandas, pero sobre todo que propicien los cambios necesarios para atender esas demandas.

En el Programa de Acción Política que presenté como candidato a la presidencia en enero del 2005 dije que era hora de que entendiéramos que de muy poco sirve un Estado capaz de vendernos líneas de teléfonos celulares, pero incapaz de tapar los huecos en las calles; capaz de vendernos sofisticadas pólizas de seguro en condiciones de monopolio, pero incapaz de poner más policías en nuestras ciudades; capaz de darnos tarjetas de crédito por medio de sus bancos comerciales, pero incapaz de dar a la niñez y juventud una educación de primer nivel.

Ese es el Estado que tenemos, y estoy convencido de que no es sostenible ni conveniente ni progresista ni justo.

No se trata, entonces, de destruir ni de maniatar al Estado costarricense, sino de poner sus prioridades en orden para que haga bien lo que solo ese Estado puede hacer. Si ser socialdemócrata implica defender y exigir la presencia de un Estado vigoroso, me temo que quienes defienden el statu quo y se oponen por principio a toda reforma del Estado, simplemente no son socialdemócratas, por más que se empeñen en proclamarlo.

Siempre digo que gobernar es educar. El presidente debe explicar al país por qué debemos aprovechar esta crisis para lograr acuerdos que permitan transformar un sistema político bastante anárquico en una democracia funcional.

El gobierno debe tomar decisiones, demandar responsabilidades, cumplir sus compromisos, poner en orden sus prioridades y ejercer el liderazgo que le corresponde dentro de sus instituciones y en la Asamblea Legislativa.

No olvidemos que los problemas no se resuelven solos, dejando transcurrir el tiempo o posponiendo, por temor o por comodidad, su solución. La negativa a decidir acarrea un alto costo. La indecisión no es la mejor opción para enfrentar la vida. La vida en democracia se torna inviable cuando el gobierno no es capaz de resolver sus principales problemas.

Experiencia. Cuando en el 2006 asumí el gobierno por segunda vez, nada era más elocuente de la parálisis a la que había llegado Costa Rica que la situación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana.

Un documento negociado hábilmente por nuestras autoridades de Comercio Exterior, que permitía el libre acceso de nuestros productos al mercado más grande del mundo, que garantizaba la atracción de una mayor inversión extranjera directa, esperaba el paso de un cometa para ser aprobado.

Algunos pensaban que era mejor no discutir el TLC por miedo a perturbar nuestra paz social. Pensaban que era mejor esperar eternamente a que se aclararan los nublados del día.

Pero la paz social no se protege rehuyendo las decisiones polémicas ni evadiendo el debate sobre los temas de interés nacional. Se protege fomentando un diálogo franco y sensato, cultivando la madurez para divergir sin acudir al irrespeto y a la violencia.

Costa Rica tenía que pasar por ese bautizo. Tenía que decidir por qué no podía continuar dando largas al porvenir. La discusión y aprobación del TLC, y de la agenda de implementación fue la tarea más desgastante que asumió mi gobierno.

Gracias a ese debate nacional, Costa Rica tuvo claro hacia dónde iba. Gracias a esos meses de difícil tensión política, nuestro pueblo sacudió la herrumbre de sus engranajes.

No podemos seguir vagando sin norte, discutiendo interminablemente entre nosotros, persiguiendo el espejismo de la unanimidad. “Nunca hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde va”, escribió, con razón, Séneca.

Estoy convencido de que Costa Rica tiene todo para llegar adonde se lo proponga, pero primero este gobierno tiene que saber hacia dónde quiere ir. Esa es la tarea: la de definir con claridad un norte y empezar a navegar hacia él.

Si como país hemos de definir la ruta, es preciso recuperar el valor para coincidir; la capacidad para reconocer las oportunidades y la nobleza para situar los intereses del país por encima de los particulares. Pero, sobre todo, debemos recobrar la confianza del pueblo en sus líderes políticos.

Acuerdo stand by. Si el gobierno no mantiene unida a la fracción del PAC, será casi imposible unificar a las demás para obtener los 38 votos necesarios para la aprobación del convenio con el Fondo Monetario Internacional.

Mantener unida a su fracción parlamentaria no es tarea fácil. Cuando en mi segundo gobierno estábamos aprobando las 13 leyes de la agenda de implementación del TLC, tuve a mi lado a la fracción de mi partido apoyándome, y por eso logramos que otros diputados de diferentes bancadas nos acompañaran.

Así, 38 legisladores asumieron la responsabilidad de aprobar las leyes que requeríamos para que entrara en vigor el TLC, soportando todo tipo de presiones, vejámenes e insultos.

Eso es lo que le corresponde hacer al actual gobierno por nuestro bien: mantener unida a la fracción del PAC y obtener los votos para no dejar al azar la aprobación de los proyectos y convenios que el país necesita.

El futuro no es una ruleta en donde cada uno apuesta a un número y cruza los dedos esperando que sea el correcto. El gobierno no puede jugar con el futuro de Costa Rica ni con el bienestar de cada uno de nosotros.

El autor es expresidente de la República.