EscucharPuestas a escoger, muchas personas se decantarían por recibir la sexta parte de una pizza grande que la quinta de una pequeña, pues comerían más. Pero está de moda afirmar que, en materia de política pública, la lucha contra la desigualdad de ingresos es más necesaria que la relacionada con el crecimiento económico y el alivio de la pobreza.
En todo caso, se espera que el Estado adopte políticas redistributivas, de tipo Robin Hood, es decir, que pasen recursos de ricos a pobres. Desafortunadamente, no siempre ocurre así y la acción de nuestro Estado quita a los pobres para dar a quienes ya más tienen.
Winston Churchill afirmó que “el vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de bienes. La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de la miseria”.
Para medir la desigualdad, de ingreso o de riqueza, en una sociedad, comúnmente se utiliza el coeficiente Gini, un indicador cuantitativo que se mueve entre 0 y 1.
El primer valor corresponde al caso de equidistribución, en que cada uno de los ene miembros de una sociedad recibe un enésimo del ingreso o de la riqueza total. El coeficiente toma el valor 1 cuando una persona acapara todo.
De acuerdo con el Banco Mundial (BM), en el 2017, Armenia tenía un Gini del 0,34; El Salvador, 0,38; Costa Rica, 0,48; y Panamá, 0,50. Si solo el indicador de desigualdad contara, quizá muchos costarricenses y panameños estarían haciendo fila en el aeropuerto para ir a vivir a Armenia o a El Salvador.
Sin embargo, el tamaño de la pizza también cuenta. Como muestra otra estadística del BM, en el 2018, el ingreso promedio ajustado por poder de compra (PIB per cápita-PPC), que toma en cuenta el costo de los bienes y servicios en cada país, de Armenia era de $10.325; el de El Salvador, $8.317; el de Costa Rica, $17.645; y el de Panamá, $25.509.
Se puede argumentar que, en igualdad de condiciones, el que un país mejore la distribución del ingreso entre sus habitantes, o logre bajar el valor del coeficiente Gini, es bienvenido. Para ello, como indiqué, se suele pedir un poco de ayuda a las políticas públicas.
Lo que se espera es que el Gini, después de la participación estatal, que recoge impuestos y gasta en diversos propósitos, sea más bajo. Constituiría una insensatez contratar una enorme cuadrilla de burócratas para que cobren impuestos y otra para que proceda a administrar programas de gasto, si eso no mejora considerablemente el coeficiente Gini.
Peor aún, si su actuar no solo hace que el tamaño del queque, o de la pizza, según el gusto, se reduzca, sino que empeore la distribución de riqueza inicial.
Qué dice la evidencia. La evidencia empírica indica que Costa Rica está muy cerca de tener un Estado que en vez de ayudar a mejorar la distribución del ingreso contribuye a empeorarla.
En efecto, en marzo del 2017, el Departamento Económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un estudio elaborado por Alberto González Pandiella y Mabel Gabriel titulado Deconstructing income inequality in Costa Rica: An income source decomposition approach, que —como su nombre lo indica— separa los diferentes componentes del coeficiente Gini para ver cuáles de ellos contribuyen al aumento de la desigualdad y cuáles a reducirla. El período analizado es 2010-2014.
La conclusión a la cual llegaron los investigadores González y Gabriel es muy preocupante: los sueldos pagados en el sector público, tanto en el Gobierno Central como, particularmente, en las instituciones autónomas, contribuyeron más a crear desigualdad en el país.
Los trabajadores no especializados, cuya educación es solo de escuela primaria o menos, reciben sueldos muy por debajo de los que perciben quienes ocupan cargos que requieren conocimiento especializado, educación secundaria y terciaria.
El estudio muestra que los trabajadores que tienen educación universitaria reciben una paga que es cuatro veces la de quienes solo tienen primaria. Los programas de ayuda social que maneja el gobierno contribuyen a mejorar la igualdad, pero su efecto es muy pequeño como para hacer diferencia.
Fallas del Estado. Y aquí el llamado a las autoridades: mientras sigan reconociéndoles salarios y beneficios extraordinariamente altos a los burócratas, la desigualdad de ingresos seguirá en aumento. Por otro lado, si continúan asignando automática e incondicionalmente recursos al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que las universidades dedican a pagar salarios y subsidiar la matrícula al segmento de mayores recursos económicos de la sociedad, y se les limite el giro de dinero a las escuelas primarias y colegios rurales, solo porque no tienen poder para organizar huelgas y paros, muchos trabajadores costarricenses, por baja escolaridad, seguirán recibiendo ingresos igualmente bajos, que explican el relativamente elevado coeficiente Gini del país.
Lo que es peor, si esta situación no cambia para bien, el Estado costarricense no contribuirá al alivio de la pobreza. Al contrario, ayudará a incrementarla.
El autor es economista.
