Mellissa Fung. 15 mayo

LONDRES– Había pasado cerca de dos semanas cautiva en Afganistán cuando el gobierno de Canadá, mi país, se comunicó con mis captores para negociar mi liberación.

Les dijeron que me pusieran al teléfono el día siguiente, cuando el Ejército estadounidense haría volar un dron sobre el área donde pensaban que me tenían, con el fin de determinar mi ubicación precisa.

Los negociadores no aceptaron esa condición. Me liberaron un par de semanas después en un intercambio de prisioneros. Pero la disposición del gobierno estadounidense a ayudar a encontrarme a mí, una periodista canadiense secuestrada mientras hacía su trabajo, daba la apariencia de seguridad para las personas que hacen trabajos peligrosos. Once años después, esa red ha desaparecido y los periodistas están más en peligro que nunca.

Desde mi liberación, en noviembre del 2006, 626 periodistas han perdido la vida desempeñando sus trabajos. Hoy, según cifras del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), 64 están desaparecidos y 250 se encuentran en la cárcel.

Un nuevo informe de la organización sin fines de lucro británica Article 19 —en alusión al artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclama el derecho a buscar y recibir noticias y expresar opiniones— ha concluido que la libertad de expresión se encuentra en su punto más bajo de la década, y sigue en descenso.

De hecho, tres de cada cuatro habitantes del mundo “viven en ambientes donde la libertad de expresión se encuentra en deterioro”, observa el informe de Article 19. Thomas Hughes, su exdirector, responsabiliza en parte al uso de los gobiernos de “las tecnologías digitales para vigilar a sus ciudadanos, limitar contenidos y cerrar comunicaciones”.

La actual pandemia no ha hecho más que agravar la situación. A medida que el virus se iba propagando por el planeta, dio a los gobiernos autoritarios una excusa para controlar todavía más estrechamente la información.

El gobierno chino suprimió todo aviso cuando el virus comenzó a transmitirse en Wuhan, denunció a los médicos que dieron alarmas tempranas y detuvo a quienes intentaron dar voz a esas alarmas. Ahora, está usando los medios de información estatales para tratar de reescribir la historia.

En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán ha propuesto nuevas leyes que permitirían a las autoridades castigar a todo aquel que difunda “información falsa” sobre el virus.

Según un informe reciente del CPJ, tanto los gobiernos autoritarios como elegidos están promulgando leyes que apuntan a limitar las “noticias falsas” y la ciberdelincuencia, pero que, en muchos casos, en la práctica, criminaliza el periodismo.

En numerosos países, como Egipto, Turquía o Camerún, hay periodistas que han sido acosados, intimidados, multados y detenidos bajo dudosas acusaciones de que propagaban noticias falsas.

Y si se trata de desacreditar los intentos de los periodistas de hacer responsables a los poderosos de sus acciones, Estados Unidos, históricamente el mayor defensor mundial de la libertad de prensa, les ha mostrado a estos países cómo se hace.

Las casi diarias conferencias de prensa del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca del coronavirus se han convertido en una seguidilla de ataques a los reporteros que cuestionan sus mentiras y desinformación sobre la manera como su administración ha enfrentado la crisis.

Como observó el editor del New York Times A. G. Sulzberger el año pasado, con sus constantes burlas y amenazas a los reporteros y medios noticiosos, Trump “en la práctica, ha dado a los líderes extranjeros permiso para hacer lo mismo con los periodistas de sus países, incluso dándoles el vocabulario para hacerlo”. Y la falta de disposición de la administración Trump para defender periodistas ha generado una cultura de impunidad.

Esto nunca fue más claro que después del brutal asesinato, en el 2018, del periodista disidente saudita Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul.

Como afirmó Courtney Radsch del CPJ, Trump “decidió muy abiertamente que la relación económica y de seguridad (de EE. UU.) con Arabia Saudita tenía más valor que el hecho de que (el régimen) hubiese asesinado a un periodista”. El que Trump se negara a hacer ningún esfuerzo para que los sauditas se hicieran responsables fue “un momento crucial para el declive de la libertad de prensa en el mundo".

Un incidente menos conocido del año anterior subraya el nivel de indiferencia de la administración Trump a las tribulaciones de los periodistas. Según Sulzberger, en el 2017, un funcionario de gobierno se puso en contacto con el periódico para avisar que las autoridades egipcias iban a arrestar al reportero del Times en El Cairo, Declan Walsh, por un reportaje acerca de la muerte de un estudiante italiano a manos de las fuerzas de seguridad egipcias.

Lo que destacó de la llamada, recuerda Sulzberger, es que el funcionario la había hecho sin el permiso de la administración Trump (y, potencialmente, contra sus deseos), ya que el Departamento de Estado aparentemente había decidido no intervenir, lo cual es bastante inusual de su parte. Afortunadamente, el periódico pudo obtener ayuda de Irlanda, país del que Walsh es ciudadano, cuyos diplomáticos lo sacaron rápidamente de Egipto.

Reflexionando sobre el incidente, Walsh escribió que “va quedando cada vez más claro… que los periodistas ya no pueden confiar en el respaldo de los Estados Unidos”.

No sé qué ocurriría si fuera secuestrada en Afganistán hoy. Pero, a juzgar por el historial de la administración Trump, cabe suponer que el gobierno estadounidense sencillamente se encogería de hombros y preguntaría por qué estaba allí en esas circunstancias.

Pero es precisamente en los países asolados por conflictos o que tienen regímenes autoritarios donde más se necesita un periodismo independiente. Afortunadamente para sus pueblos, cuentan con la valentía de los reporteros locales que cada día siguen poniendo al descubierto la corrupción, asegurando la transparencia y haciendo que los poderosos rindan cuentas, incluso si eso significa arriesgar sus vidas.

Ciertamente, este compromiso se puede ver en Afganistán. Este abril se cumplieron dos años de que un motociclista suicida se hiciera explotar no lejos del lugar donde me hospedaba en Kabul, en una calle detrás de la embajada estadounidense.

Cuando los periodistas iban a cubrir la noticia, un segundo suicida se hizo estallar: además de él, murieron nueve periodistas, incluido Shah Marai, el principal fotógrafo de la agencia noticiosa AFP en el país.

Fue la jornada más letal de la historia para los periodistas afganos. Pero no los amedrentó ni evitó que compartieran sus noticias con el resto del mundo. Por el contrario, inspiró a una nueva generación de jóvenes reporteros, muchos de ellos mujeres, a seguir luchando por la verdad y la rendición de cuentas.

Los reporteros de todo el planeta hacen hoy un seguimiento riguroso y valiente de la propagación de la covid-19, en un mundo donde los equipos de protección personal son mascarillas y guantes en lugar de chaquetas y cascos de kevlar. Cuentan las historias de los afectados, homenajean a los fallecidos y dan al público información vital. Y, lo más importante, desenmascaran la desinformación y las teorías conspirativas.

Los reporteros no deberían estar preocupados de que sus propios gobiernos los ataquen por hacer su trabajo. No será fácil reconstruir las normas que se están destruyendo hoy, independiente de quién ocupe la Casa Blanca. Pero el futuro de la libertad de prensa exige que lo intentemos.

Mellissa Fung: periodista, autora de “Under An Afghan Sky: A Memoir of Captivity” (“Bajo un cielo afgano: memorias de un cautiverio”).

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