Hay asuntos cruciales en el debate nacional que continúan pendientes y cobran importancia en la presente crisis sanitaria, social y económica.
Desde la perspectiva de la Contraloría General de la República, uno de esos asuntos es la grave situación fiscal, la cual afecta transversalmente la capacidad de respuesta del Estado a la coyuntura.
Las finanzas públicas venían en franco deterioro antes de la aparición de la covid-19, y aunque luego de muchos años se hizo un esfuerzo valioso para proveer al país de una ley orientada al ordenamiento fiscal: la Ley 9635.
A pesar de ello, varios factores han hecho que ese primer movimiento en la dirección correcta se vea alterado en muy poco tiempo, principalmente por dos razones: una, por cuanto la regla fiscal contenida en la ley, que procura la contención del crecimiento del gasto corriente para estabilizar la deuda del gobierno a mediano plazo, ha sufrido varios tropiezos.
Esto último debido a la actitud, acciones e intereses de quienes, evidente e independientemente de su lógica, no están dispuestos a sujetarse a la disciplina que demanda el ajuste fiscal y que el país exige.
La otra razón es la emergente crisis causada por la pandemia, y cuyo impacto está siendo devastador en la economía global y local.
Pese a la fragilidad fiscal, el país continúa endeudándose aceleradamente y, al mismo tiempo, los ingresos van rápidamente en descenso sin la adopción de medidas sustantivas que posibiliten atender la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Peligroso juego de azar. Debe tenerse clara conciencia de que de esas medidas depende mucho el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho.
Pensar en dar soluciones a los diversos sectores afectados por la crisis sin atender de alguna manera la estabilidad misma de la Hacienda pública es un peligroso juego de azar.
Si no se toman las acciones necesarias, el gobierno, en estas condiciones, no estará mucho tiempo a flote con tanto peso y en aguas tan agitadas.
Los riesgos que corremos si seguimos el rumbo que lleva el país son muy serios desde el punto de vista social y económico en un plazo relativamente corto.
Basta con ser conscientes del escenario que brindan las proyecciones en este campo: el déficit fiscal podría alcanzar un 10 %, según el Ministerio de Hacienda, si no se actúa para reducirlo antes de finales del 2020, y el desempleo continuará aumentando.
La caída de la producción está proyectada en un 3,6 % del PIB, sin dejar de lado el endeudamiento del gobierno, el cual ya llegó al 60 %.
Con el propósito de evitar el contagio de la covid-19, el gobierno definió estrictas medidas que han generado protección a las personas y una inevitable contracción de la actividad económica, cuyo resultado es una notable disminución en los ingresos estatales.
El 30 de abril el Ministerio de Hacienda anunció que la proyección de la caída de ingresos y los efectos de la moratoria ascendería a ¢975.000 millones, el equivalente al 2,7 % del PIB y un 18 % menos de los ingresos totales sin financiamiento proyectados en el presupuesto del 2020.
En ese escenario, los ingresos totales sin financiamiento caerían alrededor de un 16 % con respecto a lo recaudado en el 2019, es decir, tres veces más que durante la recesión del 2009.
Esta situación, claro está, no se limita al gobierno ni a las empresas privadas. Los ingresos de otras instituciones públicas del sector descentralizado y municipal también han sufrido disminuciones.
De acuerdo con información suministrada por 137 instituciones a la Contraloría, las afectaciones de la emergencia son muy diversas.
En un extremo, 38 señalan tener mermas altas o muy altas de ingresos, principalmente del sector sanitario y el de protección social, mientras 40 señalan ningún efecto por ahora, aunque prevén que se reflejen en mayor grado durante el segundo semestre.
Visión estratégica. Dadas esas circunstancias y en plena crisis, las decisiones sobre endeudamiento y distribución de recursos a quienes los necesitan deben enmarcarse dentro de una visión estratégica.
Cada decisión que se toma afecta positiva o negativamente otras situaciones y, por tanto, sobre eso debe tenerse claridad.
Esa es la razón por la cual las medidas en materia sanitaria, económica y fiscal deben ir de la mano, con visión a corto, mediano y largo plazo.
La reactivación económica es un imperativo en vista de las nuevas reglas de la realidad, tal como lo han expresado muy diferentes sectores. Sin embargo, el asunto de fondo nos obliga a tener presente que, a pesar de los esfuerzos, el reducido espacio fiscal del que dispone el país constituye una categórica limitante para obtener los resultados deseados.
Según criterio de la Contraloría, desde la Hacienda pública en esta nueva realidad, hay, por tanto, dos aspectos que deben ser atendidos con urgencia.
El primero es el uso correcto de los recursos públicos asignados a la atención de la emergencia, especialmente aquellos destinados a la población y sectores económicos fuertemente afectados por el desempleo y la reducción de ingresos.
En este sentido, tanto la administración como las auditorías internas y la propia Contraloría deben desempeñar el papel que les corresponde.
El segundo es que la inversión y el gasto públicos deben ser eficientes y de calidad; no como finalidades en sí mismas, sino como medios para satisfacer las necesidades de la población.
Es así como nuestro país debe darse la oportunidad, en esta coyuntura, de impulsar reformas estructurales por el lado del ingreso y del gasto; además, debe revisar y adaptar el diseño institucional del Estado a los nuevos tiempos, incluida la transformación digital.
El tema de fondo es garantizar una mínima y necesaria sostenibilidad tanto económica y fiscal como social, de modo que no se comprometa, no obstante la crisis, el futuro de las nuevas y venideras generaciones de costarricenses.
La toma de decisiones ha de ser articulada y estratégica, y requiere visión y análisis integral del contexto.
Es una oportunidad para las decisiones valientes con respecto al celo con el cual debe manejarse la Hacienda pública, lamentablemente insuficiente hasta ahora.
Los liderazgos deben elevar su nivel de conciencia sobre esto que es esencial porque, de lo contrario, el horizonte se vislumbra dramático ante la nueva realidad.
La autora es contralora general.