Eli Feinzaig. Hace 3 días

El 8 de julio apareció en este diario un artículo suscrito por el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, y cinco ministros del gobierno: Rocío Aguilar, de Hacienda; Dyalá Jiménez, del Comex; Victoria Hernández, del MEIC; André Garnier, coordinador con el sector privado; y la coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido, del Mideplán.

Aluden, sin citarlo, a mi artículo del 1.° de julio, en el cual analicé las minutas de las tres reuniones sostenidas por el equipo económico en los primeros catorce meses de gobierno y no encontré evidencia alguna de que se discutiera la necesidad de reactivar la economía nacional ni las medidas necesarias para lograrla.

Argumentar que las políticas y esfuerzos del gobierno o de sus ministerios “exceden ampliamente lo consignado en las minutas” no es de recibo.

Para desvirtuar mis conclusiones, los funcionarios recurren a una ineficaz defensa desde la lógica formal. Dicen que el trabajo del equipo económico del gobierno no se circunscribe a lo consignado en las minutas de sus reuniones. Me achacan el haber incurrido en una falacia de composición, que consiste en inferir que algo es cierto para un todo solo porque lo es para una de las partes que lo componen. Por ejemplo: “Las llantas son redondas, ergo, el carro es redondo”.

Nadie ignora que el gobierno ha impulsado medidas de política económica que van más allá de lo consignado en las escuetas minutas del equipo económico, y menos este “articulista”, que ha escrito profusamente y brindado abundantes entrevistas acerca de muchas de ellas. El ejercicio emprendido en mi artículo, sin embargo, era otro, y los altos funcionarios no lo comprendieron.

Falacia de división. Más bien cayeron en otra falacia argumental, justo la inversa a la que me atribuyen. Me refiero a la falacia de división, que consiste en deducir que lo que es cierto para el todo, también lo es para cada una de sus partes. Por ejemplo: “El carro es muy duro, por lo tanto, sus asientos son muy duros”.

Al argumentar que el gobierno ha impulsado proyectos y medidas como la reforma fiscal, el acceso al financiamiento externo multilateral, los eurobonos y unas —hasta ahora— modestas mejoras regulatorias, pierden de vista que mi crítica iba dirigida a la pobreza de contenidos de las discusiones del Consejo Económico devenido en Área de Articulación Presidencial para la Estabilidad y el Crecimiento (Aapec), no a la totalidad de la gestión gubernamental.

El problema es que no se percibe una acción coordinada ni una agenda de conjunto del equipo económico. Las actividades aisladas de los ministerios del ramo no constituyen un plan coherente para reactivar la economía y disminuir el desempleo, la informalidad y la pobreza.

El artículo de los seis firmantes no hace más que agravar la preocupación externada por este “articulista” y otros expertos. El excesivo énfasis en la reforma fiscal, el endeudamiento externo y la relajación de los criterios de morosidad bancaria nos llevan a pensar que no tienen claro el norte.

Señalan que sanear las finanzas públicas es vital para la reactivación económica, y si allí quedara el argumento, sería imposible rebatirlo. Pero ¿realmente alcanzamos el sostenimiento fiscal con la aprobación de la Ley 9635? La ministra de Hacienda ha reconocido públicamente que no.

Deuda creciente. Según las proyecciones presentadas por el Banco Central al Congreso, en octubre del 2018, aun con la reforma fiscal, el endeudamiento del Gobierno seguirá creciendo hasta ubicarse en un 65,2 % del PIB en el 2023, para luego iniciar un lento descenso que nos llevará al 51,1 % en el 2040.

Al finalizar el 2018, la relación deuda-PIB se ubicó en el 53,6 %; diez años antes, rondaba el 24 %. Pasar dos décadas más con una deuda superior al 50 % nos condenará, como país, a no contar con los recursos necesarios para mejorar la educación, modernizar la infraestructura, atender a las personas en condición de pobreza o hacer sostenible el sistema de pensiones, pues los escasos fondos públicos quedarán altamente comprometidos para el servicio de la deuda.

Aun así, las proyecciones del BCCR son excesivamente optimistas. En primer lugar, porque dependen de lo que se proyectaba en aquel momento en crecimiento del PIB: 3,4 % para este año, según la Revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019. Hoy, el BCCR admite que deberá ajustar ese dato y la mayoría de las empresas consultoras e institutos de investigación lo sitúan en alrededor del 2 %.

Esto es relevante porque los principales impuestos gravan las transacciones (IVA) y las utilidades (renta). Cuando se contrae la actividad económica, se efectúan menos transacciones y las ganancias de los productores se deterioran, por lo que cae la recaudación.

Incumplimiento. La segunda razón es que las autoridades económicas calcularon que cerca del 60 % del ajuste esperado de la reforma fiscal (3,68 puntos porcentuales del PIB en el 2022) provendría de las medidas de contención en las remuneraciones y de la estricta aplicación de la regla fiscal.

Es de conocimiento público que varias entidades —las universidades públicas, el Poder Judicial, la CCSS, la Junta de Protección Social y las municipalidades— hacen hasta lo imposible por esquivar dicha obligación. Los rectores estatales incluso obtuvieron el beneplácito del presidente, Carlos Alvarado, para lograrlo, obligando a Rocío Aguilar a enmendarle la plana.

Al final de cuentas, la única certeza que nos queda de la Ley 9635 es la subida de impuestos, cuyo efecto es más bien contractivo. No está logrando generar la confianza que las autoridades esperaban al afirmar que el “restablecimiento de la sostenibilidad fiscal y la consecuente reducción de la incertidumbre y la presión del gobierno sobre las tasas de interés son condiciones necesarias para la reactivación económica”.

Resulta preocupante que los responsables de la política económica del gobierno crean que incrementar la deuda pública sea la otra parte de la solución para una crisis fiscal que estalló en el segundo semestre del 2017, precisamente porque el elevado nivel de endeudamiento del Gobierno minó la confianza de los inversionistas y tornó inmanejable su servicio.

Ciertamente, canjear deuda interna cara y a corto plazo por deuda externa más barata y a largo plazo facilitará la gestión financiera. Pero no podremos salir del bache si la reingeniería financiera no se complementa con un recorte del gasto que permita cancelar el efecto de bola de nieve del endeudamiento.

Falta estrategia de conjunto. Por limitaciones de espacio, solo mencionaré de pasada lo insólito que resulta el relajamiento de las regulaciones relativas a la mora crediticia, justo cuando se presenta en el país un proceso de deterioro de las condiciones macroeconómicas, con una población que ya se encuentra excesivamente endeudada.

Este “articulista” no ignora que en su diario trajín los miembros del equipo económico conversan, coordinan y se apoyan mutuamente, y que también lo hacen con ministros y presidentes ejecutivos de otros sectores. Tampoco desconoce este “articulista” que los miembros del equipo económico tienen infinidad de oportunidades para reunirse fuera del marco del Aapec y que aprovechan dichas ocasiones para comentar temas de interés común y coordinar acciones.

Lo que sí extraña este “articulista” es una estrategia de conjunto para mejorar la competitividad y el clima de negocios que, de conocerse, contribuiría a mejorar la confianza de inversionistas, productores y consumidores más que una reforma fiscal parcial, que impuso altos costos de cumplimiento a los contribuyentes y elevará el costo de vida a los costarricenses, y a la que, en materia de control del gasto, se le está queriendo abrir más huecos que un colador.

Analizar las actas —o, en este caso, las minutas— de las reuniones del equipo económico de un gobierno es un ejercicio de transparencia más que de análisis económico. Argumentar que las políticas y esfuerzos del gobierno o de sus ministerios “exceden ampliamente lo consignado en las minutas” no es de recibo.

La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo funcionan los órganos del gobierno y hacia qué dirigen sus esfuerzos. Esa es la parte que no comprendieron los seis máximos responsables de la conducción económica del gobierno, que me honraron con su lectura —algo defectuosa— de mi anterior artículo.

El autor es economista.