Terrible error es solo aumentar impuestos, no controlar los gastos y seguir endeudando al país. Las calificadoras de riesgo y los organismos internacionales han sido claros: Costa Rica debe reducir el gasto público y hacer cambios estructurales con miras a crecer un 4 % o un 5 % anual.
Un mal paso costará muy caro. Los inversionistas están nerviosos y el apoyo financiero estará más condicionado. Los incentivos para invertir se reducen y es mejor comprar bonos del Gobierno.
Costa Rica debe corregir los crecientes y recurrentes déficits fiscales o se verá obligada a aumentar los intereses para alcanzar las metas de recaudación.
Este año los intereses de la deuda llegarán a ¢1,9 billones contra ¢1,5 billones en el 2019, con un costo ponderado del 7,9 %.
Entre el 2016 y el 2020, el aumento en gastos de consumo fue ¢600.000 millones; los intereses, ¢1 billón; las transferencias, ¢500.000 millones; las remuneraciones ¢490.000 millones; y las pensiones ¢300.000 millones.
La historia ha sido endeudarse para pagar gastos corrientes y no para invertir. La estructura debe cambiar o las calificadoras volverán a bajar la nota al país. Cada punto negativo de estas empresas significa un aumento en gastos financieros de ¢150.000 millones.
Propuesta. El plan del ministro de Hacienda, presentado a la Asamblea Legislativa, para reactivar la economía y generar empleo basado en la consolidación fiscal, soportada en reducir la evasión, revisar exoneraciones, usar las utilidades de las empresas estatales, reducir el gasto público, abrir el secreto bancario, reemplazar la deuda cara por barata, usar el superávit de instituciones autónomas, vender Bicsa y concesionar Fanal, tiene como fin aumentar los ingresos en los próximos cuatro años un 28 %, reducir los gastos en un 12 %, bajar la deuda en un 18 % y ahorrar ¢2,7 billones en intereses.
Los números y tiempos del ministro parecen muy ambiciosos si se analiza con detenimiento la entrabada estructura administrativa y legal.
La venta de Bicsa, cuyo patrimonio asciende a $233 millones, va a requerir primero una decisión de los accionistas —el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional— para proceder a hacer una oferta de venta pública.
Con la escogencia transparente de un comprador, se deben analizar las implicaciones legales de cómo pasar esos recursos de los accionistas al Gobierno.
Con Fanal, lo fundamental es que el accionista tome el acuerdo de vender o concesionar, para lo cual debe contar con estados financieros auditados, nueva ley y contratar una firma especializada que haga una evaluación de la empresa y de la marca Cacique en el mercado. Será necesario evaluar abrir el mercado de licores y, así, aumentar la competencia y productividad.
El control de la evasión debe ser transparente para ser apoyado por todos los costarricenses. Lo complejo del plan es calcular el plazo de aprobación del préstamo para la compra del software y disminuir la evasión en un 2,73 % o 3 % en solo cuatro años.
En compras públicas, es impostergable que las 332 instituciones se adhieran al Sicop, pues más de 80 están fuera. Ahorrar $8,9 millones a corto plazo parece una meta complicada.
El cambio de deuda cara por barata dependerá en mucho del comportamiento en el manejo de las finanzas públicas este año.
La reducción de los disparadores del gasto público está condicionada a la adopción de la ley de empleo público, vinculante para todo el Estado y no solo para el Gobierno Central.
Otras reformas cruciales son las obligaciones constitucionales que afectan las transferencias del Gobierno y las pensiones con cargo al presupuesto.
Reformas estructurales. No hay nada más urgente en este momento que la reactivación de la economía infundiendo confianza.
La complejidad regulatoria y fiscal crece día tras día. Las pymes están asfixiadas debido a las cargas fiscales del 45 % y los infinitos trámites sin plazo.
La informalidad tiene atrapado a un millón de costarricenses; el desempleo a 239.000, y puede aumentar, y la pobreza no baja.
Las cargas sociales cercanas al 42 % son un preocupante obstáculo, por lo que el gobierno debe evaluar el costo-beneficio a corto plazo. El exceso de oferta de divisas, debido a movimientos de capital y contracción de la demanda, hacen de Costa Rica un país caro.
Llegó el momento de revisar este creciente fenómeno social, generado por la falta de reglas. A esto obedecen los altos costos sociales, elevadas tarifas por los servicios públicos, intermediación financiera con cuantiosas cargas parafiscales, monopolios y oligopolios públicos y privados, competencia desleal, contrabando y carencia de competitividad de la infraestructura.
Un estado gigantesco, fragmentado y lleno de feudos es ingobernable. El Ministerio de Hacienda solo tiene control sobre un 36 % de los recursos.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es el mejor reflejo de cómo cada uno defiende su parcela. No se trata de reducir servicios públicos, sino de evaluar su viabilidad, eficiencia, sostenibilidad y costo.
La única manera de reactivar la economía y generar empleo por medio de las empresas privadas es facilitando la formalización y mejorando la educación para dar a los estudiantes las capacidades y habilidades demandadas por el mercado actual.
El autor es ingeniero.