Steven Hill. 28 marzo

WASHINGTON D. C.– Desde principios de este año, el cauteloso enfoque de la Unión Europea con respecto a la reforma de las plataformas digitales fue rebasado por los escándalos en la industria tecnológica.

Entre la prohibición temporal a que todas las noticias aparezcan en su plataforma en Australia y la suspensión impuesta al presidente de Estados Unidos al únicamente presionar un botón, Facebook ofreció una escalofriante muestra de su poder.

Es más, junto con Twitter y Google/YouTube, demostró ser un peligroso medio de potente difusión de desinformación, que ha desempeñado un papel fundamental en los acontecimientos que condujeron a la toma del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

Desde el nacimiento de las plataformas de medios digitales, hace 15 años, las democracias del mundo han sido sometidas a un gran experimento. ¿Qué ocurre con la infraestructura de noticias e información cuando depende cada vez más de las empresas de Silicon Valley, que ofrecen masivas audiencias mundiales, curación algorítmica (no humana) de la información (o la desinformación) y capacidad para difundir dicha información con una facilidad sin precedentes? La respuesta a esta interrogante se torna cada vez más clara.

Facebook, Google y Twitter se autocalifican como empresas tecnológicas, pero en realidad son los mayores gigantes de medios de comunicación de la historia. Con la capacidad que tienen, han facilitado que se lancen campañas de desinformación destinadas a socavar elecciones en más de 70 países, incluso ayudaron a que se eligiera a un cuasi dictador en Filipinas.

Mark Zuckerberg, el 30 de abril del 2019 en San José, California. Foto AFP
Mark Zuckerberg, el 30 de abril del 2019 en San José, California. Foto AFP

Estas empresas son utilizadas para transmitir en tiempo real abuso infantil, pornografía y asesinatos en masa, como por ejemplo el de los musulmanes en Nueva Zelanda. Y sus algoritmos de recomendación guían de manera fiable a miles de millones de usuarios hacia noticias falsas y propaganda. ¿Cómo alguna vez vamos a unificar nuestras acciones para hacer frente al cambio climático si la mayoría de los videos en YouTube sobre el tema niegan la ciencia climática?

Las recientes reformas digitales de Europa son noticia en sí mismas, pero apenas arañan la superficie del problema. A manera de promocionar las virtudes de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), recientemente propuestas en la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alabó la llegada de un nuevo marco para el mercado digital y su sociedad. Sin embargo, ninguno de esos dos paquetes regulatorios está diseñado de manera adecuada como para poder abordar los problemas de los medios digitales, ni los abusos de tipo policial que llevan a cabo las principales plataformas.

Por ejemplo, las multas a las que se enfrentarían las plataformas por ciertas prácticas anticompetitivas serían demasiado pequeñas para que actúen como un elemento disuasorio significativo. Al igual que la multa de $5.000 millones impuesta por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos contra Facebook por violaciones de la privacidad, las sanciones de la UE, limitadas al 10 % de los ingresos globales de una empresa, se convertirían en un costo más dentro de la actividad empresarial que dichas empresas desempeñan.

Asimismo, si bien las plataformas que operan en la UE tendrían una mayor responsabilidad en cuanto a la eliminación de los vagamente definidos «contenidos ilegales», ese nivel de moderación más estricta difícilmente detendría la avalancha de desinformación que ellas ayudan a difundir, desinformación que en su gran mayoría no es ilegal. Cada día se publican en Facebook más de 100.000 millones de piezas de contenido, por lo que no es realista considerar que los algoritmos o el pequeño ejército de supervisores humanos con los que cuenta dicha empresa llegarán alguna vez a frenar todo el material problemático.

  • Estas empresas son utilizadas para transmitir en tiempo real abuso infantil, pornografía y asesinatos en masa, como por ejemplo el de los musulmanes en Nueva Zelanda.

Las leyes DSA y DMA también dependen en gran medida del concepto de transparencia algorítmica para garantizar la supervisión y proteger a los consumidores. Pero esa transparencia no actuará como un elemento disuasorio. Entender cómo funcionan los motores de recomendación de las plataformas no impedirá que las plataformas amplifiquen la difusión de mentiras y contenido sensacionalista.

A pesar de que los usuarios tendrían derecho a «optar por no recibir» recomendaciones de contenido, eso hace que la situación se presente exactamente al revés: la opción predeterminada debería ser que no se permite ninguna recopilación de datos privados, a menos y hasta que un usuario elija «optar por sí recibir» las mencionadas recomendaciones de contenido.

Las plataformas argumentarán que prestan sus servicios de forma gratuita a cambio de nuestros datos privados. Pero, como señaló la jefa de la política de competencia de la UE, Margrethe Vestager, es un trato tonto. Ella dijo: «Me gustaría tener un Facebook en el que yo pagara una cuota cada mes», y añadió, desearía una cuenta «sin rastreo ni publicidad y con todas las ventajas de la privacidad». Pero si esa es la postura de la principal funcionaria de la UE en materia de competencia, ¿por qué el bloque sigue permitiendo el nocivo modelo de negocio de capitalismo de vigilancia que aplican las plataformas?

Ha llegado la hora de un «reinicio». En su calidad de creadores de la nueva infraestructura de la era digital, los gigantes de Silicon Valley deberían ser tratados como empresas de servicios públicos de propiedad de inversionistas, en la misma línea que las industrias de telefonía, ferrocarriles y energía. (De hecho, el propio CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, sugirió tal enfoque). Como empresas de servicios públicos, estarían sujetas a una licencia de funcionamiento digital que define las reglas del mercado.

Ahora que sabemos que las plataformas absorben nuestros datos privados, rastrean nuestras ubicaciones físicas y recopilan todos los «me gusta», «compartir» y «seguir» en una forma en la que podemos convertirnos en el blanco de anunciantes y operadores de campañas políticas, los reguladores tienen el deber de intervenir. Tal como expresó Mathias Döpfner, director ejecutivo pionero de la potencia digital Axel Springer en sus críticas al enfoque de la Comisión Europea, que fueron emitidas a título personal: «Apelo a ustedes... impidan la vigilancia de nuestros ciudadanos haciendo que sea ilegal el almacenamiento de todos los datos personales, privados y con contenido delicado».

Aunque se suponía que el histórico Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE abordaría el tema de la privacidad, se ha constatado que su requisito de consentimiento del usuario está plagado de lagunas legales. Ahora que Apple se está dirigiendo hacia desactivar el seguimiento de datos por empresas que no han obtenido el consentimiento explícito de los usuarios de iPhone, uno no puede dejar de cuestionarse por qué la UE no ha adoptado el mismo estándar regulatorio.

Otro punto fuerte del modelo de servicios públicos es que podría fomentar una mayor competencia al limitar el tamaño de las audiencias de gran escala a las que prestan servicios los monopolios de medios digitales. Esto podría ponerse en funcionamiento de varias maneras, incluso a través de una ruptura antimonopolio o, como sugirió Vestager, requiriendo un modelo de suscripción (como el de Netflix o la BBC), en el que los usuarios paguen una cuota mensual. Al ser consideradas empresas de servicios públicos, las plataformas también deben evitar usar ciertas técnicas de «involucramiento», como por ejemplo contenido y anuncios hiperdirigidos y empujoncitos conductuales manipuladores (como pantallas emergentes y reproducción automática de contenidos).

Los frecuentes escándalos de las plataformas son supuestamente el precio que debemos pagar por los motores de búsqueda, el compartir fotos con «amigos» y acceso a los canales a través de los cuales los disidentes políticos y los denunciantes de irregularidades pueden alertar al mundo sobre sus justas causas. Todos esos son usos valiosos, pero podemos mejorar. Desde su posición como uno de los gigantes económicos del mundo, la UE debe utilizar su poder de mercado para mejorar las componendas entre plataformas y usuarios, al proporcionar vallas de seguridad sensatas para la infraestructura digital del siglo XXI.

Steven Hill: exdirector de políticas del Center for Humane Technology, es autor de siete libros, entre ellos «Raw Deal: How the Uber Economy and Runaway Capitalism Are Screwing American Workers» y «Europe’s Promise: Why the European Way Is the Best Hope in an Insecure Age».

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