EscucharAl margen del compromiso acordado por el gobierno de Nicaragua con la Alianza Cívica, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Vaticano, para garantizar la liberación definitiva de los presos políticos a más tardar el 18 de junio, el presidente Daniel Ortega promueve la aprobación unilateral de una ley de amnistía.
Ortega descartó todas las alternativas jurídicas a su disposición para liberar a más de 700 reos de conciencia, como el sobreseimiento definitivo o absolutorio en los juicios políticos, o sentencias absolutorias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para los que ya habían sido condenados. En cambio, recurrió a una trampa política al dictar una amnistía que otorga a los presos el beneficio de la excarcelación de forma condicionada.
Según la ley aprobada por la aplanadora sandinista en el Parlamento, el sábado pasado, los presos políticos detenidos por su participación en la rebelión cívica de abril del 2018, cuando demandaron la renuncia de Ortega y elecciones libres, son culpables de una inexistente tentativa de “golpe de Estado” y regresarían a la cárcel si reinciden en esa misma conducta; vale decir, en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Así ha empezado a aplicarse la amnistía, inmersa en una celebración de libertad, a pesar de que se mantiene inalterable el estado de sitio de facto. Pero lo más revelador es que la ley impone una losa de impunidad al decretar que no se investigarán los crímenes cometidos por policías, paramilitares y partidarios del régimen y sus autores intelectuales.
Estamos, pues, ante una autoamnistía, en la que Ortega admite la responsabilidad de la dictadura en la matanza del 2018, que dejó un saldo de más de 300 muertos, pero no puede borrar su implicación como jefe supremo de la Policía y la de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad porque, de acuerdo con el derecho internacional, estos son imprescriptibles.
Justicia sin impunidad. Paradójicamente, la ley diseñada para negar, ocultar y encubrir está iluminando la ruta de salida del túnel de la dictadura, al colocar en primer plano de la agenda nacional la demanda de verdad y justicia que han enarbolado las Madres de Abril, quienes representan el clamor de las víctimas. Su reclamo de justicia sin impunidad es inseparable de la demanda de elecciones libres. Después de 52 amnistías, empezando por la de 1829, por primera vez en la historia nacional el rechazo a un indulto forma parte de un consenso nacional fundacional.
Reclamar la liberación incondicional de todos los rehenes políticos y la restitución de las libertades democráticas —de prensa, expresión, movilización, autonomía universitaria— forman parte de un mismo proceso de salida a la crisis nacional. Comienza con la liberación de los presos y la reactivación de la protesta cívica, a pesar de la prohibición oficial, para negociar “en caliente” una reforma electoral —con Daniel Ortega y Rosario Murillo o sin ellos— que conduzca a la convocatoria de elecciones anticipadas.
El siguiente paso, una vez asegurada la reforma electoral y de la ley de partidos políticos, será la conformación de una Coalición Nacional Democrática, integrada por la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y todas las fuerzas nacionales comprometidas con una agenda de democracia y justicia sin impunidad.
Después del fracaso de la revolución de 1979, y de la transición democrática de 1990 descarrilada por una nueva dictadura, el país enfrenta su tercera, y quizás última, oportunidad histórica para lograr un cambio político democrático por la vía cívica. En consecuencia, es imprescindible forjar una coalición política electoral inclusiva, representativa de todo el movimiento nacional autoconvocado, sin exclusiones ni sectarismos. Una coalición nacional que refleje la diversidad y la unidad nacional, sin el hegemonismo de las élites económicas o políticas, liderada por candidatos escogidos de forma democrática para conseguir una victoria electoral contundente a la presidencia de la República, en la Asamblea Nacional y en las alcaldías.
Alianza nacional necesaria. La viabilidad del cambio político en la Nicaragua pos-Ortega dependerá de la amplitud de la mayoría política que respalde al nuevo gobierno democrático, y de si este logrará conseguir mayoría calificada en el Parlamento y un mandato inequívoco para hacer cambios constitucionales y desmontar las estructuras dictatoriales de Ortega.
Se necesita una alianza nacional para impulsar un programa de desarrollo económico y combate a la pobreza, basado en la promoción de la inversión privada y pública, pero sin misas negras ni amarres corporativistas, y con transparencia, rendición de cuentas e institucionalidad democrática.
La agenda mínima de la gobernabilidad democrática en la Nicaragua pos-Ortega demandará tareas monumentales para la reconstrucción del Estado: una nueva Policía Nacional, un nuevo Ministerio Público, una Fiscalía Especial, una nueva Contraloría y una reforma total al sistema de justicia y el Ejército.
Comisión contra la corrupción. Mientras se establecen las bases de esta nueva institucionalidad, se requerirá la asistencia extraordinaria de la ONU, la OEA y la Unión Europea para crear una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Nicaragua (Cicin).
Los nicaragüenses debemos aprender de la experiencia acumulada durante más de una década por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y de la más reciente Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) para diseñar una entidad supranacional que ayude a las nacientes instituciones nacionales a desmantelar las estructuras de la dictadura y erradicar los grupos clandestinos e ilegales incrustados en el Estado.
Sin esa ayuda internacional extraordinaria, ningún líder democrático, aunque tenga las mejores intenciones, conseguirá desmantelar las bandas paramilitares, ni combatir la impunidad y la corrupción, ni someter ante la justicia a los autores de los crímenes de lesa humanidad, incluso después de derogar la ley de amnistía.
La autoamnistía es el primer aviso de que Ortega se está preparando a fondo para “gobernar desde abajo”, después de la previsible derrota electoral del orteguismo, cuando se someta a elecciones libres. Urge, por tanto, empezar desde ahora a sentar las bases de la gobernabilidad democrática en la Nicaragua pos-Ortega y consensuar la agenda mínima de democratización con justicia, que incluya la creación de la Cicin para erradicar la impunidad.
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El autor es periodista nicaragüense.
