Jorge Woodbridge. 22 abril

La covid-19 cambiará costumbres y prioridades. Vivimos momentos de fragilidad social, económica y sanitaria.

La crisis genera gran incertidumbre sobre el mañana, pues desconocemos cuándo terminarán las restricciones.

De algo estoy seguro, nada será igual en el futuro. Conciertos, convenciones, manifestaciones, transporte público, acontecimientos deportivos y muchos actos que signifiquen aglomeración estarán regulados por las autoridades sanitarias hasta que no aparezca una vacuna.

El teletrabajo, la educación en línea, los trámites digitales y la telemedicina ya son una realidad, de ahí la importancia de cerrar las brechas digitales. Es necesario acelerar la Internet de alta velocidad en todos los centros de enseñanza y comunidades. Los recursos están en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

deuda pública, Shutterstock
deuda pública, Shutterstock

Las autoridades han actuado correctamente para evitar el colapso del sistema sanitario. Lo siguiente es abrir cuidadosamente la economía para reducir la contracción.

La apertura demandará un proceso educativo para que todos los costarricenses respeten las medidas sanitarias exigidas.

Solidaridad. El desempleo, la informalidad y la pobreza van en aumento, con el agravante de que no se ahorró en el pasado. Existe una enorme deuda y problemas fiscales y sociales, lo cual hace más compleja la tarea de apoyar a los más afectados por la pandemia.

Al no contar Costa Rica con finanzas públicas ordenadas se ve en la obligación de recurrir a los organismos y bancos internacionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) vino a revisar la realidad económica y la posibilidad de más endeudamiento, una vez pasada la emergencia mundial.

Es un hecho que el FMI exigirá cambios en el gasto público. El Ministerio de Hacienda no puede seguir transfiriéndoles recursos a instituciones que ya no están cumpliendo ninguna labor estratégica. Debe dejar atrás dogmatismos e incentivar la productividad y eficiencia estatales.

No es justo haber invertido durante décadas el 12,8 % del PIB en el campo social y no conseguir mejorar educación, vivienda y protección social.

Más de 400.000 hogares siguen en la pobreza y 86.000 adultos mayores viven en situación precaria.

La pobreza afecta al 34 % de los niños y adolescentes, quienes están en ambientes donde imperan violencia, drogas, exclusión educativa y fracaso escolar. No es aceptable que en educación no mejore la calidad y la pertinencia, exigidas por la demanda.

Costa Rica invierte millones de millones en educación y solo el 47 % de los estudiantes de entre 18 y 22 años se gradúan de la secundaria. Algo está mal cuando con un presupuesto de ¢4,4 billones un enjambre de decenas de instituciones no consiguen reducir la pobreza.

Antes de la crisis, 300.000 personas estaban desempleadas y la informalidad superaba el millón. Después del frenazo de la economía, esas cifras aumentarán y se irán recuperando lentamente al final de año, si se mitigan los embates de la pandemia.

Remuneraciones. El crecimiento de las remuneraciones del sector público debe detenerse. El gobierno tiene herramientas para cortar programas, viajes y gastos prescindibles. Enviaría una buena señal si establece más restricciones.

La regla fiscal debe cumplirse a carta cabal y todos los entes deben pasar por el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), de lo contrario, el déficit fiscal superaría el 8 % este año y la deuda estatal se incrementaría a un 70 %. Terrible error es que el Congreso, por presiones de grupos de interés, comience a aprobar excepciones a diferentes instituciones.

El plan financiero para cerrar la brecha fiscal en esta crisis es recurrir a un préstamo del FMI a largo plazo con interés bajo, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco de Desarrollo de América Latina, a un aporte del INS, a superávits de instituciones públicas y a un programa de austeridad,

La deuda subió del 41 % al 59,9 % en el 2019. Entre intereses y amortización, el gobierno tiene que contar con ¢7,7 millones por minuto, ¢464 millones por hora y ¢11.000 millones diarios.

A esas cifras hay que sumar las deudas adquiridas para cubrir el hueco fiscal que van a dejar los altos costos de los programas de salvamento.

Las calificadoras se pondrán más estrictas y, posiblemente, los inversionistas privados pedirán mejores rendimientos, lo cual encarecerá el gasto financiero.

Eficiencia. No hay soluciones mágicas para reducir el déficit fiscal y el endeudamiento. El gobierno debe presentar un proyecto de mejora en el uso de los recursos aportados por los contribuyentes.

Antes de subir el precio de los combustibles, lo lógico es analizar primero los cuantiosos costos operativos de Recope. El elevado precio de los combustibles y la energía son factores que atentan contra la competitividad.

Los precios de logística se han encarecido debido a los impuestos a los combustibles, la falta o deteriorada infraestructura, gravámenes a los vehículos y tarifas portuarias.

Los nuevos ingresos por los préstamos deben ser fiscalizados muy bien para que lleguen a los más pobres y a las empresas afectadas. Mal haría la administración si aumenta el tamaño del sector público.

A lo que debe darse prioridad es a la inversión pública y al apoyo a los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social, a los de los ministerios de Salud y Seguridad y a los de otras instituciones que están atendiendo a los afectados directa o indirectamente por el coronavirus.

El Estado debe contribuir a la causa de los más necesitados y hacer esfuerzos para reactivar el sector productivo, el único capaz de generar empleo e ingresos.

El autor es ingeniero.