Eli Feinzaig. 23 julio

El Banco Central acaba de publicar la Revisión del Programa Macroeconómico del presente año (RPM19) y, para sorpresa de absolutamente nadie, redujo su proyección de crecimiento económico a un magro 2,2 % del PIB, comparado con el 3,2 % anunciado en enero. Aun así, parece haber pecado de exceso de optimismo.

En la presentación a la prensa, el presidente del Banco, Rodrigo Cubero, atribuyó la desaceleración a tres factores: la pérdida de confianza de los consumidores, reflejada en una tasa de crecimiento del consumo menor a la prevista; la pérdida de confianza del sector productivo, evidenciada en la caída de la inversión privada; y la eterna ineficiencia del sector público, manifestada como una caída de la inversión en obra pública (por subejecución), precisamente en un año en el que se había presupuestado una considerable recuperación en ese ámbito, luego de la contracción sufrida en el 2018.

Muchos economistas habíamos advertido: la desaceleración económica está erosionando la base impositiva y las proyecciones de recaudación de la reforma fiscal no van a materializarse.

La proyección del déficit fiscal también se deteriora, al pasar del 6,2 % al 6,3 % para el presente año, y del 5,8 % al 6,1 % en el 2020. Lo anterior, a pesar de los ingresos extraordinarios obtenidos por Hacienda producto de la amnistía tributaria, con lo cual confirma lo que muchos economistas habíamos advertido: la desaceleración económica está erosionando la base impositiva y las proyecciones de recaudación de la reforma fiscal no van a materializarse.

Pese a lo anterior, el Banco Central mantiene en su pronóstico que la deuda pública crecerá hasta alcanzar el 65 % en el 2023 para, luego, estabilizarse e iniciar un lento descenso que durará varias décadas antes de regresar al 50 % del PIB. Esto, advirtió Cubero en la conferencia de prensa, siempre y cuando se dé un estricto cumplimiento de la reforma fiscal, tanto en materia de recaudación (títulos I y II de la Ley 9635, referentes al IVA y renta) como de contención de las remuneraciones del sector público (título III) y la regla fiscal (título IV).

Las expectativas de recaudación, como vimos, ya no se están cumpliendo, producto de la desaceleración, y eso sin que hubiera entrado en vigor el IVA, con su previsible efecto recesivo. En materia de remuneraciones y regla fiscal, he escrito hasta la saciedad acerca del amotinamiento de algunas autónomas, las municipalidades, las universidades públicas y la Corte Plena del Poder Judicial. Vea, por ejemplo, mi artículo del 4 de abril en estas mismas páginas, “Rebelión en la granja”, o, más recientemente, “Divagaciones de un articulista interpelado por medio gabinete”, del 14 de los corrientes.

Preocupante patrón. Los pronósticos del Banco Central, en lo que al crecimiento del PIB respecta, muestran un preocupante patrón desde hace varios años, que es necesario poner en evidencia. Pero antes debo aclarar algunos conceptos.

Por mandato legal, el Banco publica su Programa Macroeconómico en enero de cada año. En él, analiza lo ocurrido en la economía durante los 12 meses anteriores y hace sus proyecciones para los siguientes dos años. Luego, cada mes de julio, presenta su Revisión del Programa Macroeconómico (RPM) y ajusta las proyecciones de principios de año con base en lo sucedido durante el primer semestre. Ambos instrumentos son ricos en información y son documentos de consulta obligada para todo economista.

En el Programa Macroeconómico del 2016 (PM16) se proyectó el crecimiento del 2017 en un 4,5 %. En la revisión de julio de ese mismo año (RPM16), se redujo al 4,2 %. En enero del 2017 (PM17) se volvió a ajustar a la baja, lo dejó en 4,1 %, y de nuevo en la revisión de julio (RPM17) se redujo al 3,8 %. El crecimiento real del 2017 fue del 3,4 %, más de un punto porcentual menos que la proyección inicial.

Los pronósticos del Banco Central, en lo que al crecimiento del PIB respecta, muestran un preocupante patrón desde hace varios años, que es necesario poner en evidencia.

El patrón se mantuvo en los siguientes dos años. La primera proyección de crecimiento para el 2018, incluida en el PM17, fue del 4,1 %; el crecimiento real observado apenas alcanzó el 2,6 %. Con respecto al 2019, en el PM18, el BCCR pronosticó un crecimiento del 3,9 %. En julio del 2018 (RPM18), acortó su proyección a un 3,4 %; hace seis meses (PM19) lo bajó una vez más al 3,2 %, y ahora (RPM19) lo ubicó en un 2,2 %.

Que nadie se sorprenda si terminamos el año con un crecimiento aún menor, probablemente, del orden de un 2 %, o inferior, que es lo proyectado por las principales firmas consultoras del país, así como los más connotados institutos de investigación económica de las universidades estatales.

El camino adecuado. En vez de pretender convencer a la gente con ese masajeo estadístico, el gobierno debe concentrarse en anunciar y promover medidas de política económica, recorte del gasto y disminución del aparato estatal para, de esa forma, recuperar la confianza de consumidores y productores, mejorar el poder adquisitivo de los costarricenses para generar un ciclo virtuoso de consumo e inversión, y elevar la productividad de los factores de producción. La pregunta es: ¿Para cuándo la reactivación económica?

También sobre eso hemos hablado abundantemente este “articulista” y otros expertos. Medidas que tendrán un efecto significativo a corto plazo deberán ser combinadas con reformas estructurales, pro competencia y de disminución del Leviatán estatal, cuyo mero anuncio contribuirá, a corto plazo, a mejorar la confianza, y su adopción hará posible mejorar la competitividad de nuestras empresas y de la economía como un todo.

En vez de pretender convencer a la gente con ese masajeo estadístico, el gobierno debe concentrarse en anunciar y promover medidas de política económica, recorte del gasto y disminución del aparato estatal.

Entre las medidas con efectos a corto plazo, además de continuar con los bienvenidos esfuerzos de simplificación de trámites, debemos considerar la eliminación de los aranceles que encarecen los productos de la canasta básica y para la construcción; una simplificación tributaria que derogue impuestos que recaudan menos de lo que cuesta su administración, reduzca las tasas marginales de los impuestos remanentes y elimine la mayoría de las exoneraciones para ampliar la base; y la ratificación inmediata de la Alianza del Pacífico, un mercado ideal para los pequeños emprendimientos que constituyen el grueso del parque empresarial del país.

Pensando a más largo plazo, el cierre de instituciones y programas obsoletos, y la fusión de los duplicados, hará más por recuperar la confianza que los proyectos para “fortalecer” a tal institución, dar nuevas funciones a otra y construir un nuevo edificio para una tercera.

Lo anterior, junto con acciones para introducir la competencia en el mercado eléctrico y fomentarla en el bancario (contemplando la venta de un banco estatal a un banco extranjero de primer orden), disminuir los costos de la seguridad social que tanto encarece la contratación de mano de obra, modernizar el Código de Trabajo para adecuarlo a las exigencias del siglo XXI y la era de Internet, y un vigoroso plan de desarrollo de obra pública mediante alianzas público-privadas para no estresar más las finanzas públicas, nos posibilitará dar un salto cualitativo para empezar a crecer a tasas del 5 % anual y superiores.

Solo así eliminaremos el desempleo y reduciremos la pobreza, problemas de tan larga data que se han convertido en parte del paisaje costarricense, tanto como el volcán Arenal.

El autor es economista.