Jorge Woodbridge. 28 junio

De acuerdo con los pronósticos científicos no tendremos una vacuna contra la covid-19 antes de un año.

El porcentaje de contagios crece lentamente y la apertura paulatina y ordenada de las diferentes actividades económicas son necesarias, pues la contracción alcanzó el 26 % en el trimestre de marzo a mayo.

Si no renuncian a gran parte de sus 260 incentivos, el mercado se encargará de hacerlo, pues los costarricenses que aún tienen algún tipo de actividad económica difícilmente, aceptarán pagar más impuestos.

Los productores deben llegar a acuerdos con el gobierno para trabajar siguiendo las medidas de prevención de contagios. La salud pública demanda esfuerzos extraordinarios de toda la sociedad, pero con cautela.

Es necesario sentir esperanza y confianza en que el país ganará la batalla sanitaria, pero también la productiva. Si no se le da espacio al empresariado para reactivar la economía con responsabilidad sanitaria, el problema social estallará en poco tiempo.

Desempleo. La caída del empleo a causa de la pandemia es preocupante. Costa Rica experimenta una recesión económica, la cual dio origen al más grande desempleo de los últimos 20 años.

En las primeras ocho semanas de emergencia nacional, 18.000 comercios perdieron ventas por ¢500.000 millones y la actividad turística viene en picada desde marzo.

La tasa de desempleo en el primer trimestre llegó al 15,7 %. En otras palabras, 38.000 personas ingresaron a la categoría de los sintrabajo.

El subempleo, por su parte, está en un 12 %. Es de prever que los resultados del siguiente trimestre serán peores.

Cuando menos 12.500 empresas solicitaron la suspensión de contratos, lo que significaría la reducción de salarios para unos 200.000 trabajadores, a quienes difícilmente se les hará posible sobrevivir otro trimestre debido a la merma de ingresos.

El desempleo en jóvenes y mujeres alcanza niveles históricos. Es un hecho que el crear puestos de trabajo a corto plazo es el gran reto del gobierno.

Cerrar los ojos y decir que vamos por buen camino es una burla. La situación social es cada día más angustiante, tanto que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) perdió 58.000 cotizantes entre febrero y abril.

Informalidad. Cuando hallar empleo se pone cuesta arriba, la informalidad crece. De 843.000 personas sin trabajo estable en mayo del 2018, la cantidad se disparó a 1,1 millones en abril.

Antes de la pandemia el problema era la falta de mano de obra para atender la demanda de un mercado tecnológicamente más desarrollado, a consecuencia de la mala gestión del Ministerio de Educación, las universidades y el Instituto Nacional de Aprendizaje, que no imparten las carreras necesarias o el producto ofrecido a los estudiantes es de mala calidad.

Pero hoy, en plena pandemia, hasta los ganadores enfrentan grandes desafíos. La empresa Amazon vio crecer sus ganancias en pocos días debido a las compras en línea porque la gente está confinada; sin embargo, según informaron medios internacionales, pronto tendrá pérdidas por primera vez en su historia porque debe proveer a sus 175.000 empleados equipos de protección personal y efectuar la desinfección constante en sus gigantescos almacenes.

Este es solo un ejemplo de cómo nada es seguro en esta coyuntura y, para colmo de males, la CCSS castiga a trabajadores informales con cobros retroactivos y no establece cargas sociales con base en las horas trabajadas.

Otros obstáculos para derribar la informalidad son los interminables trámites burocráticos. La creciente informalidad exige recalificación, menos trabas, incentivos fiscales, facilidades crediticias, avales, capital semilla, innovación y asesoría.

El fortalecimiento de las microempresas se constituye en elemento fundamental para la reducción de la pobreza y el desempleo crecientes.

Pobreza. El 2 % de los hogares viven hacinados, solo el 25 % tiene una computadora en la casa y el 40 % de las viviendas carecen de acceso a Internet. Al 7 % les faltan servicios básicos como agua, luz y tratamiento de basura.

El 21 % de los hogares viven en condiciones de pobreza, con ingresos mensuales inferiores a los ¢103.000, y un 5,8 % en pobreza extrema.

Sabemos donde radica el problema. El Estado gasta ¢4,6 billones anuales en inversión social, pero no consigue reducir las brechas sociales.

Decenas de instituciones se encargan de atender a los costarricenses pobres y la aguja se mueve para arriba, nunca para abajo.

Solo el 50 % de los adultos mayores reciben una pensión del régimen no contributivo, pero existen 14 sistemas de pensiones de privilegio en el sector público. Quien no vea dónde está la fuga de dinero es porque no tiene sensibilidad social.

Recorte de gastos. Para reactivar la economía y obtener los beneficios derivados de esta, como la creación de empleos y el aumento en el pago de impuestos, entre otros, al gobierno no le queda otro camino que el recorte de gastos y pluses a sus empleados.

El financiamiento del bono proteger durante un trimestre más precisa $444 millones adicionales, el equivalente a un 0,75 % del producto interno bruto. El gobierno anuncia y anuncia que va a hacer recortes, pero estos no se ven o son insuficientes.

Si los empleados del Gobierno desean mantener sus puestos, es necesario llegar a un acuerdo para que renuncien, por lo menos, a gran parte de sus 260 incentivos. Si no lo hacen ellos, el mercado se encargará de hacerlo, pues los costarricenses que aún tienen algún tipo de actividad económica difícilmente, aceptarán pagar más impuestos.

Endeudarse es el camino más peligroso. El más difícil para la mentalidad estatista es repartir la carga que la crisis impone.

Y hay quienes dicen que criticar al gobierno por no incentivar a la clase empresarial, que es la creadora de empleo, es tener “cálculo electoralista”, porque para ellos descalificar es muy sencillo, pues, pese a la crisis, su jugoso salario por trabajar en una institución no ha sufrido menoscabo, y no lo sufrirá mientras los contribuyentes les paguemos por hablar paja.

El autor es ingeniero.