Katrina Kosec y Leonard Wantchekon. 21 diciembre, 2019

WASHINGTON D. C.– La mayoría de nosotros tenemos una enorme cantidad de información a nuestro alcance. En teoría, esa información podría ayudar a mejorar la gobernanza, la infraestructura y el suministro de servicios como educación, atención médica y extensión agrícola. Pero hay brechas enormes en el acceso a información relevante, especialmente en las zonas rurales, donde vive casi el 68 % de los pobres del mundo. Aun donde se puede acceder a información relevante, traducirla en acción no es una tarea sencilla.

Consideremos el caso de la gobernanza. Los responsables de las políticas necesitan datos sobre producción económica, consumo, migración, demandas de los ciudadanos y un sinnúmero de otros factores para tomar decisiones informadas sobre tributación y gastos, incluidos los programas sociales. De la misma manera, los ciudadanos necesitan información sobre los mandatos y el desempeño de los políticos, si es que los incentivos electorales han de funcionar. Aun en contextos autocráticos, la información fomenta la rendición de cuentas, al espolear, por ejemplo, las protestas populares.

02/05/2019. Gira por centros educativos. El Liceo Rural de Aguas Zarcas fue desalojado hace un mes. La población estudiantil, de 52 alumnos, se vio obligada a trasladarse a la escuela. Uno de los problemas que afrontan es que deben compartir los baños con los escolares. En la foto: aulas hechas para para que los colegiales recibieran clases. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal
02/05/2019. Gira por centros educativos. El Liceo Rural de Aguas Zarcas fue desalojado hace un mes. La población estudiantil, de 52 alumnos, se vio obligada a trasladarse a la escuela. Uno de los problemas que afrontan es que deben compartir los baños con los escolares. En la foto: aulas hechas para para que los colegiales recibieran clases. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal

Lo mismo es válido para el suministro de servicios de infraestructura. Los Gobiernos y los proveedores de servicios necesitan datos sobre dónde y cómo vive la gente, especialmente aquellas personas que están más aisladas desde un punto de vista geográfico, político y económico, para hacer inversiones sólidas.

Los ciudadanos, por su parte, necesitan saber qué servicios hay disponibles, dónde y cómo acceder a ellos. También necesitan saber cómo influirán en el proceso de las políticas para garantizar, digamos, que una escuela se construya en un lugar conveniente.

Si bien el acceso a la información ha mejorado drásticamente en todos los países de bajos ingresos en los últimos diez años, proveedores y usuarios de servicios rurales por igual suelen quedar rezagados detrás de sus pares urbanos.

Los proveedores tal vez no tengan suficientes datos como para determinar qué es lo que necesitan o quieren los usuarios, y los usuarios carecen de información sobre las capacidades de los proveedores de servicios.

Dadas estas brechas de información, los líderes políticos suelen pasar por alto las necesidades de los ciudadanos rurales, especialmente a aquellos que no han recibido educación y no están comprometidos políticamente.

Pero, incluso donde hay un acceso amplio a la información, esto no basta para generar beneficios mensurables en reducción de pobreza, gobernanza y suministro de servicios.

Según nuestro análisis de 48 estudios empíricos de países en desarrollo, la información en verdad mejora la gobernanza rural solo cuando se cumplen tres condiciones: la información es creíble, valiosa y suficientemente específica; los usuarios tienen el poder de actuar basados en esa información y los incentivos los alientan a hacerlo.

En los contextos rurales, en países en desarrollo, por lo menos una de estas condiciones, por lo general, no se cumple, lo que anula en gran medida, o por completo, el efecto de la información. Por ejemplo, en el 2014, Uganda introdujo U-Bridge, una plataforma que les permitía a los ciudadanos enviar mensajes de texto a las autoridades gubernamentales locales de manera anónima y sin costo.

A pesar de los niveles relativamente altos de aceptación del sistema y entusiasmo entre las autoridades de distrito, el programa no logró generar mejoras duraderas en el suministro de servicios. La mayor parte de la información que ofrecían los usuarios era demasiado vaga como para ser viable, y muchas veces se sentían desalentados por las respuestas de las autoridades.

Igual de fundamental es el poder para tomar medidas con base en la información. Para los responsables de las políticas, significa diseñar y ejecutar acciones que reflejen prioridades tomando en cuenta los datos. Para los ciudadanos, conlleva tener el derecho legal, la competencia y la movilidad para cambiar su comportamiento.

Como demuestra la investigación sobre la gobernanza agrícola en Nigeria, el conocimiento y el poder no siempre van de la mano. Los expertos agrícolas suelen tener poca influencia en las decisiones de gasto del Gobierno, y las personas que toman decisiones carecen de suficiente conocimiento técnico. Ese desequilibrio existe incluso en el interior del Gobierno: los responsables de las políticas locales, que tienen más información sobre la situación en el terreno, se enfrentan a limitaciones a la hora de tomar decisiones relacionadas con el gasto.

La condición final se relaciona con los incentivos: tiene que haber cierto beneficio neto para quienes actúan considerando la información que reciben. Los políticos están más inclinados a usar su poder para perseguir iniciativas con beneficios a corto plazo altamente visibles, que a invertir en proyectos que, según los datos, serían sustancialmente más beneficiosos, pero menos perceptibles o pensados a largo plazo, como por ejemplo cuando ellos ya no están en el poder.

Pero también existe prueba de que, cuando se cumplen las tres condiciones, la información efectivamente mejora los resultados para las comunidades pobres. En la India, grupos de autoayuda de mujeres facilitan el intercambio de información relevante y ofrecen un sistema de apoyo para las integrantes, empoderándolas, así, social, política y económicamente, y ayudándolas incluso a aprovechar los servicios públicos.

Un estudio determinó que las mujeres que participan en esos grupos tienen más probabilidades de obtener una tarjeta de identificación de votante, de haber votado en la última elección, de asistir a las reuniones del concejo del pueblo y de creer que el concejo del pueblo responde a sus necesidades.

Esto no significa que las tres condiciones deban, o puedan, establecerse de inmediato. Después de todo, hacerlo de manera eficiente requeriría un conocimiento avanzado de los posibles efectos de determinados tipos de información, y eso exige más datos. Por el contrario, deberíamos empezar con objetivos más modestos y a más corto plazo, como difundir información relevante.

Sin duda, solo ofrecer información no basta para garantizar que la gente entienda sus implicaciones. Pero, como demuestra una investigación de Tanzania, compartir información, digamos, sobre proyectos de desarrollo y sobre el uso de los ingresos fomenta la confianza en el Gobierno, el primer paso hacia el empoderamiento, el incentivo y, en definitiva, el impacto.

Los procesos deliberativos en los cuales los individuos examinan cuidadosamente las fuentes de información también ayudan. A más largo plazo, los Gobiernos y los especialistas en desarrollo deberían probar intervenciones más integrales, con el ojo puesto en garantizar la relevancia de la información, el poder y los incentivos.

El Gobierno tiene el poder para hacer que la información funcione para el desarrollo, o para frenarlo. Los actores no estatales, entre ellos los especialistas en desarrollo, así como los medios, los grupos de la sociedad civil y los investigadores, desempeñan un papel al divulgar información relevante en entornos donde el poder y los incentivos probablemente ya existan.

El aforismo “conocimiento es poder” conlleva una buena dosis de verdad, pero suele ser engañoso. Si la información ha de ayudar a que las poblaciones rurales prosperen, deben crearse las condiciones correctas.

Katrina Kosec: es miembro de investigación sénior del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias.

Leonard Wantchekon: es profesor de Política y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton.

© Project Syndicate 1995–2019