Escuchar“Con su designación, busco ratificar el compromiso de nuestro gobierno con la estabilidad fiscal y poner un acento especial en materia de reducción de la pobreza y eficiencia de los presupuestos. Confío plenamente en su capacidad para liderar esta institución”, declaró Carlos Alvarado en una entrevista con el Grupo Nación, el 30 de noviembre, sobre la misión encomendada al hoy exministro Rodrigo Chaves.
Alvarado dijo también que Chaves tenía la tarea de defender el cumplimiento de la reforma fiscal, construir el presupuesto nacional del 2021 de forma equilibrada y devolver la confianza a los inversionistas y a los mercados. “No vamos a dilapidar un legado tan importante como es la reforma fiscal, debemos continuarlo”, agregó.
Únicamente un ingenuo le creyó. Era retórica. Efectos modalizantes determinados por nuevos vocablos populistas para luego desgranarlos, cual mazorca, hasta quedar el olote.
Tantas palabras juntas no suponían compromiso alguno. Lo vivió en carne propia la primera ministra de Hacienda de la administración Alvarado, Rocío Aguilar.
El acuerdo con los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), firmado el 12 de agosto del 2019, mediante el cual la institución conservaría el cálculo de pluses en forma porcentual para sus empleados, no se le consultó a ella porque de antemano se sabía su oposición.
Lo rubricaron, a sus espaldas, Román Macaya, Víctor Morales, en aquel entonces ministro de la Presidencia, y Steven Núñez, ministro de Trabajo antes de renunciar por subírsele el humo a la cabeza y pedir escolta policial para llegar a Limón, lo cual costó la vida a un oficial de tránsito.
Primeros pasos. Rodrigo Chaves empezó el 26 de noviembre del 2019. Presentó al Congreso una propuesta para reducir la deuda pública y la disminución del gasto del Estado en $630 millones anuales.
Planteó la concesión o venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa). Esperaba ver resultados antes del final de la administración.
Dio que hablar al proponer levantar el secreto bancario con el objetivo, según él, de evitar la evasión fiscal, controversia innecesaria, pues Hacienda nunca ha tenido problemas para obtener autorización de un juez cuando la sospecha está debidamente justificada.
Tenía unos tres meses de haber asumido el cargo de Ministro de Hacienda cuando el mundo se paralizó debido a la covid-19.
Chaves, entonces, echó por la borda los buenos propósitos y por momentos era el correveidile de la administración y en otros, un Neville Chamberlain, quien, como ministro de Hacienda había guiado con éxito al Reino Unido durante la Gran Depresión, pero al llegar la Segunda Guerra Mundial no supo, como premier, comprender las circunstancias.
Otro rumbo. Chaves fue a la Asamblea Legislativa a pedir la aprobación de ¢1 billón sin decir para qué realmente. Lo solicitó “en nombre de la patria y de sus hijos (los de los diputados)”, y señaló la emergencia causada por el coronavirus como justificación con el objetivo de acelerar el trámite.
Pero tanto él como la ministra de Planificación, Pilar Garrido, se vieron obligados a admitir más tarde que del billón de colones, compuesto por cuantiosos préstamos —originalmente destinados a canje de deuda cara por créditos en mejores condiciones—, sería tomada una cantidad no especificada para pagar planillas.
A los legisladores no les cayó bien el ardid y el presidente de la Asamblea en ese periodo, Carlos Ricardo Benavides, aseguró que en ninguna de las muchas reuniones de los diputados con los ministros de Hacienda y Planificación se informó de “que parte de ese billón estuviera destinado a cuestiones ajenas a la emergencia”.
Chaves debió, entonces, cambiar el discurso y comprometerse a usar un monto del millón de millones de colones al pago de deuda.
Llevábamos pocos días confinados cuando el ministro volvió a quedar mal ante la opinión pública. Anunció la pretensión de gravar los salarios superiores a ¢500.000.
Pilar Garrido dijo haberse reunido en la mañana de ese jueves, 26 de marzo, con Chaves y los diputados para presentar “una medida de naturaleza temporal”, y utilizó también los efectos modalizantes de la retórica: describió el impuesto como “una solución generada desde el ser costarricense, desde el principio más básico de justicia social, de distribución de la riqueza y de solidaridad”.
Pero el presidente Alvarado echó marcha atrás y, sin avisar a sus dos jerarcas, quienes en ese momento estaban ante las cámaras dando "la buena noticia”, publicó en Twitter: “El gobierno no presentará ningún proyecto que ponga impuestos a los salarios de ¢500.000 (…)”.
Como Alvarado tiene un concepto distinto de la “justicia social, la distribución de la riqueza y de la solidaridad”, anunció su intención de convocar “algo de manera solidaria, justa y sostenible” que diera alivio a la población; era nada menos que otro gravamen a los salarios, empero a los de ¢1 millón en adelante.
Para darle el efecto democratizador, lo bautizó “impuesto solidario”. Otro intento encasquillado, pues los legisladores lo calificaron de “ocurrencia y extralimitación”. Esta vez le tocó al mandatario el plato frío.
A la mazorca todavía le quedaban granos. Uno de estos lo arrancó el presidente del Banco Central, quien, usurpando potestades del ministro de Hacienda, anunció el inminente aumento del impuesto sobre el valor agregado (IVA) para reducir las cargas sociales y financiar a la CCSS, tal vez una forma de despistar a los ciudadanos porque otras cosas preocupantes pasan en el Central.
La suerte estaba echada. Al ministro de Hacienda le dio apendicitis y, antes de entrar al quirófano, pidió a Carlos Alvarado vetar la ley que deja fuera de la regla fiscal a las municipalidades, irresponsablemente aprobada por los diputados. Un ímpetu ausente del actuar del ahora exjerarca de Hacienda con respecto al incumplimiento en muchas otras instituciones.
El presidente hizo oídos sordos a la carta de Chaves y, de acuerdo con la Contraloría, en consecuencia, el gasto administrativo de los gobiernos locales aumentará hasta en ¢90.000 millones.
Rodrigo Chaves, importado de Indonesia con el fin, según el presidente de la República, de ser el guardián de la estabilidad fiscal y de la eficiencia de los presupuestos, y abanderado contra la pobreza, nos deja más pobres que antes.
La herida por una operación de apendicitis sana pronto, la del país seguirá sangrando mientras se mantenga la retórica con la cual tratan de convencer al sector con menos criterio de la población de que van a recortar gastos en el sector público, mas, como ya anunció Elián Villegas, él primero viene a conversar, dialogar, ver cuáles son las alternativas porque la mayoría de las soluciones no están en su cabeza, ¿en la de quién entonces?
Así, llevarán al país des-pa-si-to con el único fin de sostener un Estado hipertrofiado, agigantado, elefantiásico… a punta de impuestos.
“Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados”, dijo Rodrigo Díaz de Vivar. No es el caso de nuestro Rodrigo. Ese fue otro cantar.
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Guiselly Mora es editora de Opinión de La Nación.
