John Prendergast. Hace 6 días

WASHINGTON D. C.– La covid-19 es una bomba de tiempo en África. Algunos de sus riesgos han sido ampliamente documentados: los sistemas de atención sanitaria son endebles y están sobrecargados; diez países africanos, según consta, no tienen ni siquiera un solo respirador.

Durante la pandemia existe la tentación de centrarse solo en proteger la salud pública e impulsar la recuperación económica, pero si no se continúa —e incluso intensifica— la lucha contra la corrupción, esos esfuerzos podrían quedar gravemente perjudicados.

La provisión de alimentos es inestable y ya sufrió grandes interrupciones, y más de 18 millones de personas son refugiadas o desplazadas internas, lo que las pone en situación de especial vulnerabilidad. Pero no se está teniendo en cuenta otro gran obstáculo a la respuesta eficaz a la covid-19: la corrupción generalizada.

La comunidad internacional ofreció su ayuda a África para combatir la pandemia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió los pagos de deuda de 25 países, en su mayoría africanos, durante los próximos seis meses.

El grupo del Banco Mundial está poniendo a disposición un paquete que llegaría a los $12.000 millones de ayuda inmediata para asistir a los países en vías de desarrollo con el propósito de ayudarles a superar el brote. Se asignarán miles de millones de dólares de asistencia para África.

Sin embargo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hasta un 25 % del financiamiento mundial destinado a compras se pierde por la corrupción.

Esas pérdidas predominan en muchos países africanos, donde los funcionarios gubernamentales de alto rango y sus colaboradores internacionales han usado las políticas públicas y los recursos del Estado para enriquecerse.

Los medicamentos donados para los pobres han sido robados y revendidos en busca de ganancias. Los contratos de compras gubernamentales fueron manipulados y usados indebidamente.

Las erogaciones de asistencia para el extranjero fueron redirigidas hacia cuentas privadas. A finales de marzo, un exministro de Salud de la República Democrática del Congo (RDC) fue sentenciado a cinco años de trabajo forzado por malversar más de $400.000 de los fondos de la RDC destinados a combatir el ébola.

La mayoría de los funcionarios y empresarios corruptos, sin embargo, nunca llegan a ver una celda desde dentro. Para ellos, robar el dinero destinado a las poblaciones vulnerables es lo habitual y, dadas sus poderosas conexiones, el castigo suele estar muy lejos de sus pensamientos.

Tal vez esto sea aún más cierto durante la crisis generada por la covid-19, pues las restricciones a la circulación y los cierres de oficinas han atado de manos a los organismos de supervisión anticorrupción, los activistas y la prensa.

Si no se actúa pronto, muchos países africanos pueden enfrentar tasas de mortalidad muchísimo más elevadas, no solo por el virus, sino también por un inadecuado apoyo económico y protección social.

Para evitar este resultado, debe existir una amenaza creíble de castigo para quien sea atrapado robando fondos o interrumpiendo de alguna otra manera y en beneficio propio las tareas para responder a la pandemia.

Afortunadamente, ya existen mecanismos para ejecutar ese tipo de castigos: diversas políticas financieras de eficacia comprobada por gobiernos, instituciones multilaterales y bancos en todo el mundo.

En Estados Unidos, la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos otorga a la Oficina de Fiscalización de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro autoridad para imponer sanciones a quien participe en la corrupción en el sector público.

Robar, desviar u obstruir recursos destinados al combate del nuevo coronavirus serían acciones comprendidas claramente en esta categoría.

La OFAC tiene un alcance verdaderamente global: dada la supremacía mundial del dólar estadounidense, la vasta mayoría de las transacciones financieras internacionales tienen contacto con el sistema financiero de ese país. Por eso, la OFAC puede desvincular eficazmente entidades del sistema financiero internacional.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) —oficina del Departamento del Tesoro a cargo de combatir a escala local e internacional el lavado de dinero, el financiamiento terrorista y otros delitos financieros— también desempeña un papel clave.

Las recomendaciones de la FinCEN orientan a los bancos para que informen las actividades sospechosas, que las unidades de inteligencia financiera aprovechan en investigaciones anticorrupción.

Durante la crisis de la covid-19, la FinCEN puede emitir una recomendación antilavado de dinero que advierta a los bancos en todo el mundo que deben fortalecer la debida diligencia sobre las transacciones financieras sospechosas relacionadas con las respuestas de salud pública por la emergencia.

Del mismo modo, los bancos que funcionan en África pueden ampliar de manera independiente sus marcos de evaluación de riesgos y revisión de transacciones para detectar actividades sospechosas en los flujos de financiamiento relacionados con la pandemia.

Como los bancos ya buscan delitos financieros, simplemente tendrían que ampliar el foco para incluir las actividades sospechosas que involucran a los funcionarios de alto rango, las empresas que participan en compras para la salud pública y el sector sanitario en general.

El Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera mundial, del cual la FinCEN es miembro, puede colaborar para investigar los desvíos de fondos de la salud pública por actores corruptos.

Aunque el dinero malversado habitualmente cruza fronteras, los acuerdos para compartir información del Grupo Egmont permiten superar este obstáculo, facilitando las investigaciones internacionales.

Mientras tanto, los gobiernos e instituciones financieras debieran brindar más apoyo a los grupos de la sociedad civil, las empresas responsables y los funcionarios comprometidos que dan señales de alerta y denuncian la corrupción en África. La evidencia que obtengan estos actores facilitará las acciones legales contra las redes de funcionarios y empresarios corruptos.

Estas soluciones no son solo teóricas, ya fueron usadas en Sudán del Sur y la RDC con resultados prometedores. El traficante israelí de diamantes Dan Gertler ganó millones saqueando los recursos naturales de la RDC gracias a acuerdos con funcionarios corruptos y lavó el dinero a través del sistema bancario internacional; pero, armado con expedientes de investigación de The Sentry (del cual soy fundador junto con George Clooney), informes de Global Witness y el trabajo de periodistas de investigación, EE. UU. impuso sanciones a Gertler y su red mundial.

En Sudán del Sur, las recomendaciones antilavado de dinero de los gobiernos de EE. UU. y el Reino Unido hicieron que transferir las ganancias de la corrupción a través del sistema financiero internacional resultara mucho más difícil.

De hecho, las sanciones a funcionarios clave y sus facilitadores comerciales en el país —combinadas con esas medidas antilavado de dinero— impulsaron a las partes en guerra a buscar la paz.

Durante la pandemia existe la tentación de centrarse solo en proteger la salud pública e impulsar la recuperación económica, pero si no se continúa —e incluso intensifica— la lucha contra la corrupción, esos esfuerzos podrían quedar gravemente perjudicados.

Solo si existen consecuencias creíbles para quienes perturben las respuestas a la covid-19 con hechos de corrupción, podremos garantizar que los funcionarios y las élites empresariales respondan a las urgentes necesidades de la gente, en vez de enriquecerse a costa de su miseria.

John Prendergast: fundador, con George Clooney, de The Sentry.

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